ZeC ahorraría 2,8 millones de euros con la prestación directa del servicio de Parques y Jardines

Parque Grande José Antonio Labordeta

El Ayuntamiento de Zaragoza ha asegurado que la gestión directa del servicio de Parques y Jardines supondría un ahorro para las arcas municipales de 2,8 millones de euros al año. Alberto Cubero, concejal de Servicio Públicos, señaló el pasado lunes 15 de mayo que “el ahorro de 2,8 millones de euros de la prestación directa se produce porque se elimina el beneficio empresarial del 5% y el IVA, que está en un 21%”.

Según Cubero, el objetivo del Área de Servicios Públicos es que este servicio se lleve a cabo a través de una sociedad municipal, en concreto Ecociudad, lo cual es posible ampliar su objeto, pero es necesario un acuerdo plenario porque se trata de una “obligación municipal”.

Actualmente es FCC Parques y Jardines el que desempeña dicha tarea. ZeC en el momento que caduque el contrato con la empresa, se plantea que el servicio sea externalizado o remunicipalizado. La prestación le costaría a las arcas municipales 12,9 millones si lo siguiera prestando FCC; y 10,1 si es el Consistorio el que lo asume.

La revisión de la certificación de 2014, apuntó que el Gobierno de Zaragoza, con el PSOE en el Consistorio, pagó casi 200.000 euros de más a FCC, los cuáles correspondían al dinero que se le descontó a FCC en la huelga y los paros parciales que la plantilla llevó a cabo ese mismo año. El Servicio de Parques y Jardines recalculó, usando el criterio correcto, el dinero que se le debía haber descontado eran 168.762,12 euros.

El resto del dinero, provenía de un doble pago que se le realizó a la empresa por el Belén. En aquel momento, el Ayuntamiento asumió parte de la responsabilidad: “El primero lo cometió FCC al presentar los datos de facturación; el segundo el propio Servicio de Parques y Jardines que no se dio cuenta del error”.

En cuánto los trabajadores de FCC Jardines y Parques, unos 250 a día de hoy, serían subrogados con las mismas condiciones y con la consideración de personal laboral indefinido, a pesar de que la disposición 27 en los Presupuestos Generales del Estado aún no están aprobados.

La disposición adicional 27 supone un grave obstáculo a la dirección directa de servicios. Las corporaciones locales se han visto obligadas a generar superávits totalmente desproporcionados por lo que han tenido que reducir el número de trabajadores y, de este modo, no satisfaciendo plenamente las necesidades de los ciudadanos.

55 ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Valladolid, Coruña y Terrassa han denunciado esta situación en declaraciones públicas conjuntas. Algunas de las reivindicaciones de los municipios son: la reforma de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y la Ley Reguladora de Régimen Local con el fin de asegurarse una financiación suficiente acorde con sus competencias; la modificación del plan de ajuste y las reglas de gasto impuestas por el Ministerio de Hacienda a las Administraciones Locales; y la regulación de algunos tributos, como el IBI.

La negociación con el resto de grupos parlamentarios, según ZeC, se iba a llevar a cabo durante la semana anterior y esta, aunque Alberto Cubero dejó claro que aún no había ninguna fecha concreta en la que el Ayuntamiento llevará el proyecto a pleno. Eso sí, el Área de Servicios Públicos y Personal quería llegar a un consenso antes de verano.

Laura Juan

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