Viejos principios para una nueva economía

JULIÁN ROJAS / EL PAÍS VÍDEO

Como ocurre a veces tras salir de un largo túnel en una carretera, el paisaje frente a nosotros se parece poco al que nos rodeaba antes de entrar en la oscuridad del túnel. Así, el mundo que nos rodea comienza a parecerse poco al que conocíamos antes de adentrarnos en el largo túnel de la crisis económica, hace 9 años.

La magnitud de los cambios que se nos han presentado de pronto, sin que, inmersos en el ensimismamiento de la crisis, es tal que a menudo tiene uno la sensación de que la sociedad española se parece demasiado a un enfermo que hubiera permanecido en coma y despertase 10 años después mirando al mundo con la estupefacción propia de quien no reconoce el mundo que le rodea.

Ese estupor se observa claramente en dos fenómenos económicos profundamente significativos. Uno de ellos es el conflicto cuasi permanente en torno a Uber y otras empresas similares. Ante este debate se plantean dos posiciones tan extremas como fuera de lugar. Por un lado, los apologetas de ese concepto denominado “economía colaborativa” se manifiestan contra cualquier regulación de estos sectores, escondiendo tras un concepto teóricamente progresista, el liberalismo más extremo. Por otra parte, los sectores tradicionales del transporte de viajeros y particularmente del taxi reaccionan, a veces con cierta ferocidad para exigir que, como ha sucedido en varias ciudades españolas, se prohíba directamente este tipo de negocios.

Afortunadamente, la UE, tan denostada a veces por unos y otros, ha puesto una dosis importante de sensatez con el informe del Abogado del Tribunal de Justicia Europeo. Este informe recalca lo obvio: Uber es una empresa como cualquier otra y desarrolla una actividad como el transporte de viajeros, que puede (y debe) estar sometida a licencia administrativa. Licencia que, por otro lado, parece lógica si entendemos que la Administración debe velar porque el transporte de viajeros sea seguro, fiable y se realice por personal calificado. Dejar esos elementos al arbitrio de la empresa no parece lógico.

Pero, ¿quiere decir eso que deba avalarse a largo plazo que el transporte de viajeros en las ciudades deba seguir siendo un negocio limitado a un número concreto de poseedores de una licencia? No tiene demasiado sentido, en momento en que la irrupción de otros tipos de negocio basados en el uso puntual de un vehículo durante unas horas (sharing car) a cambio de una cuota, se antoja la próxima revolución. La introducción de competencia en un sector es necesariamente beneficiosa para los usuarios y anima la innovación que puede mejorar la calidad de los servicios. Por tanto, ¿qué respuesta debe darse desde los poderes públicos? Evidentemente no la barra libre que posiblemente desearía Uber, pero tampoco la prohibición total que plantea el sector del taxi.

Otro fenómeno con parámetros similares es el de los alquileres turísticos. El surgimiento de grandes plataformas web donde se ponen en contacto propietarios e inquilinos para arrendar pisos con fines turísticos ha abierto otra vez la caja de los truenos. Nuevamente se alzan al tiempo las voces que claman libertad absoluta y las que promueven sanciones o defienden prohibiciones.

Sobre el papel parece poco sostenible que el Estado (en sentido amplio, es decir, CCAA y ayuntamientos también) pueda prohibirle a un ciudadano que alquile su vivienda con el fin que sea. Solamente, parece exigible que tribute y cumpla con las condiciones de habitabilidad que para cada caso se establezcan (como ocurre con las licencias de Uber). Una mayor oferta, redunda en beneficios para el cliente, en este caso para todos nosotros. Nada que objetar.

Sin embargo, y lo saben bien los vecinos de algunas ciudades como Barcelona o de determinados lugares costeros, la proliferación de estos alquileres está poniendo en aprietos a un mercado tan complejo como indispensable: el arrendamiento de vivienda habitual. Y es que, se produce la paradoja de que un alquiler turístico resulta más rentable que un alquiler habitual lo que está incidiendo en una subida considerable del precio del alquiler e incluso en la ausencia de viviendas en alquiler.

La administración y con ella la política debe responder a estos nuevos desafíos sin perder su sentido. Ni la política ni el estado deben adoptar posiciones de inhibición ante las nuevas realidades económicas. Deben abordarlas en varios planos: garantizar la seguridad y los derechos de los ciudadanos, aprovechar los rendimientos que generan estas nuevas formas de generar riqueza en políticas redistributivas justas y finalmente, mitigar los efectos negativos que cualquier cambio económico tiene y acompañar a quienes los sufren.

La respuesta ante los problemas del sector del taxi o ante los efectos perniciosos de los alquileres turísticos deben responder a esos parámetros. El estado no puede negar fórmulas que mejoran la calidad del servicio con más competencia y más oferta. No puede empeñarse en preservar situaciones y regulaciones que tuvieron una lógica hace 50 años pero no ahora.

Pero puede y debe captar ingresos de esas nuevas actividades y destinarlos para no dejar a nadie atrás. Políticas públicas de vivienda basadas en el alquiler o en formas diferentes como la opción de compra o los derechos de superficie deben servir para compensar el efecto “burbuja” que los arrendamientos turísticos pueden propiciar. La absorción de licencias, o el apoyo nuevas formas de negocio, puede aliviar la presión comprensible de un sector como el del taxi que teme, con razón, que el nuevo modelo de negocio les perjudique.

En definitiva, el nuevo paisaje nos plantea retos diferentes y desconocidos. Citamos estos, pero podemos hablar de la movilidad eléctrica, las energías renovables o la tan traída robotización. Nuevos desafíos que, en el fondo, deben abordarse apelando a los viejos principios. La libertad, la igualdad y la fraternidad (o la solidaridad si se prefiere) deben regir la nueva economía como rigieron la vieja hasta que alguien decidió romper ese equilibrio y acabó la cosa como acabó. Pero esa es otra historia. O la misma, en realidad.

Horacio Royo

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *