Una reforma ¿imposible?

No creo que nadie mínimamente sensato pueda dudar en serio de la necesidad de abordar la reforma de la Constitución Española de 1978. Lejos de mí cualquier tentación revisionista que ponga en cuestión el proceso de transición de la dictadura a la democracia. Pero al margen de eso, resulta obvio que la España ha cambiado tanto en estos 40 años que el traje constitucional, por bueno que fuera (que lo era) se nos ha quedado pequeño en algunas cosas, nos hace bolsas en otras y se nos ha desgatado en algunas costuras.

Del modelo territorial se suele hablar a menudo, pero no es el único aspecto que precisaría una reforma profunda. Posiblemente ni siquiera sería el que más lo necesitara, más allá del asunto catalán. La ley electoral, el proceso de investidura, la administración local o el Poder Judicial necesitarían una revisión constitucional para adaptarse a los tiempos y corregir disfunciones evidentes.

Pero, ¿es posible la reforma constitucional? Esta semana, sin que quepa, creo, llegar a tanto, ha sido noticia que el PP, en el arranque de la Comisión de revisión del modelo territorial del Congreso, “enfríaba la expectativa de una reforma constitucional”. Insisto en que las palabras del portavoz del PP en la comisión, seguramente no daban para tanto pero nos sitúan ante el escenario real de este proceso.

Ese escenario se caracteriza, en primer lugar porque ya no existen dos grandes partidos que abarcan el 80% del espectro parlamentario, dejando el resto a nacionalistas y fuerzas minoritarias de la izquierda. En el proceso de aprobación de la Constitución básicamente el escenario fue ese: dos grandes fuerzas de centroderecha y centroizquierda (UCD y PSOE), los nacionalistas y fuerzas menores a la derecha y la izquierda (AP y PCE). Nada que ver con lo actual.

El Congreso de hoy es una cámara fragmentada en la que las tres fuerzas políticas (más la parte del Grupo Mixto) que, al menos participan en la comisión que ha de abordar el proceso de reforma apenas representan el 70% del voto, mientras que las fuerzas que se han quedado fuera, además del volumen de voto que representan tienen un peso cualitativo tan importante que podrían forzar un referéndum (Podemos) o son los propios nacionalistas cuyo peso en los territorios donde hoy se focaliza el problema es fundamental.

En estas circunstancias, no parece fácil alcanzar un consenso lo suficientemente fuerte como para lograr que una eventual reforma constitucional fuese realmente eficaz y sólida.

La historia constitucional española está plagada de ejemplos de textos constitucionales, algunos realmente vanguardistas y avanzados y otros netamente reaccionarios que se sostuvieron exclusivamente en mayorías coyunturales (políticas o militares). Ninguno de ellos perduró y ni tan siquiera llegaron a aplicarse o lo hicieron por tiempos mínimos.

La Constitución de 1978 está próxima a ser la más longeva de nuestra historia. Sólo la constitución de 1876 duró más tiempo (8 años más aun). Su secreto fue el consenso que presidió la Transición. Un consenso que, en contra de lo que se intenta plantear fue fruto, no del miedo, sino de la convicción de que España no podía volver a enfrentarse y de que los españoles debían reconciliarse y convivir unidos en su diversidad. Un consenso que no fue más allá de la superación de obstáculos para ese objetivo, fuesen económicos o políticos, pero que fue compatible con la dureza en la confrontación política y la capacidad de cada actor de acentuar su perfil y competir electoralmente.

Poco tiene que ver el escenario actual. Un escenario en el que demasiados actores acuden con su programa de máximos por bandera. El nacionalismo, claramente posicionado en el independentismo no acepta (al menos por ahora) otro marco que no sea la autodeterminación y en todo caso, coquetea a futuro con fórmulas confederales difícilmente asumibles. Podemos, que es un actor nuevo, no imprescindible pero fundamental, se sitúa al lado de los independentistas en el derecho de autodeterminación y plantea también extender la reforma a otros asuntos básicos como la monarquía.

Incluso Ciudadanos, que participa de la Comisión, al hijo de los jugosos rendimientos que su tradicional y fundacional enfrentamiento al nacionalismo catalán le están apuntando en las encuestas, parecer llevar al debate su agenda de recentralización de algunas competencias.

Queda pues, el viejo bipartidismo. El mismo que ha hecho frente con razonable éxito a la declaración de independencia. Y dentro de ese bipartidismo sólo el PSOE parece defender con cierto grado de convicción una reforma posible. Una reforma que no puede suponer una quiebra de aquello que conforma el consenso básico del 78 (unidad, derechos fundamentales, forma de estado, descentralización) y que debe ceñirse, en el marco territorial, a una revisión federalizante del modelo autonómico, blindando competencias y dotando al sistema de mecanismos de cooperación y lealtad federal. El PP por su parte, ha llegado a este punto arrastrando los pies como resultado de un acuerdo general con el PSOE y mucho me temo que aprovechará el mínimo resquicio para desmarcarse.

¿Puede en estas circunstancias imaginarse una reforma constitucional?. Me parece sumamente complicado. La única esperanza la sitúo en que, quien sabe, muchos parámetros puedan cambiar después del 21 D

Horacio Royo

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