Un auto discutible

Declaración de miembros del Govern destituidos en la Audiencia Nacional JUAN MANUEL PRATS

Lo ocurrido el jueves día 2 en la Audiencia Nacional con la decisión de la juez Lamela de encarcelar preventivamente a los miembros del Gobierno de Cataluña que comparecieron ante el juzgado (el resto permanecen fugados en Bélgica), merece una reflexión lo más calmada posible y, a ser posible fundada en argumentos jurídicos y no en afirmaciones viscerales que de un lado y otro abundan estos días. Ni rasgarse las vestiduras por la supuesta existencia de presos políticos ni aplaudir con las orejas una decisión discutible y desde luego nada beneficiosa para el clima general.

Lo primero que debe decirse es que quien afirme que el encarcelamiento de Junqueras y el resto de consejeros los convierte en presos políticos, o bien falta a la verdad o bien no tiene ni idea de lo que habla. Soy más benévolo con los segundos. Los miembros del Govern cesados están acusados de delitos que nada tienen que ver con ejercicio de la actividad política y han sido imputados y encarcelados en el marco de un procedimiento judicial con garantías. La decisión de la juez Lamela, de la que hablaré luego, es recurrible y es incluso probable que en pocas fechas, el Supremo reclame para sí la causa de los consellers para unirla a la de los miembros de la mesa.

Salvo que alguien esté dispuesto a justificar que la malversación de caudales públicos es un derecho inherente a la acción política, cosa que no dudo que alguno estaría encantado de reclamar, resulta ridículo hablar de presos políticos.

En segundo lugar, hay algunos hechos ciertos que no son incompatibles en modo alguno con la presunción de inocencia. Tanto el Govern de Cataluña como el Parlament llevan, al menos desde el 6 y 7 de septiembre fuera de la legalidad e incurriendo en actos destinados explícitamente a impedir el cumplimiento de la legalidad y concretamente de diferentes sentencias y resoluciones del TC y del propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Actos sobre cuya ilegalidad todos ellos fueron claramente advertidos por los servicios jurídicos de las propias instituciones en las que actuaban y actuaban. Son esos actos, por tanto y ninguna decisión política, los que provocan que los miembros del Govern estén ante un juez con todo lo que eso implica.

En tercer lugar, es evidente que la decisión tiene efectos políticos adversos. Nadie en su sano juicio debería alegrarse o celebrar la decisión de la juez Lamela. Al contrario. Pero quienes critican la decisión basándose en sus efectos políticos y más aún quienes reclaman al Gobierno de Rajoy que pare el proceso penal abierto, incurren en una contradicción infumable. No se puede criticar a los jueces por presumirles intencionalidades políticas y a continuación exigir al Gobierno que actúe para bloquear o modificar las decisiones de la juez. La empanada mental que asola a dirigentes como Ada Colau o Pablo Iglesias supera lo imaginable cada día.

Los jueces en España son independientes. Ferozmente independientes, llegó a decir en su día el embajador americano de Bush cuando la Audiencia Nacional investigaba a militares americanos por la muerte de José Couso en Bagdag. Pero la independencia no es garantía por sí sola de buen derecho. Los jueces, como los abogados, los periodistas o los barrenderos tienen ideología. Algunos jueces, los buenos, tienen la honestidad y el rigor técnico como para que su ideología no contamine sus decisiones judiciales hasta desvirtuarlas o hacerlas frágiles ante un debate jurídico. Otros no son tan prudentes y se dejan llevar. A todo ello se expone cualquiera cuando comparece ante un juez o un tribuna. Por eso el sistema judicial dispone de tantas garantías, recursos e instancias. Las decisiones de la juez Lamela son recurribles y no será ella quien finalmente juzgue a los miembros del Govern. Nadie dependen en un procedimiento penal de la voluntad de un único juez. Ni siquiera de un único tribunal. Eso es lo que convierte a España en un estado derecho y lo que descarta de plano la condición de presos políticos.

Finalmente, el auto de la juez Lamela es un mal auto. Lo es jurídicamente porque es lo peor que puede ser un auto de esta naturaleza y más en un asunto con estas implicaciones: frívolo. En las 19 páginas del auto la jueza apenas pone encima de la mesa elementos probatorios de rigor. Tan sólo el documento incautado el día 20 en la consejería de Hacienda, sostiene la idea de una acción estratégica organizada para reventar el sistema legal. Todo ello puede justificar la sedición, pero en el papel que otorga el artículo 545 para quienes la sostienen o la inducen, no para quienes se alzan tumultuariamente (544). La pretensión de aplicar el tipo de rebelión, clave incluso para sostener la competencia de la Audiencia Nacional, produce sonrojo y puede hacer caer todo el procedimiento si el Supremo no lo remedia reclamando para sí toda causa.

En resumen, ayer fue un mal día. Concurrían hechos suficientes para decretar la prisión y también argumentos para no haberla aplicado y asegurar al máximo el rigor del procedimiento. Lamentablemente no hay siempre buenos jueces y Lamela ayer demostró no serlo o, al menos, tener un día poco afortunado.

Pero no nos equivoquemos. Quienes ayer entraron en prisión lo hicieron con garantías y como consecuencia de actos deliberados que tienen clara apariencia de delito (la malversación habría sido suficiente para aplicar la prisión y no es ni discutible que existen indicios racionales de ella). Por tanto, quienes hablan de juicio político, de presos políticos o de falta de democracia mienten. Que lo hagan los independentistas, en la medida que contribuye a su proyecto, es grave pero comprensible. Que lo haga Podemos demuestra que siguen cómodos en el papel de tontos útiles del independentismo. Que se lo hagan mirar.

Horacio Royo

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