Sin acuerdo por las inmatriculaciones de la Iglesia

El Ayuntamiento de la capital aragonesa planteaba pedir la nulidad de la inmatriculación de la Catedral de San Salvador de Zaragoza, más conocida como La Seo y de las iglesias de La Magdalena, Santiago el Mayor y San Juan de los Panetes en un acto de conciliación al que estaban convocados el Arzobispado de Zaragoza y las parroquias y que tuvo lugar el pasado miércoles a las 9:15 en el juzgado de Primera Instancia. El objeto de la conciliación, según el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, es “reconocer como bienes del ayuntamiento estos inmuebles ya que la Iglesia carece de un título de propiedades”.

El Ayuntamiento de Zaragoza quiere que La Seo deje de ser titularidad de la Iglesia y pase a ser pública.

Sin embargo, no hubo acuerdo. El Arzobispado de Zaragoza, representado por su abogado Ernesto Gómez Azqueta, no aceptó la conciliación planteada por el Ayuntamiento basándose en seis argumentos: “El primero es que los bienes a los que se alude están registrados. Ese proceso se realizó previa calificación del registrador. Es decir, no se actuó a ciegas, sino que se recabaron todos los datos necesarios para realizarlo conforme a la legalidad correspondiente”.

Asimismo, el abogado comunicó que en la petición del consistorio “no se identifica la titularidad pública que se invoca”, ya que “no se habla del Estado, ni del Gobierno de Aragón” y tampoco se justifica la legitimación para incoar este proceso. Al respecto, el responsable de Comunicación del Arzobispado de Zaragoza, José Antonio Calvo, ha aclarado que en la petición del ayuntamiento “no aparece en ningún momento ningún sustrato legal, ninguna jurisprudencia, ningún punto de los Códigos de Derecho vigentes”.

Para la archidiócesis de Zaragoza, hay una “falta de rigor legal” y, además, “la solicitud carece de fundamento probatorio y se presenta sin fundamento jurídico”. También añaden que “a la solicitud no se le acompaña del informe previo del secretario municipal, necesario para la defensa de los bienes del ayuntamiento”. Según Calvo, todas estas razones son “más que suficientes para no haber aceptado la conciliación y para, tal y como figura en el acta, no haya habido acuerdo y se ha dado por terminado sin avenencia”.

Respecto a la iglesia de San Juan de los Panetes, José Antonio Calvo aclaró que, aunque fue inmatriculada por la Archidiócesis, posteriormente se comprobó que la propiedad corresponde al Ministerio de Defensa porque es un templo que perteneció a las órdenes militares y se está en conversaciones con este órgano ministerial para transmitirle la propiedad.

Previamente, el Arzobispado presentó el martes un recurso de reposición sobre el decreto por el que se convocaba a la conciliación, ya que había una supuesta incorrección acerca del objeto de dicha conciliación: “Se hablaba de reconocer como bienes del ayuntamiento los inmuebles referidos y de revertirlos a él. Esto ni siquiera es lo que el ayuntamiento solicitaba”. Una vez corregido este punto se rechazó la propuesta de conciliación.

De este modo, el Arzobispado ha rechazado cualquier tipo de negociación y ha acusado, al mismo tiempo, al gobierno de Zaragoza en Común de perseguir una finalidad “ideológica y propagandística, teniendo como fin erosionar la imagen de la Iglesia católica y, en concreto, de la archidiócesis de Zaragoza”.

El siguiente paso

La próxima acción a realizar sería que el Ayuntamiento incoase un proceso judicial, aunque en el acto de conciliación, el concejal de Cultura, Fernando Rivarés, no ha aclarado si el Ayuntamiento incoará o no el proceso judicial. “El siguiente paso es esperar la respuesta oficial a la petición formal que hizo el Consistorio por parte de la DGA o el Gobierno de Aragón”, apuntó.

Además, Rivarés insistió en que Zaragoza en Común “ha hecho bien”, ya que “el juez ha reconocido la capacidad jurídica y política del Ayuntamiento” para llevar a cabo esta decisión. “Hemos parado el plazo de inmatriculación, hemos abierto el debate y hemos dejado el camino limpio al Gobierno de España y a la DGA para que puedan hacer uso de su legitimidad y hacer que estos templos pasen a ser de titularidad pública”, añadió.

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, a la derecha, y su concejal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés. / Público

Ley hipotecaria del Gobierno de Aznar

Se trata de una disputa por la titularidad de las iglesias entre el actual Ayuntamiento de Zaragoza y el Arzobispado que, anteriormente, con los gobiernos municipales del PP y del PSOE, se había evitado. Este proceso ha supuesto acciones administrativas y judiciales por parte de Zaragoza en Común para que se declare la nulidad de las inmatriculaciones llevadas a cabo por la iglesia católica a finales de los años 80. Según el Ayuntamiento de Zaragoza, su objetivo es que La Seo o La Magdalena no sean de titularidad de la Iglesia, sino pública, puesto que ambos inmuebles se registraron de forma ilegal y contraviniendo la propia legislación hipotecaria.

Lo cierto es que estos edificios fueron inmatriculados en base a la Ley hipotecaria franquista de 1946 (aunque el comienzo de esta práctica se remonta a 1863) que otorgaba a la Iglesia la potestad de inscribir bienes inmuebles, una autoridad de la que carece desde la última reforma de la ley en 2015, pero que fue permitida por la reforma de la Ley hipotecaria del Gobierno de José María Aznar en 1998, pese a ser una práctica que entraba en conflicto con los artículos 14 y 16 de la vigente carta magna.

Noelia Muñoz

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