Más tensiones entre Aragón y Cataluña

El Gobierno de Aragón ha decidido recurrir el decreto catalán que aprueba el Plan de Gestión de la cuenca fluvial de Cataluña

Aragón y Cataluña son comunidades vecinas, y, como en todo vecindario, los roces son frecuentes. Si hace unos meses eran los bienes de Sijena los que enfrentaban a ambos territorios, esta vez el agua es el desencadenante. Concretamente, el Decreto 1/2017 que aprobó la Generalitat de Cataluña el pasado 3 de enero y por el cual se dio visto bueno al Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña para el periodo 2016-2021 y al Programa de Medidas que lo acompaña. El Gobierno de Aragón, reunido en Consejo el pasado 14 de marzo, decidió recurrir este decreto. La razón: la “extralimitación competencial” de la Generalitat, según afirmó el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, Vicente Guillén.

Los argumentos de Aragón

El Ejecutivo aragonés considera que la Generalitat de Cataluña ha extralimitado sus competencias “al incluir en el Plan masas de agua (ríos, embalses, acuíferos…) de otras demarcaciones hidrográficas intercomunitarias o compartidas, algunas comprendidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón”. Así lo aseguró Guillén en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno del martes 14 de marzo.

(RUEDA DE PRENSA DEL CONSEJO DE GOBIERNO 14/03/2017)

Asimismo, el consejero portavoz indicó que Cataluña adopta con este Plan de Gestión una serie de medidas, tales como la previsión de caudales ambientales, que afectan a masas de agua incluidas en otras demarcaciones hidrográficas. Cataluña tiene competencia para actuar y legislar sobre los ríos pertenecientes a las cuencas hidrográficas internas de Cataluña, es decir, aquellos que nacen en Cataluña y desembocan o en otros ríos catalanes o en el mar Mediterráneo. Sin embargo, no tiene competencia sobre el Ebro o sus afluentes. En estos ríos, es la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) la encargada de elaborar los planes de actuación.

El Plan de Gestión catalán

El documento de la discordia pretende recoger la planificación hidrológica de las cuencas internas de Cataluña para el periodo 2016-2020. Estas cuencas abarcan un territorio de más de 16.000 km2, algo más de la mitad de la superficie que ocupa la comunidad catalana. El Plan define el ámbito de actuación  como el territorio comprendido por las cuencas y subcuencas de los ríos Muga, Fluvià, Ter, Daró, Tordera, Besòs, Llobregat, Foix, Gaià, Francolí y Ruidecanyes, las cuencas de todas las ramblas costeras entre la frontera con Francia y el desagüe del río Sénia, así como las aguas costeras y subterráneas asociadas.

Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña

Según este documento, la Generalitat no estaría excediendo sus competencias ya que solo actuaría en sus cuencas internas y no en aquellas intercomunitarias. Sin embargo, incluye ciertos términos que podrían ser interpretados como extralimitaciones, al incluir referencias al Ebro o sus afluentes. El Plan incluye dentro del Sistema Sur (uno de los cuatro sistemas de gestión en los que la Agencia Catalana del Agua divide las cuencas internas), las ramblas meridionales del sur del Delta del Ebro, pese a que en el mismo se reconoce que estrictamente estas ramblas tendrían que “considerarse parte del sistema Bajo Ebro desde el punto de vista más global”. Asimismo, en este Sistema Sur se hallan dos pequeños trasvases desde el Ebro, cuya gestión debería compartirse entre la Agencia Catalana del Agua (ACA) y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). Sin embargo, el consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, no aclaró en rueda de prensa qué puntos del Plan son objeto del recurso interpuesto.

Este Plan de Gestión de las cuencas  catalanas prevé una inversión superior a los 973 millones de euros, de los cuales 503 millones se cargarán en la cuenta de la Agencia Catalana del Agua. Este organismo, dependiente del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña, es el encargado de ejecutar la política del Ejecutivo catalán en materia de aguas.

La Generalitat presume en su web de que, con este Plan, conseguirá mejorar de forma “considerable” el estado de las masas de agua catalanas. Esperan pasar de un 36% de las aguas en buen estado ecológico a un 45% en 2021.

El Programa de Medidas, también aprobado el pasado 3 de enero, recoge, además de la gestión a desarrollar por la ACA, las futuras obras hidráulicas y estructurales, así como las inversiones en infraestructuras, mantenimiento y reposición. Todo ello acompañado de un plan económico-financiero y de un estudio ambiental estratégico.

No es la primera vez

En 2016, el Ejecutivo de Lambán ya recurrió el Plan catalán de gestión del agua ante el Tribunal Supremo por motivos también relacionados con la extralimitación competencial de la Generalitat. En esta ocasión, el documento incluía tres acuíferos de competencia compartida con la Demarcación Hidrográfica del Ebro. El Alto Tribunal sentenció la nulidad de este plan.

Anteriormente, en 2011, el PAR instaba al Gobierno de Aragón a recurrir el Decreto por el cual se aprobaba en el Consejo de Ministros el Plan de Gestión de la cuenca fluvial catalana que la Generalitat había presentado en 2009. Este plan estaría en vigor hasta 2015. De nuevo, Cataluña se excedía en sus competencias sobre el agua. Incluía en el documento líneas de actuación que afectaban a cuencas cuya gestión debía compartirse con la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Y no solo desde la política se ha recurrido este Plan (2016-2021). La Plataforma Agua es Vida (AEV), formada por asociaciones de vecinos, sindicatos, y grupos ecologistas, entre otros, también presentaron alegaciones al documento. AEV denuncia que el Plan hace caso omiso a los problemas ecológicos que puede causar el trasvase Ter-Llobregat. De esta forma, estaría desobedeciendo la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea, que obliga a los Estados miembros a velar por el buen mantenimiento ecológico de las aguas. Asimismo, critican la “falta de transparencia y del buen gobierno” del documento. El Gobierno de Aragón ha llevado el Plan al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y, Agua es Vida, a la Oficina Antifraude. Porque, aunque el agua sea incolora, no creen que su gestión sea transparente.

Sergio Marin Lafuente

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *