Reacción y acción

Ielektro

El último espectáculo ofrecido por Puigdemont y Junqueras acerca de quién se encarga de ejecutar el plan del referendo del 1 de octubre, deja claro que ambos saben a ciencia cierta que sus planes están abocados al fracaso y que, hagan lo que hagan, si continúan, se enfrentarán, antes o después, a graves responsabilidades políticas y jurídicas.

Sin embargo, a pesar de lo obvio, a pesar de que cualquier espectador objetivo puede ver con claridad cómo los responsables políticos de la Generalitat se dirigen a toda velocidad contra un muro de hormigón armado, no hay margen para ellos para dar marcha atrás. Son tanto los compromisos, los discursos hipermotivados y las emociones convertidas en vector fundamental de la política, que cualquiera que ahora mismo decidiera poner siquiera una mínima duda sobre la mesa, sería sencillamente despedazado.

En estas estamos hoy mismo, día 14 de julio, cuando después de dejar claro a los ojos de cualquiera que el independentismo catalán juega de farol y que nadie aspira a comerse solito el marrón, lejos de bajar la apuesta, Puigdemont y Junqueras la han subido dos más, incorporando a más independentistas acérrimos en un Gobierno que difícilmente puede ser representativo de la mayoría de la sociedad.

En estas condiciones, es legítimo preguntarse ¿y ahora qué?. ¿Cómo responder ante esta loca carrera a ninguna parte?. Coincido con Javier Fernández, presidente de Asturias, en que la salida del conflicto catalán sólo podrá venir a través de la moderación, la razón y la duda, plasmados en un acuerdo que implique renuncias a uno y otro lado. Pero lo que tenemos enfrente no es un conflicto sencillo. Es un conflicto que plantea desafíos a corto, medio y largo plazo.

A corto, la cuestión es sencilla. El Gobierno de la Generalitat pretende aprobar una serie de decisiones y normas abiertamente inconstitucionales. Desde el referéndum mismo a todas las normas y leyes que pretenden sustentar el mismo y la posterior independencia.

Esto nos sitúa ante un escenario de reacción. Debemos reaccionar ante la vulneración de la legalidad por parte de un poder público como es la Generalitat. Pero debemos ser conscientes de que esa reacción debe ser medida y ajustada o de lo contrario los efectos pueden ser peores aún que la inacción. Se trata de ganar esta batalla a largo plazo y no a corto.

El Estado dispone de medios suficientes para responder a esta situación y debe ponerlos en marcha con inteligencia y proporcionalidad. De entrada, recurriendo ante el Tribunal Constitucional las decisiones que contravengan el orden constitucional y exigiendo ante los tribunales ordinarios su ejecución y las responsabilidades personales a quienes desobedezcan las resoluciones judiciales.

Es lo que se hizo ante el 9N y es fácil imaginar que como entonces, no sea razonable impedir que la jornada de “votación” se lleve a cabo, aun a costa de responsabilidades penales para sus precursores. La idea de impedir por la fuerza la votación debería ser desechada de plano.

La novedad no está por tanto en el 1-O sino en lo que pueda ocurrir el 2-O. A diferencia de lo ocurrido hace dos años, parece difícil que el grumo se diluya nuevamente en otra convocatoria electoral pretendidamente plebiscitaria que nos conduzca de nuevo un bucle interminable como el dos últimos años. Los responsables políticos catalanes deberán o asumir su fracaso o tratar de continuar en la huida hacia adelante en la que viven instalados.

Para reforzar esa posibilidad, ha resultado muy útil la surrealista y vergonzante posición de Ada Colau y Podem, aceptando participar del 1-O pero haciendo como que el 1-O no es, o no se concibe como lo que es. Eso nos puede llevar a un nivel de participación claramente superior al 9N, y tal vez, suficiente como para que, incapaces de abortar la maniobra de despegue, los líderes políticos de Cataluña opten por ir hasta el final.

Ahí el escenario sería otro y seguramente pasaría por la aplicación del artículo 155 como vía para que el estado central asumiese la gestión, si no de todas, si de algunas competencias autonómicas. No soy capaz de entender los motivos que llevan a algunos a frivolizar blandiendo un artículo que no deja de ser un artículo de última ratio, pero casi soy menos capaz de entender la cerrazón de otros para no asumir que, tal vez, esa última ratio llegue y deba emplearse. Y que sería legítimo absolutamente emplearla.

Pero que nadie se equivoque. Resolver este conflicto no es algo que se pueda hacer simplemente mediante la reacción. Hará falta acción. Tal vez no ahora, pero sí dentro de poco. En estos momentos y hasta tanto no se dilucide el alcance del desafío, no hay otra cosa que plantear que la reacción y creo que cualquier propuesta que se ponga encima de la mesa ahora mismo, está condenada al fracaso. Sin embargo, una vez parado el desafío, con las consecuencias que sean, será el tiempo de poner encima de la mesa propuestas de futuro. Propuestas que, además, si la aritmética lo permitiese deberían ir acompañadas de posibles fórmulas de gobierno que alejasen a los responsables de haber llevado las cosas a este extremo, del gobierno siquiera por un tiempo. Baste ver lo sucedido en Euskadi tras el Plan Ibarretxe.

Sólo con un equilibrio entre la acción y la reacción por parte de los constitucionalistas españoles y catalanes se podrá poner fin a este despropósito.

Horacio Royo

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