Rajoy busca “amigos” para los presupuestos, con el fantasma de las elecciones bajo el brazo

Poca gente dio credibilidad a las palabras que Mariano Rajoy enunció en un acto del PP, durante las pasadas navidades. El presidente del Gobierno aseguró que se encontraba preparando las próximas elecciones. Todos, incluso él achacaron esas palabras a un pequeño lapsus, que en ningún caso podía interpretarse como un anuncio de que en España se fueran a celebrar elecciones generales en 2017.

Sin embargo, los acontecimientos sucedidos esta semana han levantado ciertos fantasmas sobre un posible adelanto electoral.  El Gobierno ha sufrido dos derrotas parlamentarias. La primera en llegar ha sido quizás la más significativa, por tratarse de la primera vez desde 1979 que el Gobierno no obtiene la convalidación de un Real decreto ley. Tras aprobar con urgencia la reforma del sector de la estiba, el Gobierno de Rajoy ha visto frenada su iniciativa, en una votación en la que tan solo contó con el apoyo del PNV. Ni siquiera Ciudadanos, con quien su relación se ha crispado como consecuencia del caso de Pedro Antonio Sánchez, apoyó el decreto ley del Gobierno. La formación naranja optó por abstenerse, en una votación en la que el PSOE votó en contra del mismo.

El ejecutivo justificó la necesidad de afrontar esta reforma como consecuencia de la sentencia que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó en diciembre de 2014. En ella, se ordenaba la liberalización del sector. Cabe recordar, que en España las empresas no pueden contratar libremente a sus trabajadores, sino que deben participar obligatoriamente en las conocidas como SAGEPS, a través de las que se gestiona la contratación de trabajadores en los puertos del Estado.

A pesar de ampararse en los gastos que supone el incumplimiento de esta sentencia (estimados en 134.000€ por día), las manifestaciones y amenazas de paros por parte de los trabajadores han provocado que tanto Ciudadanos como el PSOE hayan dejado solo al PP en esta ocasión. Tanto los liberales como los socialdemócratas han argumentado que la reforma debe contar con el consenso de las tres partes implicadas (administración, sindicatos y empresas). Una situación, que con la aprobación del Real – Decreto Ley no se hubiera dado, puesto que tan solo los empresarios manifestaron su apoyo a esta medida.

La no convalidación del decreto desató las críticas por parte de los populares. Uno de los más explícitos fue el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, que lamentó la falta de responsabilidad de las fuerzas políticas de la oposición.

El Congreso da luz verde a derogar la ley mordaza

Lejos de quedarse en un caso aislado, el Gobierno ha vuelto a comprobar esta semana su situación de minoría parlamentaria en la cámara baja. El Parlamento aprobó el pasado martes la proposición de ley presentada por el PSOE, en la que se insta a derogar la denominada “ley mordaza”. El objetivo, según explicó el portavoz socialista, Antonio Hernando, es suprimir los puntos que el Partido Socialista recurrió ante el Tribunal Constitucional. Entre ellos se encuentra la eliminación de las devoluciones en caliente o la supresión de las multas por manifestarse ante el Congreso y el Senado.

La proposición del PSOE salió adelante con 177 votos a favor (los de PSOE, Unidos Podemos, ERC, Coalición Canaria y el Grupo Mixto), 131 en contra (correspondientes al grupo popular) y 33 abstenciones, que corresponden a los diputados de Ciudadanos.

La formación encabezada por Albert Rivera no votó a favor de la proposición de los socialistas. Sin embargo, sí lo hizo con la proposición que presentó el PNV. La formación nacionalista también ha presentado su particular derogación de esta ley. Sin embargo, ellos se han decantado por  promover la reforma de 44 puntos de la misma, sin llegar a derogar todo el contenido de la misma.

La iniciativa fue aprobada con 211 votos favorables (los 177 nombrados antes más Ciudadanos). En esta ocasión, toda la Cámara se puso de acuerdo para votar en contra del criterio del Gobierno del PP, poniendo de manifiesto la soledad del bloque popular. Una tónica que también se cumplió con la aprobación de la comisión de investigación sobre la financiación del PP en el Congreso, en exclusiva.

Llegan los cantos de sirena, con los presupuestos asomando

Tras unos meses de relativa calma, las últimas derrotas parlamentarias sufridas por el ejecutivo han hecho reavivar la llama de un posible adelanto electoral. Bajo esta premisa se pueden interpretar las declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en los últimos días. Tras perder la votación del decreto ley de la estiba, el presidente recordó que “la gente nos pidió pactar y dialogar para gobernar. Los pactos obligan a todos, a los que son gobierno y a quienes son oposición porque lo han querido”.

Algunos sectores populares han levantado nuevamente la polvareda de las elecciones con el objetivo de amedrentar al resto de formaciones políticas, especialmente a Ciudadanos y al PSOE, que todavía debe celebrar tanto el Congreso como las primarias a la secretaría general. El momento escogido no es producto del azar, puesto que el ejecutivo conservador se enfrenta al momento más importante en lo que lleva de legislatura; el de tramitar los presupuestos de 2017.

Para llevar a cabo la tarea, el Gobierno del PP parece haber reclutado ya al PNV. Esta conclusión parece (al menos) que puede extraerse tras conocerse el apoyo de los populares a las cuentas que el gobierno de la formación nacionalista, presidido por Íñigo Urkullu, ha presentado en Euskadi. Del mismo modo, Ciudadanos, principal apoyo del Gobierno hasta el momento, se muestra proclive a facilitar la aprobación de las cuentas nacionales. En esta línea se ha expresado Albert Rivera, quien sin embargo, ha recordado que el apoyo de su partido “no es un cheque en blanco”. El líder de la formación naranja hacía referencia a los acuerdos firmados en el pacto de investidura, y que en las últimas semanas se han puesto en entre dicho por parte de los populares, en lo que a materia de corrupción se refiere.

Quien parece más reticente a dar su apoyo al ejecutivo es el PSOE. En plena pugna por el liderato del partido, el apoyo de los socialistas a los presupuestos podría suponer un freno en las aspiraciones de Susana Díaz, quien lanzará su candidatura a la secretaría general este domingo. La gestora que preside el partido quiere evitar el desgaste que supondría para la líder andaluza el hecho de que el grupo parlamentario socialista apoyase al PP para sacar adelante sus cuentas. Sin embargo, desde el PSOE podrían acabar prestando a los conservadores el apoyo del diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, para sacar adelante su proyecto. Esta posibilidad ya fue estudiada hace unos meses, durante el proceso de investidura de Rajoy. El líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, puso el foco en este posible pacto “encubierto” entre socialistas y populares, tras asegurar que ambas formaciones tenían “atada y bien atada” la aprobación de las cuentas nacionales.

Tras recordar que el Gobierno ha vetado 23 medidas del Congreso amparándose en un artículo de la Constitución que permite al ejecutivo vetar aquellas proposiciones parlamentarias que influyan en las partidas presupuestarias, Iglesias recriminó a Rajoy que esta situación “se la bufa”, ya que tiene asegurado el apoyo a sus presupuestos. Sin embargo, el líder del ejecutivo mantiene que todavía tiene que “hacer amigos” para poder aprobar los presupuestos de este año. En todo caso, todo el mundo parece coincidir en que la aprobación o no de las cuentas será el termómetro definitivo para saber hasta qué punto cuenta el Gobierno con respaldo suficiente para continuar la legislatura, o si por el contrario, el presidente Rajoy acaba decantándose por las sirenas que anuncian un adelanto electoral.

Pablo Estabén

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