Puigdemont quiere debatir el referéndum en el Congreso

El presidente Catalán solo lo hará si no hay una votación posterior

El Gobierno catalán ya ha comenzado las preparaciones para el referéndum del 1 de octubre, y lo hace sin preveer, al menos públicamente, los impedimentos que el Gobierno Central va a imponer de un momento a otro. Puigdemont está dispuesto a presentarse en el Congreso para debatir el proyecto de referendum. En una carta enviada esta semana a la presidenta de la cámara, Ana Pastor, el presidente catalán le mostraba su interés en mantener un debate sobre la cuestión en el Congreso de los Diputados ante el resto de partidos nacionales. La solicitud, eso sí, venía con condiciones: la no realización de una votación tras el debate. La carta expresa la voluntad de Puigdemont de explicar las razones de la realización de un referéndum multilateral y el por qué de la solicitud de dialogar sobre el referéndum.

La Moncloa no tardó en responder y justificó que a pesar de que la propuesta será estudiada, Puigdemont no puede impedir que el congreso muetsre su opinión sobre el asunto a través de una votación parlamentaria.  pastor tiene previsto solicitar a los letrados del Congreso un informe para conocer las  maneras en las que el presidente podría compadecer. El reglamento exige que las cuestiones procedentes de parlamentos autonómicos tengan una votación final. El precedimiento que Puigdemont exige, sin votación, solo sería posible en una Comisión Constitucional extraordinaria, con un instro y los portavoces de la cámara.

Por otro lado, Puigdemont ya ha encargado a cuatro la fabricación de material electoral. Las previsiones realizadas por el gobierno catalán calculan que para el día del referendum serán necesarios 4.500 agentes electorales y 76.500 ciudadanos en las mesas electorales. Para garantizar la existencia del personal necesario, Puigdemont abrirá una “bolsa” para la preinscripción de agentes electorales y otros voluntarios que luego serán seleccionados por la Generalitat. Los agentes controlarán las incidencias de la jornada electoral y el recuento de votos. Y es que Puigdemont y los suyos quieren transmitir tranquiidad y orden para asegurar que los resultados del referendum tengan la máxima credibilidad posible y no ocurra como en el 9N. De hecho, el gobierno ha asegurado que el procedimiento será similar al de unas elecciones autonómicas.

El presidente francés, Emmanuel Macron, da la bienvenida al jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, antes de su reunión en el palacio del Elíseo en París. (Efe)

Macron habla de unidad

Mientras Puigdemont prepara su atrevido referendum, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, visitó esta semana al recién elegido presidente francés, Emmanuel Macron. En un la comparecencia antee la prensa tras un almuerzo privado en el Palacio del Eliseo, Macron mostró su apoyo a Rajoy a favor de la unidad española ante la soberanía catalana. No obstante el tema también surgió en el almuerzo, según fuentes de Moncloa, y se abordó con “naturalidad y firmeza”.

“En el tema de Cataluña seré simple, sencillo y directo, es un tema interno de España y no tengo ningún comentario que hacer al respecto”, dijo el presidente francés en primer lugar. “Conozco un socio y amigo que es España en su conjunto, toda entera, y tengo un amigo e interlocutor que es Rajoy, que está aquí a mi lado y el resto no me concierne”, añadió más tarde.

Viejas glorias socialistas

“España es una nación de naciones y Cataluña es una nación”, decía Pedro Sánchez en abril durante el proceso de primarias socialistas. Ahora, ya como líder socialista, no parece tener a todos sus compañeros de partido en las mismas. Alfonso Guerra, que apoyó a Susana Díaz en las primarias, ha pedido la aplicación inminente del artículo 155 de la Constitución española en Cataluña. Para el que fuera vicepresidente del Gobierno “el único franquismo que queda en España lo representan los dirigentes nacionalistas”.

Según este artículo, “si una Comunidad Autónoma no cumple las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actua de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”.

Miguel Nadal Barón

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