Panorama de un futuro amenazador o crónicas de una violencia legitimada, a propósito de la Ley de Seguridad Interior mexicana.

El Diario NY

El último mes del 2017, previo a las vacaciones navideñas, fue intenso y agotador; tanto para actores políticos, como medios de comunicación y, por supuesto, ciudadanos interesados en dar seguimiento puntual a las informaciones, debates y acuerdos llevadas a cabo en torno a dos asuntos de interés público en México: El primero, la Reforma al Código Civil Federal respecto al daño moral hacia servidores públicos en publicaciones físicas o digitales, considerada como un elemento que abona a la censura en un país que lucha día a día y hasta con la vida por la libertad de expresión y, la segunda, la iniciativa de Ley sobre Seguridad Interior, ambos temas relevantes para un país “democrático”, sobre todo en vísperas de las elecciones de 2018, que se avizoran preocupantes por el ángulo que se les vea.

En el caso particular de la Iniciativa de Ley sobre Seguridad Interior fue recibida con suma preocupación por distintos actores políticos y miembros destacados de la sociedad civil, así como por Organizaciones NO gubernamentales en pro de los Derechos Humanos tanto nacionales como internacionales (ONU, Amnistía Internacional, Colectivo Seguridad sin Guerra, Reporteros sin Fronteras, Artículo 19, Causa en Común entre otros), debido a los riesgos que la misma presenta en contextos sociopolíticos y culturales de extrema violencia para un país oficialmente sin guerra con una tasa de homicidios dolosos a la alza que de 2014 a 2016 aumentó 497 en números absolutos con una tasa de 67 por cada 100,00 habitantes según análisis de los datos ofrecidos por Base de delitos México.

Amenaza Latente

Las bajas de nuestra guerra perdida (2006-2017) son alarmantes como lo demuestran los números actuales con 52 mil elementos desplegados, 213,000 muertos, más de 30 mil desaparecidos; ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas bajo intervención militar con total impunidad contra la población civil. Acteal (1997), San Salvador Atenco (2006), Ayotzinapa (2014), Tlatlaya (2014), son botones de muestra que evidencian la severa crisis humanitaria que se padece en México, aunado a las cifras que reporta el año que acabamos de despedir, pues de acuerdo a datos publicados en diversos medios: Sin Embargo, Animal Político, Le monde entre otros diarios internacionales el 2017 se coronó como el más violento de los últimos 20 años en México y el inicio de 2018 no marca un camino distinto.

De acuerdo con cifras oficiales publicadas el pasado 22 de Diciembre hasta Noviembre se contabilizaron 23,101 homicidios y tan solo en Octubre los números registrados oscilaron entre 2,380 y 2,764 la explicación dada por distintos expertos en Seguridad Nacional y medios de comunicación a este repunte cada día más agudo de la violencia obedece a la fragmentación de los grupos criminales producida por el arresto de líderes, que ha resultado en intensas luchas por el control del territorio y la necesidad de poder; en tanto, analistas y periodistas sugieren un problema más grave de fondo: la corrupción, la impunidad y la compenetración del crimen organizado con los poderes públicos, es decir, el narcogobierno.

En este orden de ideas, legitimar constitucionalmente la militarización del país, transferir poder y validar la presencia de las Fuerzas Armadas en el espacio público, a fin de brindar “seguridad”, regular y controlar la violencia -ahora desbordada-, supone riesgos excesivos, como un repunte mayor de la misma y violaciones a los derechos humanos que ponen en peligro la per se incipiente democracia en México de cara a las elecciones, en particular, por la velocidad para aprobar una Ley de esta envergadura que puede ser utilizada contra quienes osen manifestar inconformidad con los resultados electorales y, por la ambigüedad de los términos de intervención, delegando en las Fuerzas Armadas responsabilidades que competen a otras autoridades como los policías municipales, estatales, federales y los ministerios públicos , lo que podrían dar pie a arbitrariedades y abusos de poder que ya forman parte de la historia sangrienta de este país y de lo que Alejandro Madrazo Investigador del CIDE denomina “política de exterminio”, pues la intervención militar demuestra altos índices de letalidad y ahora con la Ley aprobada por el Legislativo y el Ejecutivo tendrán impunidad garantizada, situación que preocupa a la Comunidad Internacional, a Parlamentos como el británico y el alemán y a diversos medios nacionales e internacionales de comunicación.

Es inevitable para quienes hemos leído “Rebelión en la granja” de Orwell no asociar esa historia con nuestra realidad y para muchos ciudadanos de a pie resulta evidente las formas de control que el Estado mexicano está adoptando para asegurar (al precio que sea), la permanencia del partido político que representa (PRI) en el poder; sin escuchar, ni dialogar y sólo simulando interés y preocupación por una seguridad que desde hace 11 años dejamos de tener y empeoró con el gobierno en turno. Para distintos actores políticos resulta obvia la intencionalidad anticipada de estas Leyes y Reformas con fines de amenaza, represión e imposición tras un altamente probable fraude electoral en Julio de 2018.

Leyes y reformas que marcaron un convulso cierre de año en la difícil relación sociedad civil, gobierno y medios de comunicación, en donde los ciudadanos mexicanos fuimos constantemente invisibilizados y excluidos del debate público que implica la democracia -a pesar de pedir en voz alta la palabra-, donde se presentaron situaciones de vigilancia estatal hacia periodistas y activistas amenazando por distintos frentes nuestra libertad de expresión y derecho a la información (con 12 periodistas asesinados al cerrar el año) y dando cuenta de la utilización de recursos públicos por parte del Estado (360 mil millones de pesos de 2012 a 2017) según un reportaje de The New York Times para publicidad oficial a diversos medios de comunicación nacional con el objetivo de mantener el control discursivo de las líneas editoriales, censurar y manipular información valiosa para la toma de decisiones electorales, conductas que vulneran la actividad periodística y erosionan la democracia.

Araceli Fabián. Mexico. 

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