Novedades sobre el transporte público en Zaragoza

Ayuntamiento de Zaragoza

La pasada semana han tenido lugar algunos hechos que han sido clave para dos de los medios de transporte público más concurridos por la población zaragozana: El tranvía y el servicio Bizi de la capital.

El tranvía de Zaragoza, muy poco rentable por su elevado déficit de explotación, les costará ahora a todos los aragoneses otros 8,7 millones de euros. Es la cantidad que el Gobierno regional ha decidido pagarle al Ayuntamiento de la capital aragonesa, para saldar los compromisos adquiridos cuando se construyó esta línea que cruza Zaragoza de norte a sur.

Finalmente, y tras un delicado proceso, la cantidad establecida ha sido de 8.715.000 euros, que es la que ahora abonará el Gobierno autónomo y que se añade a los 24,77 millones de euros que ya abonó la Administración en el pasado como pago de subvenciones a las que se comprometió en el año 2009 para subsanar y financiar parte de la obra del tranvía.

Actualmente, el tranvía de Zaragoza tiene una longitud de 12,8 kilómetros y presenta enormes deficiencias. Arroja unas pérdidas medias de prácticamente 12.000 euros al día, a pesar de los aproximadamente casi 14 millones de euros de subvenciones de funcionamiento que recibe cada año.

Antecedentes

Cuando se impulsó la obra, con Juan Alberto Belloch al frente de la alcaldía de Zaragoza, el Gobierno aragonés estaba presidido por el también socialista Marcelino Iglesias. Éste aceptó subvencionar directamente la construcción del tranvía con decenas de millones de euros. Así quedó recogido en un convenio firmado en el año 2009, pero el dinero a pagar se endosó a los gobiernos que llegaran después.

En estos momentos, el que está al frente de la presidencia aragonesa y al que, por tanto, le toca pagar dicho convenio, es al Ejecutivo regional PSOE-Chunta presidido por el socialista Javier Lambán. Un proceso que se ha visto precedido por un tira y afloja entre el Gobierno aragonés y el Ayuntamiento, que pretendía cobrar más millones.

El presente y el futuro del tranvía

Desde la llegada de Zaragoza en Común (ZeC), las obras del tranvía han tenido demasiados altibajos. Según la auditoría encargada por el ayuntamiento, el consistorio pagó 28 millones de euros de más por la obra del Urbos 3 ya que se incluyeron gastos que no se podían abonar con dinero público.

Según el documento, la aportación del ayuntamiento y del Gobierno de Aragón se debió quedar en 99,6 millones de euros, y no en los 128,7 que se fijaron. La aportación de dinero público debió calcularse en base a la cantidad de 310,5 millones de euros, y no sobre los 400 en los que se presupuestó la obra de la línea 1.

Al margen de auditorías, muchas han sido las reclamaciones del consistorio a la DGA para que abone la cantidad que el consejero de Hacienda demandó hace tanto solo dos años de forma reiterativa. El Gobierno de ZeC utiliza el mismo documento del propio Gimeno.

Durante años se ha estado pensado en construir una línea más del tranvía y extender la que funciona actualmente para abarcar más sectores de la capital aragonesa. Finalmente, los enormes costes y el gran déficit que arroja la línea que ya funciona, ha llevado al Ayuntamiento a descartar todo tipo de iniciativas para la mejora de este transporte público.

Servicio Bizi

Finalmente, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) ha decidido suspender de forma definitiva la ampliación del Servicio Bizi en la capital aragonesa. Dicha suspensión, motivada por la interposición de un recurso por parte del concejal del Partido Popular, Jorge Azcón, afecta directamente a la instalación de 120 nuevas estaciones y 1.200 bicicletas más en los diferentes barrios zaragozanos.

Ahora, el equipo de Gobierno de ZEC tiene un plazo de dos meses para interponer un recurso contencioso-administrativo ante los tribunales.

El Tribunal de Cuentas declara en su pronunciamiento la “nulidad de pleno derecho” de la modificación del contrato de instalación, gestión y mantenimiento del servicio Bizi de la capital aragonesa al entender que supone una “adjudicación directa ilegal” y por conceder “de forma directa una ventaja a la empresa contratista”.

Por ello, asegura que el contrato “indebidamente perfeccionado” con la empresa Clear Channel. que acordó el gobierno de Zaragoza para llevar a cabo la ampliación. debe entrar en fase de liquidación, “debiendo restituirse a las partes de forma recíproca las cosas que hubieran recibida en virtud del mismo”.

Con esta decisión, tampoco entrará en vigor la ampliación del horario, vinculada a la extensión del servicio, para que el servicio estuviera disponible de las 5.00 a las 2.00 del día siguiente. Esta decisión obligará a rescindir un contrato que ya se había empezado a ejecutar. La concejala de Movilidad, Teresa Artigas, aseguró hace unos días que no se ha calculado el impacto económico que tendrá este pronunciamiento en el contrato que queda ahora anulado.

De esta forma el TACPA, y basándose en diferentes sentencias dictadas hasta la fecha, explica que la modificación que pretende el Consistorio zaragozano “supone una alteración esencial del objeto inicial y, además, se altera el sistema de retribución inicialmente pactado, introduciendo una compensación económica que no existía”, lo que hace que la configuración del contrato, y en especial, de los riesgos, hace por si misma inviable la pretensión de modificación del mismo.

Hay que recordar que el domingo pasado, decenas de ciclistas participaron en una protesta para exigir que se instalen las 120 estaciones previstas para los tres próximos años. El portavoz del colectivo Pedalea, Arturo Sancho, pidió al portavoz del PP, Jorge Azcón, que retirara el recurso que este miércoles acaba de ser admitido y respaldado por el Tribunal de Contratos.

Sara González

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