No es país para jóvenes

    Concentración de jovenes contra la precariedad | Paul Hanna (Reuters)Concentración de jóvenes contra la precariedad | Paul Hanna (Reuters)

Este año se cumple una década desde que, durante un fatídico 2008, se desatase la mayor crisis económica en Occidente desde la Gran Depresión de los años 30, que en España tuvo consecuencias devastadoras al coincidir con el estallido de la burbuja inmobiliaria. El PIB cayó entre 2008 y 2014 más de 7 puntos y no alcanzó los niveles previos a la crisis hasta 2017, se destruyeron 3 millones de empleos y se alcanzó la cota histórica del 26% de desempleo, con más de 6 millones de parados ya con el Gobierno del PP.

A pesar de la recuperación económica iniciada en torno a 2014-15 gracias, fundamentalmente al relajamiento de las exigencias de austeridad por parte de la UE y sobre todo al cambio de la política económica del BCE, las secuelas de la crisis aun están presentes en forma de desigualdad o empleo precario y sobre todo son visibles, en términos económicos y políticos entre los jóvenes.

Una crisis cuyos efectos se extienden durante 10 años consecutivos es una crisis que corta por la mitad las expectativas de cualquier joven. Si tomamos como referencia a un joven que, al comienzo de la crisis, en 2008, hubiese comenzado sus estudios universitarios o de FP, ha vivido su inicio en el mundo laboral en un país que llegó a registrar tasas de paro juvenil del 56% y aun hoy registra tasas superiores al 35% y que padece la precariedad y los bajos salarios en niveles infinitamente más crudos que el resto de la sociedad. Valgan unos datos: la tasa de temporalidad de los menores de 30 años ronda el 57% frente al 27% del conjunto de la población ocupada y la brecha salarial se sitúa en el 50%, es decir, cobran la mitad que el conjunto de los trabajadores.

En esta situación no deja de ser llamativo cómo el foco de la actualidad se fija de forma tan recurrente en un sector de la población como el de los jubilados, cuya reivindicación de mantener el poder adquisitivo de las pensiones es más que justa, pero que palidece ante el abismal empobrecimiento de las generaciones más jóvenes ilustrado en que, mientras la pensión media se sitúa en los 926 euros, el salario medio de los menores de 25 apenas alcanza los 785 euros. Eso para los afortunados que no engrosan el 35% de paro de este estrato social

Este escenario es poco sostenible en el tiempo a no ser que queramos consolidar una brecha generacional de desigualdad insalvable, y lo que es peor, condenemos a una generación nacida en Democracia a un proceso paulatino de desafección hacia una sociedad que no les brinda un espacio de oportunidades adecuado.

Las respuestas no son simples y deben abarcar muchos ámbitos de la acción política. Quizá los más trascendentes afecten al mercado laboral mediante una reforma de la normativa laboral que permita romper la cadena de precariedad a la que ahora se les condena y, tal vez, rompiera la dualidad entre contratos muy protegidos y otros completamente expuestos. Pero además de una respuesta laboral debemos ser conscientes de que las secuelas de la crisis no sólo afectan a la cuestión laboral sino a otros ámbitos igualmente críticos para los jóvenes. Por ejemplo la vivienda. En materia de vivienda el papel de los ayuntamientos es clave y por eso no puede ser más decepcionante el balance de un ayuntamiento como el de Zaragoza en el que precisamente su actual gobierno alcanzó la alcaldía blandiendo, no sólo bandas, sino la llamada “emergencia habitacional”. Lamentablemente, con esto como con tantas otras cosas, la gestión de ZeC han sido simplemente palabras muy poco o nada acompañadas de hechos. Veamos:

El programa político de ZeC ciertamente partía de un déficit original, como era limitarse a plantear una oferta de vivienda pública de alquiler social, concibiendo la vivienda como una política exclusivamente asistencial, esto es, sólo para aquellas personas en situación de extrema necesidad. Por el camino, rentas medias, medias bajas y sobre todo jóvenes quedaban fuera de cualquier política pública. Pero ni eso se acerca a ser cumplido. De las 3.000 viviendas públicas de alquiler social prometidas en el programa electoral de ZeC tan sólo pueden considerarse nuevas, las escasas 300 viviendas captadas por el programa “Alegra tu vivienda” cuando apenas resta un año de mandato.

Fuera de eso la nada más absoluta. En estos casi tres años de gobierno de ZeC el panorama de las políticas de vivienda pública no puede ser más desolador. A lo largo de 2017 en Zaragoza apenas se concedió liciencia para un total de 66 viviendas protegidas mientras que la promoción pública por parte del Ayuntamiento permanece inédita en lo que va de mandato. Ni una sola vivienda pública ha sido promovida en 3 años.

Mientras, proyectos como el defendido en el mandato anterior por el Grupo Socialista para poner suelo municipal al servicio de un plan de vivienda joven que, mediante la fórmula de la cesión del derecho de superficie permitiese construir 2.500 viviendas a precios que rondarían los 250 euros, permanecen en el cajón del olvido víctimas de la torpeza y los prejuicios de ZeC.

No cabe duda que el futuro de las pensiones tendrá un peso importante en el devenir político de los próximos 12 meses, pero en paralelo, quien sea capaz de ofertar una ciudad, una comunidad autónoma y un país para los jóvenes; quien sea capaz de conectar con esos jóvenes interconectados pero olvidados a menudo en los discursos políticos, tendrá mucho camino avanzado.

Horacio Royo

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *