Nación o federalismo

Sergi Alcàzar

Puede que me equivoque (cosa nada extraña) pero confieso que siempre me ha costado entender que un ciudadano, sea de donde sea, se pueda levantar una mañana, ir al baño, mirarse al espejo y preguntarse seriamente si como ciudadano de un determinado territorio forma parte de una nación, un estado o un coro de feligreses.

Fuera de bromas, creo que cuando hablamos del reconocimiento o no de un territorio como nación (sea el que sea) o cuando abrimos debates sobre si España es un estado plurinacional o una nación de naciones o una única e indivisible nación, en realidad estamos planteando ejemplo clásico de debate entre élites políticas, bastante alejado de las preocupaciones de cualquier ciudadano.

Al menos siempre y cuando quienes nos plantean estos debates nos estén diciendo la verdad siempre y en cualquier circunstancia. Dicho de otro modo, el debate sobre la plurinacionalidad del estado, si en efecto, se trata simplemente de reconocer una serie de rasgos comunes, culturales e históricos, sin que de ese reconocimiento derive ningún tipo de consecuencia política, definitivamente es un debate políticamente artificioso y en cualquier caso, más propio del ámbito académico, que del ámbito político.

Y es que el término nación presenta dos acepciones claras. Por una parte, una acepción política que se identifica con la existencia de un espacio de soberanía que en la mayoría de los casos se corresponde con un estado y en otros casos, como consecuencia de procesos de colonización o invasión, no dispone de un estado porque se le niega la capacidad de ejercitar su soberanía. De ahí el derecho de autodeterminación reconocido por NNUU básicamente para los territorios coloniales.

Por otra parte, existe una acepción del término que simplemente se corresponde con aquel conjunto de personas que comparten un origen y una cultura común y, a menudo pero no siempre, una lengua. Es lo que se da en llamar nación cultural. Sobre el papel, un reconocimiento de esta figura carecería de consecuencias políticas. Al menos en principio. Sin embargo, este reconocimiento no es sencillo, ni mucho menos tan inocuo como se pretende.

En primer lugar, porque en la práctica tendría escasa relevancia. Como he dicho, aun a riesgo de equivocarme, dudo mucho que una gran mayoría de catalanes, por ejemplo, fuesen a modificar su posición respecto a la independencia porque la Constitución o el Estatuto les reconociese expresamente como nación. Pero en segundo lugar porque es dudoso que para los partidos políticos ese reconocimiento fuese inocuo. ¿Acaso los nacionalistas más acérrimos no entenderían de inmediato que ese reconocimiento debería llevar implícito sí o sí el de la soberanía para constituirse en un estado independiente? ¿Acaso los nacionalistas más moderados o los catalanistas, no recelarían de que ese reconocimiento se extendiese más allá de Cataluña, Euskadi y como mucho, Galicia? ¿Con qué razón podríamos negarle la condición de nación a Aragón, Asturias, Andalucía o Valencia? ¿Acaso solamente la lingüística? En ese caso, ¿no serían naciones México, Colombia o Argentina?

Que nada es inocuo en derecho y en política es algo que podemos comprobar por la propia experiencia vivida. Durante el proceso constituyente del 78, la diferenciación entre nacionalidades y regiones que formula el artículo 2 de la Constitución pretendía reconocer la plurinacionalidad de España. Pero no era una simple declaración. La figura de la nacionalidad histórica, frente a las regiones se conectaba con las dos vías de acceso a la autonomía y con techos competenciales diferenciados. En origen, Cataluña, Euskadi y Galicia contaron con un techo competencial más alto, hasta que Andalucía en 1981 reclamó y ganó en las urnas el mismo tratamiento abriendo la vía al café para todos denostado por el nacionalismo catalán incluso por el catalanismo moderado.

Por eso, no es aventurado pensar que no es simplemente un reconocimiento del hecho de que culturalmente Cataluña (o Euskadi) es una nación, lo que se pretende por ciertos sectores, sino que lo que se busca es un tratamiento diferenciado, ya sea en términos competenciales o, seguramente más, en términos de financiación.Eso sin contar que se parte de una descripción nada inocente según la cual, naciones serían los diferentes territorios mientras que España sería un Estado. Es decir, una especie de suma de naciones sin identidad propia. No soy nacionalista y por tanto mi ego patrio no sufre por nada, pero esa visión es, históricamente, un disparate.

Creo que el modelo de descentralización política en España ha sido una de las mejores decisiones históricas que adoptó la Constitución de 1978. El progreso de España y sobre todo de los territorios históricamente menos favorecidos, no se entiende sin Europa y sin el Estado de las autonomías. Pero creo también que es necesario cerrar el modelo a través de un mecanismo de ordenación genuinamente federal que ordene y blinde las competencias, que determine los principios compartidos de la financiación y que cree mecanismos de coordinación.

Esos cambios son los verdaderamente trascendentes. La identidad nacional de los territorios está perfectamente protegida o reconocida. Nadie sensatamente puede sostener que Cataluña o Euskadi no disponen de una protección real y adecuada de sus elementos identitarios. En estas circunstancias, enredarnos en debates semánticos no solo es una perdida de tiempo sino que es un riesgo frívolo que no deberíamos permitirnos.

Por Horacio Royo

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