Manuel Moix dimite como fiscal anticorrupción por tener una sociedad en Panamá

El País

Manuel Moix, el Fiscal jefe Anticorrupción, ha terminado presentando su dimisión este jueves por “motivos personales”. Esto ha ocurrido después de que saliera a la luz que Moix posee desde 2012 en el 25% de una sociedad offshore en Panamá, bajo lo que se encuentra camuflada la propiedad de un chalé en Collado-Villalba, que tanto él como sus tres hermanos recibieron como herencia de sus padres. Moix ha asegurado: “Dimito para proteger a mi familia, que no tiene por qué estar sometida a la presión de los medios de comunicación”.

José Manuel Maza, el fiscal general del Estado, ha decidido echar un capote a su compañero y defender que “no ha existido en su comportamiento ningún tipo de irregularidad ni ilegalidad”. Tampoco considera que la participación en una empresa en Panamá le haga incurrir a Moix en una incompatibilidad. “La Fiscalía es una institución autónoma”, ha alegado Maza, quien opina que esta no se ha visto de ninguna forma afectada por las actuaciones de Moix

“No había motivos, ni existen, para el cese”, ha añadido Maza, que no ha admitido preguntas, pero ha aprovechado la oportunidad para lanzar algunas acusaciones en contra de los medios de comunicación: “el argumento para la dimisión de un posible daño a la imagen pública debería ceder ante algo más importante, que es el fondo de la institución, la autonomía”. Para Maza la fiscalía debe ser independiente “no solo del Gobierno, sino también de todos los poderes del Estado y otras instituciones. Solo se debe al imperio de la ley y no debe ser influida por nada más”, ha concluido en alusión a los medios de comunicación.

Moix ha decidido rendirse y abandonar su puesto en la fiscalía Anticorrupcion después de ver como en los últimos días ha ido perdiendo el apoyo de su partido, como son los Casos del fiscal general Maza y del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que tendrán que comparecer en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre este caso que tratan de sacar en claro las verdaderas circunstancias del dimitido

También ha sido clave en su renuncia que todas las asociaciones de la carrera fiscal, incluida la conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales, que le apoyó en su nombramiento, hubieran reclamado su salida del cargo.

La dimisión de Moix, que se encontraba en una situación extremadamente delicada, con la oposición y las principales asociaciones de la carrera fiscal exigiendo su cese, culmina una trayectoria Anticorrupción que ha estado marcada por la polémica.

Su nombramiento, el pasado 22 de febrero, fue ampliamente discutido por dos motivos principales. El primero, de carácter técnico, por el hecho de no haber pertenecido a la plantilla de Anticorrupción, una fiscalía especializada con cierto espíritu de cuerpo. La segunda razón es política: Moix, anterior fiscal superior de Madrid, fue considerado desde el inicio un ariete del Gobierno para controlar una fiscalía que investiga causas que afectan al PP, como los casos Gürtel, Púnica y, en los últimos meses, la Operación Lezo.

Precisamente este último caso, cuyo acusado principal el Ignacio González y del que se ha hablado ampliamente en los últimos meses, y cuyo inicio coincidió con su nombramiento, ha sido el que lo ha lo ha puesto en el punto de mira.

En las grabaciones que el juez de la Audiencia Nacional encargado del caso, Eloy Velasco, se escuchaba a Ignacio González hablando con el exministro Eduardo Zaplana. En esta conversación González celebra el futuro nombramiento de Moix al frente de Anticorrupción. “Sería cojonudo, es un tío bueno y serio”, se escucha afirmar al expresidente madrileño.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, fue alertado por las asociaciones fiscales de la existencia de esta grabación, pero aun así siguió adelante con el propósito que traía marcado de colocar a Moix al frente de Anticorrupción.

Desde que Moix llegó a la fiscalía, su cargo ha estado marcado por la controversia. En apenas 87 días se ha visto envuelto en algunos casos turbulentos.

La víspera de que la Guardia Civil desplegara la operación Lezo Moix ordenó a los fiscales del caso, Carlos Yáñez y Carmen García Cerdá, que no solicitaran al juez el registro de una de las sociedades que se encontraba vinculada a delitos supuestamente cometidos en el entorno del Canal de Isabel II en el año 2001, época en la que Alberto Ruiz-Gallardón presidía la Comunidad de Madrid. Los fiscales recurrieron a una medida prevista en su estatuto orgánico, pero absolutamente excepcional: forzar una junta de fiscales anticorrupción, que por mayoría aplastante se opuso a la orden de Moix. Este dio marcha atrás, pero a cambio impuso a los fiscales que no acusaran a la trama de un delito de organización criminal, y en los días siguientes se empeñó, sin conseguirlo, en sacar al fiscal Yáñez de su fiscalía.

El segundo conflicto lo ha tenido cuando ha tratado de retirar a los fiscales José Grinda y José Bermejo de la investigación del caso del 3%, que se sigue en un juzgado de Tarragona. Esta medida fue recurrida por los afectados y llevada al Consejo Fiscal, y paralizada por el general Maza

La bronca en Anticorrupción se agravó el 10 de mayo después de que Moix desautorizara a los fiscales del caso Lezo, que en uno de sus escritos al juez Velasco, apuntaron al secretario de Estado de Seguridad y número dos de Interior, José Antonio Nieto, de estar detrás del chivatazo que alertó a Ignacio González de que estaba siendo investigado por diversos delitos de corrupción, lo que llevó a este a adoptar medidas extremas de seguridad y al juez Velasco a ordenar que se colocara un micrófono en su despacho.

Carla Muñoz

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