Los magistrados del Tribunal Constitucional, divididos por la LOMCE

Edificio del Tribunal Constitucional, en Madrid // El País
Edificio del Tribunal Constitucional, en Madrid // El País

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), también denominada Ley Wert, ha vuelto a la polémica esta semana. El pasado lunes conocíamos que el Tribunal Constitucional iba a dar por buenos los artículos de dicha ley que recurrieron los más de 100 diputados que el PSOE tenía en el Congreso en el año 2014. Entre los artículos recurridos, destacan varios, como el que facilitaba la financiación pública a colegios que segreguen por sexo; el de la limitación que otorgaba la LOMCE al poder de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos en los colegios (AMPA); o el que otorgaba especial relevancia a la asignatura de religión en la nota final media.

Leticia Cardenal, presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA), que integra a más de 11.000 asociaciones, fue entrevistada el pasado lunes en el programa de la Cadena Ser ‘Hoy Por Hoy’, dónde lamentaba esta decisión del Tribunal Constitucional: “es un varapalo más para la escuela pública”. Cardenal afirma también que esta decisión favorece al Partido Popular y a su intento de beneficiar la escuela privada y concertada. Sobre la pérdida de relevancia de las Asociaciones de Madres y Padres argumenta que “si ahora mismo somos minoría en los Consejos Escolares, con la LOMCE lo seremos mucho más. La participación de las familias se va a ver supeditada a una presencia mínima”, sentencia.

Progresistas vs. Conservadores

El Tribunal Constitucional está formado actualmente por doce magistrados. De entre todos ellos, cuatro magistrados progresistas votarán en contra de la propuesta que avala la LOMCE y se opondrán a la aprobación de todos los artículos que fueron recurridos por el PSOE. No obstante, la mayoría restante de ocho magistrados, de corte conservadora, votarán a favor de la medida, por lo que ésta saldrá adelante en los próximos días.

Tras las numerosas manifestaciones que se han llevado a cabo durante los últimos años en contra de la nueva ley educativa, el gobierno de Mariano Rajoy no parece querer presentar un nuevo proyecto consensuado con las fuerzas restantes del Congreso (PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos). El Ejecutivo se escuda en deliberaciones como la del Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del Gobierno, que avala la LOMCE y no la considera una ley inconstitucional que invade competencias autonómicas. Pese a ello, en la actualidad casi ninguna comunidad autónoma aplica la polémica ley educativa. Tan sólo Galicia, Castilla y León, La Rioja y Murcia son las comunidades que la han implementado, aunque con matices. Las controvertidas “reválidas”, pruebas de obligada superación para poder cambiar de ciclo académico, se aplican pero sin ser vinculantes.

Ángel Herrezuelo Die (@AngelHD29)

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