Los DDHH en Polonia, en peligro

Andrzej Duda | Wikimedia Commons
Andrzej Duda | Wikimedia Commons

El gobierno polaco, comandado por Andrzej Duda, del partido ultranconservador Ley y Justicia (PiS), ha iniciado los trámites para poner en marcha esta medionoche la polémica reforma de la justicia que obliga a los jueces a jubilarse forzosamente a los 65 años, cuando antes podían continuar hasta los 70.

Un movimiento que ha sido duramente criticado por el poder judicial del país y que ha encendido las alarmas en la Unión Europea, que ya expedientó al ejecutivo por cuestionar la separación de poderes, y también en la ONU.

La intervención legislativa tiene como objetivo el Tribunal Supremo polaco, garante del sistema judicial, que verá como en los próximos días se reduce su composición en 27 de los 72 magistrados, ampliándose posteriormente a 120 jueces, dos tercios de ellos nombrados en exclusiva por el partido en el poder. Los togados obligados a irse, tendrán la posibilidad de pedir un permiso al gobierno que, en base a criterios poco transparentes, podrá decidir finalmente el futuro de cada uno de ellos.

La presidenta del alto tribunal, Malgorzata Gersdorf, totalmente opuesta a la deriva gubernamental, y condenada al cese, ha anunciado que seguirá en su puesto pese a las presiones, convertida ya en un auténtico símbolo de las protestas contra el gobierno.

Las concentraciones, integradas por cientos de miles de ciudadanos hastiados con las decisiones de Duda, son cada vez más numerosas, atrayendo a representantes del poder judicial e incluso a personalidades tan relevantes como el Nobel de la Paz y expresidente Lech Walesa.

La situación es cada vez más preocupante, pues la medida se suma a otras similares que afectaron a los medios de comunicación, el Tribunal Constitucional o la Fiscalía General del Estado, poniendo en tela de juicio su independencia y su función democrática en la sociedad.

EL ROTATIVO

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