Las tramas de corrupción siguen salpicando al Partido Popular

PúblicoNovedades en el caso cuyo principal implicado es Ignacio González, encarcelado desde el 21 de abril. Algunas grabaciones que se están investigando revelan que el expresidente de Madrid tenía serias pretensiones de salir del país para trabajar y, según la investigación, blanquear dinero que había atesorado durante su vida política. Lo demuestra una grabación entre Ignacio González y el que fue el número dos de su Gobierno, Salvador Victoria, donde Victoria se lamenta de no poder salir de España al estar implicado en la trama Púnica, y que desearía salir fuera, a lo que Gonzalez le respondió que “no es tan fácil irse a trabajar al extranjero” que ha estado preguntando a personas y empresas que conoce” y que les ha dicho: “Si hay algo por ahí fuera de interés, yo estoy dispuesto…”. “Las empresas que hay en España no quieren saber nada de nosotros”, apuntaba Victoria.

González no plantea este dilema únicamente en esta grabación. En una llamada a Diego Lozano, exjefe de gabinete del Gobierno que presidió durante tres años, comenta que “Hay que montarse algo fuera”. También habla de ello con un amigo de Colombia, a quien le dice: “Estoy esperando que pase el momento: Si hay algo interesante para irse a Colombia o a eso… míralo. No me importa nada dedicarme a una cosa de esas un tiempo. Conozco a mucha gente que se ha quedado en México, Colombia, Panamá…”.

Precisamente en Colombia se extiende esta operación que en España está manchando de sobremanera al Partido Popular.  Allí se conoce como Operación Acordeón. En paralelo, la Procuraduría colombiana busca determinar por qué el ente local fue reduciendo su participación en esa compañía, que llegó a hacerse con el 60% de las acciones. Esta circunstancia ha llevado a las fiscalías de ambos países a unirse para esclarecer este complejo entramado de corrupción.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, se ha reunido este martes en Madrid con su homólogo colombiano, Néstor Humberto Martínez, para compartir información.  Ambos fiscales han terminado firmando un memorando de entendimiento que tiene como objetivo regular la cooperación judicial entre ambos países.

La lista de imputados en la Operación Lezo se ha ampliado en 52 nuevos investigados, entre los que se encuentra el empresario Juan Miguel Villar Mir antiguo presidente de la constructora OHL, y Lourdes Cavero, esposa Ignacio González. También se imputa al exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez, investigado en el caso Púnica.

La causa se encuentra dividida en seis piezas separadas para agilizar la investigación. La causa principal tiene que ver con la expansión en Sudamérica del Canal de Isabel II y las adquisiciones de Inassa y Emissao con dinero público.

La segunda, con el campo de golf de los terrenos del Canal en el distrito madrileño de Chamberí. La tercera pieza se refiere a las irregularidades en la adjudicación del tren de Navalcarnero.

La cuarta pieza se centrará en la supuesta financiación ilegal del PP a través de la trama Lezo. La quinta se dedicará a los “hechos referentes al blanqueo de capitales” y la sexta y última a las irregularidades en la contratación vinculados a Mercasa, la sociedad pública de los mercados mayoristas de toda España.

Por su parte, Eloy Velasco, instructor de la Operación Lezo y el caso Púnica  dejará en junio su actual puesto para trasladarse a la nueva Sala de Apelación de este órgano, como él mismo solicitó

Para sustituir el puesto que deja libre Velasco al frente del Juzgado de Instrucción 6, la Comisión Permanente también ha acordado este miércoles anunciar la convocatoria de un concurso de traslado para magistrados en el que se ofertan 27 plazas judiciales, entre ellas la correspondiente a la del juzgado de Velasco. Esta plaza se adjudicará por concurso ordinario, es decir, por antigüedad dentro de la carrera judicial. Velasco no es el titular de este juzgado, sino que está sustituyendo a Manuel García-Castellón, que desde marzo de 2012 se encuentra en servicios especiales en la carrera judicial como magistrado de enlace ante Italia.

Cristina Cifuentes también se ha visto salpicada por polémicas. Un informe de la Guardia Civil ha acusado a la actual presidenta de la comunidad de Madrid de participar en las supuestas irregularidades detectadas en la adjudicación de un contrato en la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández, imputado en la causa por aportar fondos a la caja b del PP. Cifuentes ha definido este documento como un “juicio de valor sin fundamento jurídico alguno” y afirma sentirse víctima de una campaña “nada casual”, en parte desde su propio partido, por su combate anticorrupción.

Por otro lado, el Gobierno ha conseguido, en su segundo intento, la aprobación de la reforma la estiba, decreto que pretende acabar con el conflicto que existe en los puertos españoles, así como evitar el pago diario de 27.522 euros por incumplir la normativa comunitaria

Esta reforma liberalizará la contratación de estibadores portuarios.  Las empresas no estarán obligadas a contratar solo a los trabajadores que pertenezcan a una Sagep, las sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios. Acabará asimismo con la falta de libertad de establecimiento para las empresas que denunció el tribunal europeo, ya que ahora las compañías están obligadas a participar en las citadas Sagep.

El voto de PP, Ciudadanos y PNV y el pacto con PDeCAT para que sus ocho diputados se abstuvieran ha permitido la convalidación, después de que el 16 de marzo fuera rechazado el decreto, lo que no ocurría desde 1978.

Podemos, por su parte, ha presentado este viernes su moción de censura contra el PP. En esta ocasión, la formación morada ha pedido la confianza para que su líder, Pablo Iglesias, sea envestido presidente en sustitución a Rajoy. Lo justifican por las las “circunstancias de excepcionalidad y emergencia democrática que vive España como consecuencia de la parasitación de las instituciones del Estado por parte del Partido Popular”, ante un PP que lleva “más de veinte años financiándose ilegalmente, actúa contra las reglas mínimas de la democracia y trabaja al margen de la ley”.

Carla Muñoz

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