Las Justicias de Alemania y Bélgica ponen en jaque los planes de Llarena y del Gobierno

El ex president Puigdemont, el pasado viernes, a la salida de la prisión de Neumünster (Alemania). // Fuente: El Independiente.
El ex president Puigdemont, el pasado viernes, a la salida de la prisión de Neumünster (Alemania). // Fuente: El Independiente.

El viernes 6 de abril, el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont salía de la prisión de Neumünster (Alemania) acompañado de su abogado, tras ser puesto en libertad por orden del Tribunal Regional Superior del Estado Federado de Schleswig-Holstein. Puigdemont abonó la fianza de 75.000 euros que se le impuso para salir de la cárcel. Nada más hacerlo, atendió a los medios, a los que dijo “es una vergüenza tener presos políticos”. Además, expresó su confianza en la Justicia alemana para evitar ser extraditado a España. La decisión del juez alemán tenía origen en una premisa clara: tras haber examinado los hechos, concluyó que Puigdemont no podía ser juzgado por el delito de rebelión por el que se le reclama desde España, pues entendía que desde la Generalitat no se había incitado a la violencia ni se habían producido grandes focos que pudieran justificar la imputación de ese delito. No ocurrió así con el otro delito que se le imputa al líder de Junts per Catalunya, el de malversación de fondos públicos, el único por el que se le podía investigar y juzgar, según la justicia alemana.

El ex president se encontraba en prisión desde el 25 de marzo tras haber sido detenido por las autoridades cuando intentaba llegar a Bélgica, su país de residencia, tras haber estado en Finlandia dando una conferencia en la universidad. Tras su salida de prisión, la Fiscalía Alemana decretó para él medidas cautelares: la fijación de su residencia en el país germano y la prohibición de abandonar el país hasta que no se resuelva el litigio judicial.

La decisión de Alemania supuso un revés tanto para el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que confiaba en que Puigdemont fuera extraditado lo antes posible, como para el Gobierno de Mariano Rajoy, que también lo esperaba, así como los partidos que apoyan su posición política en este asunto: Ciudadanos y el PSOE.

De esta forma, Llarena ha decidido acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, para intentar que éste se pronuncie y presente aclaraciones sobre la decisión de la Justicia alemana que, según Llarena, no debería haber entrado en el fondo de la cuestión (si hubo violencia o no el 1-O) y debería haberse limitado a encontrar en su Código Penal interno un delito igual o similar al de rebelión. Con la presentación de estas alegaciones, el procedimiento de extradición se paralizará hasta que Luxemburgo se pronuncie sobre esta cuestión. La Fiscalía Española apoya a Llarena en ese procedimiento y en las razones que éste alega.

Esta situación ha provocado tensiones en las relaciones intergubernamentales entre ambos países, agravadas aún más por las declaraciones a un diario alemán de la ministra de Justicia alemana, la socialdemócrata Katarina Barley, quien aseguró que “esperaba la decisión de la excarcelación”, que  “la extradición de Puigdemont no será fácil” y que si los jueces de su país lo dictaminan “Puigdemont será libre en un país libre”. El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, criticó ferviertemente las declaraci0nes de la ministra alemana. Sea como fuere, el cruce de declaraciones unido a la excarcelación y la desimputación del delito de rebelión a Puigdemont ha abierto fisuras en las relaciones entre España y Alemania, que siempre habían sido muy buenas, según presumían Rajoy y Merkel.

Los ex consellers Comín, Puig y Serret, en libertad sin fianza

Los miembros del Govern cesado que aún se encontraban en Bélgica, Toni Comín (Sanidad), Meritxell Serret (Agricultura) y Lluis Puig (Cultura), también fueron puestos en libertad sin fianza tras haberse entregado a la justicia belga.  En las próximas semanas se llevará a cabo la vista del caso en la Cámara del Consejo de Bruselas, que tendrá quince días para decidir sobre este caso, la Corte de Apelación y el Tribunal de Casación tendrán posibilidad de decidir sobre ello si se presentara recurso. A Toni Comín se le reclama por los delitos de rebelión y malversación, mientras que a Serret y a Puig se les reclama únicamente por malversación y desobediencia. A la salida, los tres mostraron su satisfacción y señalaron que “la justicia española debería reflexionar sobre esto”.

Así las cosas, el calendario para la investidura de un nuevo president ya ha comenzado a correr, y el presidente del Parlament, Roger Torrent, inició una nueva ronda de consultas, que concluyó con la propuesta de Jordi Sánchez (JxCat), por segunda vez, como candidato a la Presidencia de la Generalitat.

Pablo Torres Yébenes

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