La ley de capitalidad, cada vez mas cerca

Después de un arduo proceso de negociación, el modelo de “ciudad-capital” de Zaragoza será remitido el próximo martes 6 de junio para su debate en las Cortes

Llevar a cabo el Anteproyecto de la Ley de Régimen Especial del Municipio de Zaragoza entre ZeC y la DGA, la llamada Ley de Capitalidad, no está siendo un trabajo fácil. Esta iniciativa, iniciada en marzo de 2016, se ha enfrentado a trabas e impedimentos que han retrasado su puesta en marcha. Por un lado, la falta de consenso con la DGA respecto al modelo de financiación atascó el acuerdo el mismo año de su iniciación; por otro, los grupos municipales han mostrado desde un principio su desacuerdo con la normativa.

Anteproyecto

Se trata de un acuerdo alcanzado por el consejero de la Presidencia de la DGA, Vicente Guillén, y el Teniente de Alcalde de Economía, Fernando Rivarés. La ley, que parte del consenso municipal alcanzado durante el anterior mandato con Luisa Fernanda Rudi, incluye 7 títulos, 50 artículos, 3 disposiciones adicionales, 5 transitorias y 3 finales. Recoge un compromiso financiero de 21,5 millones de euros, de los que 8 dependen de la aprobación de la norma y 13,5 de los presupuestos de la Comunidad de 2017. Así, el ayuntamiento del Gobierno Aragonés recibirá 8 millones de euros, una cuantía que se verá incrementada de forma proporcional a los ingresos de la comunidad autónoma.
A través de esta ley el Ejecutivo autónomo reconocerá y apoyará el esfuerzo de Zaragoza en la prestación de servicios básicos. Se trata de un acuerdo por el que el alcalde reconoció que se sentía “tremendamente satisfecho” y que Lambán calificó de “histórico” tras veinte años de negociaciones. Sergio Pérez Pueyo, director general de la Administración local, opinó que la ley sería “una herramienta potente” que reconocería “la singularidad de Zaragoza” y potenciaría “la integración de la ciudad en el entramado de la comunidad autónoma”.

Evolución

El presidente de Aragón, Javier Lambán, y el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, pactaron la ley el 3 de marzo de este año. El 24 el Pleno de las Cortes de Aragón votó favorablemente la toma en consideración su proposición. Este primer trámite, tras la previa admisión de la Cámara, tuvo el visto bueno de PSOE, PP, PAR y CHA, mientras que IU se ha abstuvo. El martes 11 de abril se dio un paso importante al ser tomada en consideración por parte del consejo de Gobierno de Aragón, reconociendo su “especial trascendencia en la economía local y global, además de su trascendencia territorial”. El Consejo Local de Aragón, por su parte, dictaminó a favor de la Ley de Capitalidad por unanimidad de sus miembros el 26 de abril.
Esta Ley será remitida el próximo martes 6 de junio para su debate en las Cortes. La primera quincena de julio se constituirá una comisión bilateral que se reunirá, al menos, cada tres meses y que resolverá aspectos como las deudas del tranvía, el cobro del ICA (Impuesto de Contaminación de las Aguas) o los usos de los juzgados de la Plaza del Pilar, reuniéndose, al menos, una vez cada tres meses. En cuanto a esto último, el concejal de Economía Fernando Rivarés opinó que “2018 será un buen año para inaugurar el futuro uso de esas instalaciones”.
Es la primera vez que el Gobierno de Aragón llega a acordar una Ley de Capitalidad con el Ayuntamiento de Zaragoza. Ambas partes coinciden en señalar que se pone fin a una larga etapa de desacuerdo y confrontación. Según Guillén, “está ya olvidada e inauguramos una nueva etapa que queremos que sea fructífera y que no sea flor de un día, sino que sea algo permanente”. Para Rivarés, con la creación de la comisión bilateral, “rompemos décadas de desencuentro que la gente no tenía por qué soportar”.

Críticas

Este acuerdo no ha estado exento de reprobaciones. Los grupos municipales ya manifestaron en marzo de 2016, cuando se inició el proyecto, sus discrepancias sobre la futura normativa. La oposición en bloque criticó al gobierno de ZeC por haber “mentido” y negociado a espaldas” del resto de los partidos, con los que se había comprometido a mantener una estrategia común. Fernando Rivarés, negó las acusaciones y contratacó diciendo que es mejor lograr una ley “mediocre” que no lograr un acuerdo.
Por otra parte, ese mismo mes, el día 31, los populares solicitaron rectificar el pacto con la DGA y abrir de nuevo la negociación de la ley en una moción de censura apoyada por Ciudadanos, calificando la ley de “insuficiente”, tanto en financiación como en competencias. La izquierda, con los votos a favor de ZeC y PSOE y la abstención de CHA, impuso su mayoría y rechazó dicha demanda. Para el gobierno y sus socios, se trata de un pacto “histórico” que mejora el que propuso en 2015 el anterior Ejecutivo PP-PAR y que “no fue capaz de alcanzar” cuando gobernó en la DGA. “No quieren que la realidad les estropee un discurso demagógico”, afirmó Rivarés.

Sofía Villa Bernad

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