La DGA creará una comisión para vigilar los acuerdos con la concertada

Una comisión se encargará de vigilar que los centros concertados de Aragón cumplen con los requisitos demandados por la Consejería de Educación. La mesa sectorial, en reunión el 18 de abril, ordenó crear una comisión que realice un seguimiento para comprobar el cumplimiento de las condiciones impuestas por Educación: la reserva de un mínimo de tres plazas por clase para aquellos alumnos con necesidades educativas especiales. Las condiciones de las que ahora se va a vigilar su cumplimiento se establecieron como obligatorias para la renovación de los conciertos. De hecho, los colegios ya tuvieron que firmar unas declaraciones jurando el cumplimiento de los requisitos.

Se trataba de la primera reunión de la mesa tras la multitudinaria manifestación de la concertada del 4 de abril. El acuerdo de PSOE y podemos para aprobar los presupuestos autonómicos determinó finalmente el cierre de trece aulas de la escuela concertada. La medida, suspendida cautelarmente por los juzgados, hizo que la tensión imperara en la reunión de la mesa sectorial. La consejera de educación, Mayte Pérez, había justificado la medida por cuestiones demográficas. De este modo, las plazas vacías de la pública se ocuparían con parte de la oferta de la concertada.

Críticas por la segregación de alumnos

En marzo, la CGT Enseñanza de Aragón emitió un informe según el cual el 61% de los colegios concertados de Zaragoza segregan a alumnos con necesidades específicas de enseñanza, algo que no sucede en ninguno público. Los datos mostraban que hasta once centros privados de la capital aragonesa no acogen a ningún alumno con necesidad específica de apoyo educativo (ACNEAE). Por otro lado, solo tres colegios acogen a más de un 6% de ACNEAES frente a los 45 centros públicos. Son únicamente tres colegios concertados los que superan la media de ACNEAES de la ciudad, lo que la asociación calificaba como “la excepción que confirma la regla”. Estos datos fueron los que llevaron a Mayte Pérez a imponer a la concertada la reserva de un mínimo de tres plazas por clase para aquellos alumnos con necesidades educativas especiales.

La decisión de los tribunales

Los cinco magistrados de los Contencioso Administrativo ordenaron la inclusión, en la oferta de plazas para la escolarización del curso 2017-2018, de aquellas unidades cuya eliminación había sido ordenada por la Consejería de educación. Paulatinamente, todas las reclamaciones judiciales presentadas durante los meses de marzo y abril por los centros concertados han sido aceptadas.

Manuel Bellido, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), respondió a la consejera de educación que las decisiones de los tribunales eran “medidas cautelares” con el objeto de proteger los derechos de todas las partes implicadas en el conflicto. Mayte Pérez había criticado que las decisiones de los tribunales deslegitimaban la autonomía y la competencia de la administración autonómica. Según el presidente de TSJA, estas medidas han sido adoptadas con el objeto de “evitar que se pueda lesionar, de forma irreversible, un derecho tan fundamental como es el de la libertad de educación”. El presidente también recordaba a la consejera que “según nuestra Constitución, todas las administraciones públicas están sometidas a la Ley y al Derecho y están obligadas a cumplir las resoluciones de jueces y tribunales, garantes de los derechos fundamentales y últimos intérpretes de nuestro ordenamiento jurídico”.

Las reacciones de los partidos

Lambán se vio obligado a compadecer en las Cortes ante la petición de los 21 diputados del Partido Popular de “informar, de manera concreta y específica, sobre si piensa adoptar alguna medida para garantizar la libertad de las familias aragonesas en el ámbito educativo”. Lambán respondió a los populares que la eliminación de algunos conciertos fue “una decisión meditada que tuvo una respuesta totalmente desmesurada”. “Respeto los conciertos y la enseñanza privada como un recurso de los poderes públicos cuando no pueden escolarizar por sus propios medios, pero la aspiración de cualquier poder público europeo es que haya una educación pública y privada donde los conciertos no sean necesarios porque el Estado cubre toda la escolarización”, explicó el presidente de la comunidad.

PP, PAR y Ciudadanos mostraron su posición a favor respecto a la decisión de los tribunales. En efecto, el diputado del PP Fernando Galve criticó a Lambán su posición de solo acatar y asumir decisiones judiciales “en función de si le gustan o no”. De igual modo, María Gaspar, diputada del Partido Aragonés, exigió un respeto a las decisiones de los juzgados y no solamente “cuando opinan lo que tú quieres”. Susana Gaspar, diputada de Ciudadanos en las Cortes, calificó la medida del gobierno de “cortoplacista” y reprochó a Lambán que “para mejorar la calidad de la educación en Aragón hay que tener un buen modelo a largo plazo, no dejar de financiar aulas concertadas”.

Si a algo llegaron en común todos los partidos fue en la desviación del verdadero problema educativo, alejándose de los alumnos, de los profesores, de la mejora del sistema y hablando más de política que de educación.

En marcha el plazo para la solicitud de plazas escolares

Las familias de los niños que inicien la escuela en septiembre ya pueden solicitar un centro hasta el 26 de abril. Sin duda, la atención del proceso se centrará en todos aquellos colegios de los que el gobierno eliminó los conciertos; unos conciertos que se mantendrán al menos un curso más dada la suspensión cautelar de los tribunales. Asimismo, otros 91 colegios se han sumado al sistema de jornada continua para el próximo curso constituyendo ya un total de 170 centros.

Miguel Nadal Barón

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