La Comisión que investiga la presunta financiación ilegal del PP sufre un revés

Pedro Quevedo, en una imagen de archivo. EFE

La Comisión de Investigación del Congreso sobre la financiación irregular del PP ha sufrido esta semana un revés. La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por María José Rodríguez, ha rechazado entregarle tres informes con documentación relevante sobre la supuesta caja B del Partido Popular con el argumento de que se trata de “información reservada que puede poner en riesgo los derechos de los acusados”, de los que se presume su inocencia.

La decisión del tribunal de no facilitar los informes de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía (UDEF) y de la Intervención General del Estado (IGAE) ha sido rechazada por toda la oposición y aplaudida por el PP. Además, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha defendido que la comisión debería cerrarse “cuanto antes”.

Ante esta negativa, el presidente de la Comisión de Investigación y diputado de Nueva Canaria, Pedro Quevedo, ha advertido que la Comisión se ha quedado “sin gasolina”. Incluso manifestó que, de esta manera, será “casi imposible” que la Comisión siga trabajando. Por el momento, este órgano parlamentario solo podrá contar con las resoluciones judiciales.

Por otra parte, Quevedo manifestó que “está siendo difícil acceder a la información suficiente porque coincide con procesos judiciales”, refiriéndose a varios mandos de la Policía y la Guardia Civil que se han negado a facilitar informaciones en sus comparecencias, manifestando que se trata de datos que están todavía sometidos al secreto de sumario.

Los informes

El primero de los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional analiza las correlaciones de cobros, pagos y otros indicios que, ya en el año 2013, apuntaban a la veracidad de los llamados “papeles de Bárcenas”. Los expertos policiales demostraron hace ya cinco años en ese informe parte de los apuntes de la contabilidad paralela.

En el segundo informe de la UDEF se encuentra información sobre las obras de la sede nacional del Partido Popular, pagadas presuntamente con 1.5 millones de euros en negro. Según los agentes, que analizaron las facturas y los trabajos ejecutados planta por planta, existió una doble facturación desde 2005 y gran parte del inmueble fue abonado en b al arquitecto Gonzalo Urquijo.

El tercer informe negado por la Audiencia Nacional se trata de un documento de la Intervención General del Estado sobre los contratos menores de la Gürtel en el municipio de Boadilla y la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda.

Voces que apoyan la Comisión

José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos, ha reconocido que sin información será “más difícil poder llegar a esclarecer los asuntos”, pero ha defendido que la Comisión continúe su labor. A diferencia del PP, ha rechazado que se cierre este órgano parlamentario.

El portavoz adjunto el PDECat en el Congreso, Jordi Xuclà, ha criticado la decisión de la Audiencia Nacional y ha recalcado en que en otro país democrático sería “impensable” que un tribunal se negara a colaborar con el Parlamento.

Por otra parte, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha calificado como “enormemente extraño” que la Audiencia niegue documentación al Congreso y ha expresado que “no quiere pensar que esto pueda responder a una nueva injerencia del PP en el Poder Judicial”.

Noelia Muñoz Marco

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