La central nuclear de Garoña cierra sus puertas

El Gobierno anuncia su cierre definitivo debido a la presión política y ciudadana, a pesar de que el Consejo de Seguridad Nuclear avalaba la reapertura

Entre los temas más debatidos y polémicos, las centrales nucleares siempre han ocupado un puesto indiscutible. En España, el anuncio del pasado martes del cierre definitivo de la central nuclear de Garoña (Burgos), la más antigua y pequeña de las que componen el parque español, supuso un efecto opuesto entre vascos y castellanos: mientras los primeros acogían satisfactoriamente la noticia, los segundos se mostraban indignados y convencidos de que se trata de un grave error.

La central nuclear mas antigua de España

La central nuclear de Santa María de Garoña, inaugurada en 1971, es la más antigua de España, además de ser la de menor capacidad. En 2009 el Gobierno prorrogó el permiso de explotación hasta 2013 (en lugar de los diez años a los que inicialmente había dado luz verde el Consejo de Seguridad Nuclear). Sin embargo, en diciembre de 2012 fue desconectada de la red cuando las empresas retiraron el combustible y paralizaron la actividad como consecuencia de los impuestos nucleares aprobados por el Gobierno del Partido Popular. En ese momento proporcionaba el 6% de la electricidad del país. “Tomaron una decisión por la que fueron sancionadas”, dijo Álvaro Nadal, Ministro de Energía. Pese a ello, el operador solicitó en 2014 la continuidad de la planta.

Cierre definitivo

Casi cinco años después de que la central nuclear de Santa María de Garoña proclamara el cese de su actividad, el Gobierno de Mariano Rajoy anunció el pasado martes 1 de agosto el cierre definitivo de la central tras rechazar la petición de su reapertura. Esta decisión se adopta pocos días antes de que venza el plazo definitivo para publicar la orden ministerial sobre el futuro de la central, que finalizaba el 8 de agosto. Aunque el CSN (Consejo de Seguridad Nuclear) dio luz verde en febrero a la reapertura una vez revisados los criterios técnicos y establecidas las medidas de seguridad para que la planta pudiese volver a conectarse a la red, ayer se denegó definitivamente la autorización.

La cuestión de Garoña entró de lleno en las negociaciones de los Presupuestos del Estado esta primavera. De hecho, estaba entre las condiciones que se barajaron para el apoyo del PNV al Gobierno de Mariano Rajoy, donde figuraba que no se reabriese la nuclear. Así, el peso específico del PNV para sacar adelante muchas iniciativas parlamentarias del Gobierno ha sido determinante, a pesar del respaldo del PP a la energía nuclear.

Según explicó Álvaro Nadal, la voluntad del Gobierno no era cerrarla, pero el resto de grupos políticos y las empresas dueñas de la central (Iberdrola y Endesa) se mostraron contrarios a su reapertura. Así, el ministró alegó que las “circunstancias actuales” no garantizaban la “mínima tranquilidad” para hacer rentable su prolongación hasta 2031, convirtiéndose en la primera central en llegar a los 60 años de vida. “No hay suficiente certidumbre para que se opere con normalidad”, insistió Nadal. Asimismo, acusó a la oposición de haber usado el caso como un “campo de batalla político” e indicó que se habían priorizado esos intereses por encima de un “debate sosegado” sobre las fuentes de suministro del sistema eléctrico nacional. “Garoña se cerrará y se cerrará porque se ha utilizado políticamente”, zanjó Nadal.

Caso excepcional

Nadal remarcó que el caso de Garoña es excepcional y que la postura del Gobierno es “mantener el parque nuclear”. “Somos favorables al mantenimiento. Es una fuente de producción en base: si la retirásemos, supondría un incremento del 25% en el precio de la energía”, detalló Álvaro Nadal. De hecho, el Gobierno y las eléctricas buscaban prolongar el funcionamiento de las cinco factorías atómicas del país (Almaraz en Cáceres, Ascó y Vandellós en Tarragona, Cofrentes en Valencia y Trillo en Guadalajara), cuya vida útil habrá superado en 2020 los 40 años para los que fueron concebidas. PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, PNV y parte del Grupo Mixto están en contra de esa medida frente a un PP que, aunque admite que la nuclear no es el futuro, argumenta que la energía solar, la termosolar, la eólica o la hidráulica no tienen capacidad para sustituirla y asegurar un suministro constante. Así pues, el Partido Popular está decidido a renovar los permisos del resto de centrales nacionales y extender su vida útil, empezando por la de Almaraz, cuya autorización para operar caduca en 2020, justo al final de la presente legislatura.

Actualmente, además de las cinco centrales nucleares en operación en España, hay otras dos nucleares, Vandellos I (Tarragona) y Zorita (Guadalajara), que están en proceso de desmantelamiento. Garoña será la tercera planta que deberá ser desmantelada. Con el cierre de Garoña, España pasará de tener seis a cinco plantas nucleares operativas.

Plan de reactivación

El ministro detalló este lunes que firmará “inmediatamente” la orden ministerial para el cierre definitivo de Garoña. A continuación, prometió un plan de reactivación negociado con la Junta de Castilla y León para mantener la actividad económica de la comarca burgalesa de Las Merindades, donde se encuentra el reactor. El vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, ha tachado la decisión del Gobierno de “error histórico” y ha declarado que el cierre responde a un “capricho ideológico” del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. “La Junta se ha sentido sola en todo este tiempo respecto a la central nuclear de Santa María de Garoña”, manifestó. Por otro lado, ha reclamado la implicación y recursos de distintas administraciones y de las empresas propietarias de la central para llevar a cabo un plan de reindustrialización. “No compartimos esa decisión política adoptada por el Gobierno. Para la Junta, se ha formado un “Fuenteovejuna contra la central”, opinó.

Reacciones diferentes

A parte de las quejas del Gobierno de Castilla y León, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha calificado la noticia como “mala para los trabajadores, para Castilla y León y para España” y ha remitido una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, exigiendo al Gobierno que se comprometa a definir, presentar y desarrollar de manera urgente un plan de reindustrialización para la zona, que ofrezca alternativas posibles y viables para la generación de riqueza y empleo”.

Otros damnificados serán los 400 trabajadores con los que cuenta Garoña, la mitad de ellos subcontratados, que ahora esperan la comunicación oficial de Endesa e Iberdrola para afrontar el plan de salida. Como consecuencia del cierre, desaparecerá un millar de empleos directos e indirectos. No obstante, Nadal ministro recordó que existe un plan para el mantenimiento del empleo. “El futuro de la plantilla está acordado entre empresa y trabajadores”, aseguró. Si bien habrá consecuencias en Burgos, el debate de fondo se abrirá en unos meses con la convocatoria de un panel de expertos que discutirá cómo abordar la transición energética a través de la nueva Ley de Cambio Climático.

Bien contrario ha sido el efecto en Euskadi, donde parece haber satisfacción unánime. Instituciones, partidos políticos y colectivos ecologistas no han dudado en mostrar su alegría ante el cierre de la central nuclear, sin dejar de lado la cautela por el futuro que se le pueda dar a las instalaciones. Tanto el lehendakari Iñigo Urkullu, como la consejera de desarrollo económico e infraestructuras, Arantxa Tapia, y el Delegado del Gobierno en Euskadi, Javier Andrés, se han mostrado contentos con la situación. El lehendakari ha asegurado en su cuenta personal de Twitter que gracias a esta decisión “los vascos vivirán más seguros”. Por su parte, el Delegado del Gobierno ha defendido que lo que ha hecho el ejecutivo es dar prioridad a la seguridad sobre cualquier otro interés.

Los responsables alaveses se han mostrado especialmente satisfechos. El diputado general de Álava, Ramiro González, lo ha calificado como “extraordinaria noticia que constituye el triunfo del sentido común”. También el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, ha valorado muy positivamente la noticia, asegurando que el PP ha tenido que ceder ante la presión ciudadana. Ecologistas en Acción, a su vez, se ha felicitado por “el final del culebrón sin sentido” de Garoña.

Rentabilidad económica

Garoña podría suponer un varapalo para un modelo de generación energética que, tal y como proponen distintas fuerzas políticas del Congreso, debe ser suprimido. Pero el caso de la central burgalesa también podría servir para cambiar el marco de seguridad y fiscal que las regula, ya que, en unos años, comenzando por Almaraz en 2020 y hasta 2028, todas empezarán a agotar sus respectivas vidas útiles y es necesario un enfoque común. Tras el anuncio del Gobierno, Iberdrola y Endesa, las dos empresas que comparten el accionariado de Garoña a través de Nuclenor, aseguraron que cumplirían la decisión. La primera calificó la medida como “coherente”. El problema más concreto es su rentabilidad económica, derivado en buena medida de la fiscalidad que lo grava. La filial nuclear de Iberdrola perdió más de 309 millones de euros en 2016. Por su parte, Endesa, que se había mostrado favorable a la reapertura de Garoña bajo condiciones que la hicieran viable, llamó a aislar el caso del resto de centrales. De hecho, recordó que la central burgalesa ha acumulado unas pérdidas de 360 millones de euros mientras ha estado cerrada y que debería estudiarse alargar más allá de 40 años la vida útil del resto para garantizar la transición hacia un nuevo modelo en 2050.

Costes de desmantelamiento

El desmantelamiento de la central de Garoña supondrá un coste para Endesa e Iberdrola de 150 millones de euros en tres años más los cerca de 500 millones adicionales que tendrá que asumir Endesa en los siete años más que dure el proceso. Entre los principales problemas con los que se topan ambas empresas figuran también los diferentes plazos de amortización. Mientras Iberdrola tiene amortizada Garoña a 40 años, Endesa amplió la amortización a 50 años en octubre de 2014, lo que le permitió mejorar sus resultados y las previsiones para los siguientes años. La eléctrica participada por la italiana Enel cuenta a su favor con el informe positivo del Consejo de Seguridad Nuclear, lo que debería ser suficiente para que el auditor le permita mantener estos años de amortización sin ningún quebranto económico más allá del que ocasionará el desmantelamiento anticipado de Garoña.

Las eléctricas se resistieron durante meses a realizar unas inversiones que el CSN consideraba necesarias para dar este importante permiso, pero finalmente el organismo cambio de opinión y autorizó la reapertura sin la necesidad de acometerlas y facilitó este apunte contable. Endesa e Iberdrola no querían destinar ni un solo euro más hasta saber la decisión del Gobierno, pero también hasta tener una visibilidad sobre la situación política. Ahora abogan por plantear un debate abierto sobre el futuro energético español antes de tomar unas decisiones de inversión importantes que podrían revertirse en el futuro. El cierre de las centrales nucleares puede provocar un fuerte aumento del precio de la electricidad, pero también reduce las emisiones libres de CO2. Por ese motivo, las eléctricas piden tiempo para decidir sobre el resto de centrales antes de tomar decisiones.

Sofia Villa

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