Junts per Cat y Esquerra acuerdan un Govern

Los dirigentes de Junts per Catalunya, Eduard Pujol y Elsa Artadi, en el Parlament / EFE
Los dirigentes de Junts per Catalunya, Eduard Pujol y Elsa Artadi, en el Parlament / EFE

Junts per Catalunya y Esquerra han ultimado durante esta semana la puesta en marcha de un Govern viable para la Generalitat y sin miembros con cargas judiciales. Ambos partidos quieren evitar unas nuevas elecciones, y para ello han trazado un plan. En los últimos días, el expresidente Carles Puigdemont se reunió en Berlín con Elsa Artadi, su mano derecha en estos últimos meses, y la que previsiblemente formará parte del nuevo Govern. Los independentistas reivindicarán de manera simbólica a Puigdemont con el cambio de la ley de Presidencia. La reclamación no funcionará y días después formarán el nuevo Govern.

El nombre del presidente o presidenta de la Generalitat sigue siendo toda una incógnita, pero no el reparto de las consejerías. Junts y ERC han pactado los asientos de todas las consejerías y el equipo de gobierno, que se espera igualado en cuanto al número de miembros de los dos partidos. Como en la última legislatura, la vicepresidencia será para el partido republicano. Las fechas no han sido concretadas, pero los independentistas saben que deben hacerlo antes del 22 de mayo si quieren evitar unas nuevas elecciones que podría afectarles negativamente dados los acontecimientos de los últimos meses.

El nombre de la persona que lidere el plan D está previsto anunciarse en la primera semana de mayo. No obstante, desde Junts per Cat, el portavoz Eduard Pujol dice que Puigdemont “es y será siempre” su candidato, aunque tenga que ser de manera simbólica. El expresidnt sigue en Berlín a la espera de la decisión de la justicia alemana, que debe considerar su extraditación a España.

En Madrid, el Gobierno central habla de “ciencia ficción”. “No cabe en cabeza humana que una persona que ha huido y que está a tantos kilómetros pueda ser presidente de Catalunya”, dijo el viernes el portavoz del Gobierno, Méndez de Vigo, al término del Consejo de Ministros. Por otro lado, desde el Ministerio de Hacienda, Montoro acusa a la cuestión catalana de “perjudicar la recuperación económica de España”.

El procés, acusado de malversación

El Tribunal Supremo y la Abogacía del Estado sostienen que el independentismo ha desviado fondos públicos al procés, lo que indicaría indicios de haberse cometido un delito de malversación de caudales públicos. En ese sentido, las afirmaciones del Supremo y de la Abogacía se enfrentan a las del ministro Montoro, que ha reiterado en varias ocasiones que el referéndum ilegal del 1 de octubre no se financió con dinero público.

A mediados de abril, el juez Llarena ya acreditó una malversación de cerca de dos millones de euros, y pidió un informe a Montoro para proceder a investigarlo. Sin embargo, el ministro volvió a señalar esta semana que el 1-O no se financió con fondos públicos. Tras los requerimientos del magistrado Llarena y del Supremo, el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha remitido cinco informes que prueban la no financiación con dinero pública, dado que las semanas previas se bloquearon las cuentas públicas catalanas.

“Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público”, ha afirmado Montoro. No ha negado todo el ministro, pues ha señalado que sí que pudo darse un “falseamiento de facturas”. Si algo está claro es que el choque entre Llarena y Montoro es palpable.

Una treintena de mossos declaran por el 1-O

Entre las acusaciones de Malversación y el plan D de los independentistas, la Policía Nacional comenzó esta semana a tomar declaración como testigos a los mossos que, según el cuerpo, “pudieron favorecer la celebración del referéndum ilegal en Cataluña el pasado 1 de octubre”.

La investigación tiene su origen en la incautación de los registros de grabación de la jornada del 1 de octubre que la Policía Nacional realizó en diciembre del año pasado en el Centro de Coordinación Central de Barcelona. Los 30 mossos implicados en esas grabaciones han sido los llamados a declarar como testigos. Los sindicatos de la Policía ya mostraron su malestar por esta investigación, aunque el proceso se está llevando a cabo con total normalidad y desde los Mossos señalan que el trato “está siendo cordial”.

Miguel Nadal

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