Irresponsabilidad fiscal

Uno de los debates esenciales de los próximos meses, si ese agujero negro de la política llamado Cataluña no lo sigue absorbiendo todo, va a ser el debate sobre la financiación autonómica. Un debate, a menudo técnico y árido pero de un calado político y social descomunal. No en vano de él depende la financiación de la sanidad, la educación, la dependencia o los servicios sociales.

El actual modelo, que debió haberse revisado ya en 2014, se encuentra agotado y son muchas las CCAA que, con toda razón, exigen al gobierno de Rajoy que, por una vez, no deje pudrirse las cosas y gobierne. No en vano, el actual sistema de financiación se acordó en 2009 y ha estado claramente lastrado por la crisis y por la brutal caída de ingresos sufrida como consecuencia de ésta. Si a ello añadimos el sectario reparto de la carga del déficit ejecutado por Montoro entre la administración central, la autonómica y la local, el asunto parece, ciertamente urgente.

En los próximos meses escucharemos hablar con seguridad de conceptos como población, envejecimiento, dispersión, concentración, etc… sobre los cuales cada autonomía tratará de verse reflejada en el nuevo modelo y obtener con ello más ingresos para mejorar sus cuentas. Más difícil será que escuchemos hablar de otro concepto muy relevante y que sin embargo se atiende muy poco y es el de corresponsabilidad fiscal.

La corresponsabilidad fiscal implica, dicho en palabras sencillas, que todas las administraciones en liza deben ser responsables de la forma en que gastan los recursos, pero también de la forma en la que obtienen los ingresos que financian esos gastos. Y, lamentablemente, como decía, se trata de un concepto poco tenido en cuenta y poco puesto en valor.

Con escasas excepciones que justo es nombrar (Aragón es una de ellas) las CCAA han tendido siempre a mostrarse dispuestas a incrementar los gastos en aquellos servicios que son de su competencia pero mucho menos a actuar sobre los impuestos que le corresponden o que tienen cedidos. Así, hemos visto muchas veces, como administraciones autonómicas elevaban sus inversiones en sanidad o educación (bien) pero rara vez se molestaban en subir sus impuestos, conscientes de que, al cabo de 5 años el sistema de financiación se revisaría, el estado les cedería una mayor parte de la cesta de impuestos cedidos y así, todo arreglado.

Lejos de establecer una correlación clara entre gastos e ingresos a través la amplia capacidad normativa que poseen, muchas autonomías se han lanzado incluso a la carrera de eliminar o restringir algunos de los impuestos más importantes de los que le son propios. El caso más llamativo es el impuesto de Sucesiones, sobre el que, además, pesa una campaña a la contra poco defendible desde un punto de vista progresista.

El impuesto de sucesiones es, per se, un impuesto justo donde los haya, puesto que grava la transmisión gratuita del patrimonio o del capital sin que haya ningún tipo de valor añadido en esa transmisión. En otras palabras, se grava que alguien obtenga un patrimonio o unas rentas sin haber hecho nada para ello.

Con las debidas correcciones destinadas a proteger a los pequeños patrimonios o a los pequeños negocios familiares (que ya existen y que podrían mejorarse en ciertos puntos), el Impuesto de Sucesiones se configura como un impuesto netamente justo y que además provee de ingresos muy importantes a la administración que se pueden destinar a educación, sanidad, o dependencia. Como cualquier impuesto, resulta molesto pagarlo, pero es obvio que no podemos tener servicios públicos nórdicos pagando impuestos africanos.

Lejos de hacer la pedagogía oportuna, son demasiadas las CCAA que se han sumado a la carrera de suprimir o restringir este impuesto, beneficiando a los grandes patrimonios y prescindiendo de ingresos muy necesarios al tiempo claman por la falta de recursos que el sistema de financiación les brinda. Un ejercicio de irresponsabilidad fiscal poco admisible, que obliga a reconocer el mérito del Gobierno de Aragón resistiendo a la presión y manteniendo ese impuesto.

Por tanto, de cara a los próximos meses, bueno sería que nos fuésemos familiarizando con el concepto de corresponsabilidad fiscal, para evitar hábitos como los que he descrito. Pero no sólo por parte de las administraciones, sino de nosotros mismos como ciudadanos que deberíamos ser conscientes que la exigencia de buenos servicios públicos exige pagar impuestos adecuadamente y no siempre es admisible el recurso al “que paguen otros”.

Horacio Royo

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