Irregularidades económicas en la obra del Tranvía de Zaragoza

Tras cuatro años de recelo, sospechas y controversia, las irregularidades en las obras del tranvía de Zaragoza han sido confirmadas. Encargada por el Ayuntamiento a la empresa Moore Stephens el pasado 26 de abril, una auditoría externa reveló un “desequilibrio” de 28 millones de euros en su construcción. El Gobierno de Zaragoza tomó este viernes conocimiento oficial de esta auditoría y ha solicitado informes jurídicos sobre la L1 del tranvía para reclamar el reequilibrio económico.

Proyecto

El tranvía fue construido entre 2008 y principios de 2013. La factura global que dejaron las obras fue de 400 millones de euros. Parte se pagó con subvenciones directas a la construcción, unos 130 millones de euros que fueron aportados entre el Ayuntamiento y el Gobierno aragonés. El resto del coste que aceptó el Consistorio lo irían cobrando las empresas integradas en el proyecto a través de la explotación de la línea: importe por venta de billetes, más subvención anual del Ayuntamiento, que cada ejercicio suma varios millones más. Esos 400 millones que el Ayuntamiento aceptó como factura de la obra suponen un coste de 30.000 euros por metro de línea construido. La línea, que cruza Zaragoza de norte a sur, no llega a los 13 kilómetros de longitud total.

Auditoría externa

La auditoría externa fue requerida por el Ayuntamiento de Zaragoza para conocer los costes de ejecución del proyecto, incluyendo la inversión inicial y las necesidades de financiación, y de ejecución de la línea 1 del tranvía. Asimismo, tenía como objetivo aclarar si las cifras se ajustan a la ayuda a la financiación que tuvo que realizar el Ayuntamiento. En palabras de la directora general de Economía, Ana Sanromán, la auditoría pretendía “conocer con una mirada independiente y ajena las necesidades de financiación del tranvía y si se ajusta a la aportación que a la ayuda de financiación tuvo que realizar el Ayuntamiento, que aportó 128 millones para garantizar la viabilidad constructiva y financiera”.

El consejero de Economía, Fernando Rivarés, dio a conocer los resultados del informe el pasado 18 de julio en una rueda de prensa en la capital aragonesa: tanto el consistorio zaragozano como la DGA pagaron 28 millones de euros más a la Sociedad de Economía Mixta de (SEM) por las obras del tranvía. Según la empresa externa Moore Stephens, los costos ascendieron a 400 millones de euros y la capital pagó 128, es decir, se produjo un “desequilibrio” de 28 millones de euros a favor de las administraciones. Además, se computaron conceptos que no se pueden pagar con dinero público al no ser gastos de inversión. “Los auditores consideran que el apoyo con dinero público de las administraciones debería haber sido como máximo de 100 millones de euros para el tranvía y no 128,7, porque se incluyeron conceptos que no pueden ser pagados con dinero público, conceptos que no son ni gastos, ni inversiones”, explicó Rivarés.

Según el informe, algunos de estos conceptos son el pago del IVA y los excesos de gastos durante el devenir de los trabajos sobre los importes fijados en el pliego y en la oferta firmada o que incumplan algunas condiciones. Además, se añaden las reservas financieras exigidas por las entidades bancarias y bloqueadas para que la Sociedad de Economía Mixta (SEM) pudiera pagar la deuda pública de diez millones y la reserva financiera para la reposición de equipos y material a lo largo de la explotación del servicio durante 25 años que alcanza los 21 millones. El auditor las ha calificado de “desembolsos necesarios para la viabilidad del proyecto” pero que “no atendían a la definición de inversión inicial”. Por ello, el aporte máximo tendría que haber sido de 99,6 millones, no de 128.

En definitiva, el informe concluye que los gastos de inversión ascienden a 310.508.200 de euros frente a los 400.000.000 de euros que se establecieron. El consejero recordó que “el Ayuntamiento pagó su parte y buena parte de la correspondiente a la DGA”. Actualmente, ambas administraciones se encuentran en plena negociación sobre las deudas pendientes. El ayuntamiento le reclama 40 millones por las obras del Urbos 3 y el Gobierno de Lambán está dispuesto a pagar 7,9. Tanto DGA como consistorio tienen un 20% de la propiedad de Los Tranvías, el 80% restante se reparte entre los socios CAF, FCC, Acciona, TUZSA, Concessia e Ibercaja. “Si se da por bueno que estos son conceptos que no los puede financiar el Ayuntamiento con dinero público, significa que la DGA tampoco los puede financiar”, ultimó Rivarés.

Cabe señalar que esta auditoría sobre la línea 1 del tranvía coincide con el anuncio por parte del Gobierno de la ciudad de volver a posponer –por segunda vez y tras haber realizado un proceso participativo– el estudio de la segunda línea, muy demandada por un sector de la ciudadanía y que uniría el este y el oeste de Zaragoza cuyo eje discurriría por María Agustín.

Reacciones

En unas declaraciones, el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, afirmó que la gestión de las obras del tranvía fue “muy positiva”. Se mostró “absolutamente convencido” de que hizo bien su trabajo como vicealcalde y consejero municipal de Economía en el Ayuntamiento de Zaragoza en el anterior mandato, en concreto en lo que al proyecto del tranvía se refiere. Gimeno insistió en que “no ha habido ni un euro de desviación económica de la cifra fijada cuando se firmó la concesión”, algo que, según el consejero, “no ha ocurrido nunca en la historia de España”.

Por otro lado, tras participar en la reunión de la Comisión de Deuda Gobierno-Ayuntamiento, Fernando Gimeno observó que el Ayuntamiento tiene que aclarar “lo que estime”, pero, en cualquier caso, “y estando de acuerdo o no”, la Comunidad “procederá a pagar lo que estima que tiene que pagar, que son 7,9 millones de euros”. Por su parte, el consejero municipal de Economía, Fernando Rivarés, desmiente esa cifra e insiste en que hay posibilidad de llegar a un acuerdo a través del diálogo, pero con el consejero de Presidencia, Vicente Guillén. Ha destacado que se han llegado a “muchos acuerdos” con la Comunidad Autónoma y ha indicado que el Gobierno regional ha pagado 20 millones en concepto de tributos que adeudaba y que ya se ha aprobado la Ley de Capitalidad.

El portavoz municipal del PP, Jorge Azcón, ha criticado que “Gimeno decía una cosa cuando estaba en el Ayuntamiento de Zaragoza y ahora defiende la contraria en el Gobierno de Aragón”. Así pues, ha pedido al actual consejero de Hacienda que “explique el porqué de su actuación. “Esto no consiste solo en el cargo que Gimeno ocupa, es una cuestión de justicia: si es justo que el Ayuntamiento de Zaragoza reciba el dinero que un día apalabró con el Gobierno de Aragón o no”, ha expresado. También ha asegurado que, si el resultado de la auditoría fuera correcto, “el responsable sería el que dio el visto bueno a los pagos, es decir, Gimeno”, que en esos momentos era el vicealcalde y consejero municipal de Economía en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Pero la reacción más importante ha sido la solicitud por parte del Gobierno de Zaragoza de informes jurídicos sobre la L1 del tranvía para reclamar el reequilibrio económico tras tomar conocimiento oficial de la autoría el pasado viernes. El primer paso será solicitar a la SEM la documentación justificativa que falta para corregir parte del desequilibrio económico detectado por los auditores. El Gobierno ha aprobado también adherirse al Fondo de Impulso Económico (FIE) por valor de 10.650856 euros para financiar dos sentencias en 2018. Se trata de dos decisiones judiciales: la primera de mayo de 2016 para abonar a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) 7.912.899 euros en concepto de revisión de precios de los años 2010 y 2011 del contrato de gestión del servicio público de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos urbanos; y la segunda sentencia obliga al ayuntamiento a pagar a la UTE Acciona Mariano López Navarro (MLN), que llevaba a cabo las obras del corredor verde Oliver-Valdefierro, la suma de 2.636.741 euros más los posibles intereses que ascenderían a 101.214 euros, una cantidad que debería haber asumido la Junta de Compensación de ARCOSUR, según el acuerdo de Subrogación y pago de las certificaciones derivadas de las obras del proyecto de urbanización del corredor verde Oliver-Valdefierro suscrito el año 2011.

Por otra parte, el Gobierno ha aprobado la venta del antiguo Conservatorio de Música ubicado en la calle San Miguel nº 32-34 a la Mutua de Accidentes de Zaragoza (MAZ) por 2.242.433 euros con el fin de posibilitar la ampliación de las instalaciones administrativas y asistenciales de las que ya disponen en la calle Sancho Gil.

Sofía Villa

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