Ignacio González, detenido por la Operación Lezo

La Guardia Civil ha procedido este miércoles a la detención de Ignacio González, así como al registro de su domicilio por presunto desvío de fondos de la empresa pública de aguas Canal de Isabel II para beneficiar a personas vinculadas con el anterior gobierno regional de Partido Popular. El juez decretó el viernes su ingreso en prisión incondicional, después de que la fiscalía lo pidiera. Por tanto, el expresidente de la Comunidad de Madrid se une a Edmundo Rodríguez Sobrino, que ya había sido condenado a cárcel por el magistrado.

Cuando Ignacio González era presidente de la Comunidad de Madrid, el Canal de Isabel II compro varias sociedades en Latinoamérica por un precio que se ha demostrado superior al de mercado. Una de ellas fue la empresa brasileña Emissao, compra por la que se abonó 21, 5 millones de euros. Al mes Emissao valía la mitad de ese importe (10,2 millones); y al año, una cuarta parte (5,1). Ahora está en pérdidas.

A esta investigación se la conoce con el nombre de Operación Lezo, y está siendo coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. La Guardia Civil le puso este nombre a la trama por el almirante español Blas de Lezo y Olabarrieta, que defendió del asedio de los ingleses el puerto de Cartagena de Indias, donde según Ignacio González lo espiaron en uno de sus viajes oficiales.

En la Operación Lezo también han sido detenidas otras 11 personas. Entre ellas destacan algunos miembros de su entorno familiar, como su hermano Pablo González, al que se le acusa de irregularidades en la adjudicación del contrato para la explotación de un campo de golf levantado en unos terrenos de la empresa Canal de Isabel II. También ha sido detenido su cuñado, José Juan Caballero, vinculado a la sociedad Tecnoconcret, que participó en la unión de empresas que se hizo con aquel contrato; y la mujer de Ignacio Gonzales, Lourdes Cabrero

El número de imputados no es exacto por el momento, aunque se sabe que supera la veintena, y que entre ellos se encuentran el presidente del diario La Razón, Mauricio Casals, y el director, Francisco Marhuenda; quienes ya han declarado ante el juez como imputados.

La detención supone un golpe en la imagen del equipo de Esperanza Aguirre en el PP de Madrid, salpicado por numerosos casos de corrupción.

Las cuatro personas a las que se les considera cabecillas de la trama son Ignacio Gonzáles, su hermano Pablo González, Edmundo Rodríguez Sobrino, al que se3 considera el hombre de Ignacio González en Latinoamérica, y el expresidente ejecutivo de Inassa, filial colombiana de Canal Extensia, que gestiona contratos de agua en el resto de países sudamericanos, y consejero delegado de la empresa editora de La Razón; y María Fernanda Richmon, ex directora financiera del Canal de Isabel II.

Pablo González es en la actualidad directivo de otra empresa pública que está siendo investigada por la UCO, Mercasa-Incatema, lo que obligó a coordinar el operativo con el magistrado José de la Mata, quien investiga a esta compañía en una pieza separada del caso Defex sobre el supuesto desvío de decenas de millones de euros en una venta de armamento a Angola, donde se investiga un contrato de más de 466 millones de euros para levantar un mercado mayorista de alimentos en Luanda, capital de este país africano y en el que supuestamente se registraron sobreprecios, pagos de comisiones y desvío de fondos.

En el registro del domicilio de Ignacio González, que duró alrededor de diez horas los agentes de la UCO encontraron abundante documentación. Utilizaron perros adiestrados en la detección de billetes. Después de esto, se desplazaron al despacho del expresidente de la Comunidad de Madrid; también fueron registradas la sede del Canal de Isabel II y de empresas privadas como Urbaser y Auditel.

La operación tiene su origen en una investigación de la Fiscalía Anticorrupción abierta en octubre de 2015 ante la sospecha de irregularidades en la gestión de Canal de Isabel II. Al frente de las mismas están los fiscales Carmen García Cerdá y Carlos Yáñez.

El Comité de Derechos y garantías del PP ha suspendido provisionalmente la militancia de Ignacio González tras su detención. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado que la detención del expresidente madrileño demuestra que las instituciones en España funcionan.

Esto suma otro escándalo a las espaldas del Partido Popular. Se solapa con la actual llamada a Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, a declarar como testigo en el caso Gürtel, a lo que el presidente se ha mostrado “encantado” y que entra dentro de la normalidad. En un acto en la asamblea de la patronal CEOE en la sede de Telefónica en el barrio de Las Tablas en Madrid declaró: “ Yo llevo diciendo desde hace mucho tiempo que cumplir la ley y las resoluciones de los tribunales es algo obligado para todos, me he referido también a los gobernantes, y en mi caso también iré encantado pues a responder a lo que tengan a bien preguntar y a aclarar lo que pueda aclarar, eso ya lo veremos en su momento, pero este es un acto de pura normalidad”.

Los partidos de la oposición han exigido al fiscal general del Estado que se den explicaciones de por qué Manuel Moix, fiscal jefe anticorrupción, trato de impedir una serie de registros en el caso Lezo. Moix dio marcha atrás a su orden después de que la junta de fiscales anticorrupción expresara su discrepancia con ella. El PSOE solicitará que Maza y el ministro Rafael Catalá comparezcan en la Comisión de Justicia del Congreso.

PSOE y Podemos han anunciado también que se personarán como acusación popular en el caso. El miércoles Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, ofreció a PSOE y Ciudadanos la posibilidad de una moción de censura para desbancar al PP del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Carla Muñoz Fandos

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