Hora de negociar: ¿Con el bloque independentista o con Cataluña?

EFE

Porque no son lo mismo. Cataluña es algo más que el separatismo, hay muchas sensibilidades. Incluso entre los nacionalistas, hay corrientes mayoritarias para las que el reconocimiento de la identidad catalana y de más autogobierno sería suficiente para no cuestionar su pertenencia a la nación española.
El problema catalán no sólo es entre España y Cataluña, entre el bloque independentista catalán y el nacionalismo tardo franquista español, sino sobre todo entre los propios catalanes. Esta tensión interna, no resuelta en Cataluña, es lo único que justificaría un referéndum legal que aclarara el sentir mayoritario de los catalanes. Pero resolver estas contradicciones internas no justifica, hoy por hoy, un referéndum vinculante sobre la independencia: Rajoy debería haber autorizado la consulta no vinculante de hace tres años impulsada por Artur Mas, quién trataba de medir cual era el alcance real del sentimiento separatista por entonces, al que las encuestas apenas concedían un treinta y cinco por ciento, que ya era bastante como para ignorarlo.

No son momentos de buscar culpables, pero conviene recordar que el enfrentamiento ha venido favoreciendo las expectativas electorales, tanto de Junts pel Sí, como del Partido Popular. Basta con ver la proliferación de banderas en los balcones. El problema es que esta estrategia se les ha ido a los dos de las manos.

Ahora toca negociar, ¿Pero con quien?.

Con los independentistas encabezados por un Puigdemont cautivo de la CUP, sólo se puede negociar las condiciones de la independencia, aunque su estrategia pase ahora por pedir un referéndum legal. En las condiciones actuales, con la gente en la calle y la imagen de las fuerza del orden actuando en algún momento con dureza, es seguro que de producirse un referéndum se votaría más con el corazón que con la cabeza. Los referéndum no son la expresión máxima de la democracia, su sencillez, blanco o negro, facilita la manipulación. El Brexit es un buen ejemplo de ello.

Toda negociación debe incluir a las fuerzas políticas tanto del Parlament de Catalunya como de las Cortes Generales, sin exclusión, pues tratándose de un asunto que afecta a todos, todos deben participar. Dejar esta cuestión en manos de Rajoy y Puigdemont es apostar por un diálogo de sordos.
Para una eventual negociación, tanto Puigdemont, como Ada Colau –arrastrando en esta estrategia a Podemos– están pidiendo mediadores. El primero tratando de convertir el conflicto en un asunto internacional, la segunda por su experiencia en la lucha contra los desahucios. Pero no estamos ante un conflicto de carácter bélico ni socioeconómico, sino político, que deben resolver los responsables políticos. Y uno se pregunta, si hay que buscar mediadores fuera, ¿Para que elegimos a nuestros representantes políticos?. Son ellos los que deben sentarse a buscar la solución más razonable.

¿Hacia un Estado Federal?

Una cuestión fundamental cuando se trata de elegir entre una cosa y otra es saber que ofrece cada parte. Recordemos que el Estatuto de Cataluña aprobado por las Cortes Generales y el Parlament en 2006, siendo Zapatero Presidente del Gobierno y Pascual Maragall de la Generalitat, fue recortado por el Tribunal Constitucional a instancias del PP, que incluso llegó a organizar una recogida de firmas pidiendo un referéndum para derogarlo, referéndum claramente inconstitucional.
Es decir, que ahora tocaría elegir entre un Estatut recortado o la ruptura con España, escenario poco deseable a todas luces.

Pasados casi cuarenta años de Estado de las Autonomías, sabemos bien cuales son sus defectos, que debemos actualizar y que cosas cambiar. Toca ahora modificar la Constitución y reformar el modelo territorial. Esta reforma deberá garantizar la igualdad de derechos y obligaciones de todos los españoles y facilitar el encaje del País Vasco y Cataluña en el Estado español. Se quiera reconocer o no, en ambas comunidades existe un fuerte componente nacionalista que viene de muy lejos y forma parte de la construcción histórica de la nación española.

Si somos capaces de reformar la Carta Magna para que suavice las tensiones nacionalistas sin afectar a la igualdad de derechos y obligaciones, estaremos ante un nuevo escenario en el cual, o no serán necesarios los referéndum de autodeterminación, o la ciudadanía estará mejor informada a la hora de votar, a pesar de los intentos de manipulación a la que, casi con toda certeza se verán sometidos.

Cuando se habla de modificar la Constitución para convertir España en un Estado federal, en realidad se esta proponiendo actualizar el Estado de las Autonomías, que es de facto un modelo federal. Se trata de modificar el Senado, para que sea la Cámara territorial donde se debatan y negocien las cuestiones que afectan a las Comunidades Autónomas, de regular la relación entre el Gobierno central y los autonómicos y de éstos entre sí, de la Administración General del Estado y la de las Autonomías, de resolver la financiación y de garantizar la solidaridad de las Comunidades – o naciones, da igual– más desarrolladas con las más atrasadas. Una vez más no debemos perdernos en como llamamos a las cosas, sino en cual ha de ser su utilidad.

Y no se debe perder de vista que deberíamos avanzar hacia la construcción de unos Estados Unidos de Europa, lo que implicará pérdida de soberanía de los actuales Estados miembros.

Sabemos que debemos hacer, que pretendemos conseguir, hagámoslo.

Santiago Marraco, Presidente del Gobierno de Aragón entre 1983 y 1987

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