Granados tira de la manta e implica a Cifuentes en la financiación irregular del PP de Madrid

Gtres

El pasado lunes 12, el ex consejero de Presidencia, Justicia e Interior y ex secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, declaró ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que instruye la presunta trama de adjudicación de contratos públicos a cambio de comisiones, conocida como “Caso Púnica”.

La declaración de Granados, que duró aproximadamente 3 horas, se refería a la financiación irregular de las campañas electorales autonómicas de Madrid de 2007 y 2011. El ex consejero implicó a seis personas que constituían el núcleo duro que pilotaba esta operación: Ignacio González, ex presidente de la Comunidad de Madrid; Cristina Cifuentes, actual presidenta autonómica y en aquel momento secretaria de Política Territorial del PP madrileño; Borja Sarasola, ex consejero de Transportes y Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid; Ana Isabel Mariño, ex consejera de Empleo, Turismo, Cultura y Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y actual diputada en la Asamblea de Madrid; Isabel Gallego, ex responsable de Comunicación de los populares madrileños y José de la Uz, alcalde de Las Rozas y vicesecretario de Innovación del PP de Madrid.

Granados explicó ante el juez que el sistema de funcionamiento era dual: por un lado, había una financiación estándar con arreglo a la ley electoral, y por otro una paralela e irregular para reforzar únicamente la figura de Aguirre como candidata. El dinero para sufragar esta última maniobra salía de las partidas en concepto de “publicidad” de varias empresas públicas y organismos de la Comunidad de Madrid: el Canal de Isabel II y la Agencia de Informática y Telecomunicaciones (ICM), actualmente conocida como “Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid”.

Según la versión del ex dirigente del PP madrileño, era el entonces vicepresidente Ignacio González el encargado principal de administrar la financiación paralela y Cristina Cifuentes, su mano derecha. De hecho, apuntó que ambos habían tenido una relación sentimental que se cortó, supuestamente, en 2008.

A este respecto, Cifuentes respondió a la salida de un acto nada más publicarse las declaraciones de Granados que ella no tenía “nada que ocultar” y que “le daba igual lo que dijera”, puesto que era un “presunto delincuente·. La presidenta madrileña anunció, en este sentido, que presentaría de inmediato una querella por falsedad y atentado contra el honor contra el ex consejero, como finalmente hizo.

Posteriormente, Cifuentes lanzó además un dardo contra el colectivo feminista y concretamente contra Unidos Podemos por no condenar que Granados sacara a la luz la supuesta relación que habría mantenido con el ex presidente González: “estoy esperando al feminismo militante en España”, dijo. Y añadió que “si se hubiese dicho lo mismo de una mujer de otro partido no habría territorio para echar a correr, pero al tratarse de una persona del PP, resulta que hay una doble vara de medir”. La portavoz de la formación morada en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, aprovechó su presencia en el
espacio “La ventana de Madrid” de la Cadena SER el martes 13 para condenar las declaraciones del supuesto cabecilla de la trama Púnica, pero recriminó a los popular es que éstos no hagan lo mismo cuando las acusaciones machistas son para ellos.

Aguirre y González lo controlaban todo

Francisco Granados también afirmó ante el juez García Castellón que “no había asunto que fuese al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que no fuera controlado por Aguirre y González”. Más concretamente, explicó que la ex presidenta madrileña estaba detrás de las actuaciones de Eduardo Larraz, ex consejero delegado de Arpegio, la empresa pública que se encargaba de la gestión del suelo público de la Comunidad y una de las principales sociedades implicadas en la Púnica.

Arpegio fue sucedida posteriormente por Nuevo Arpegio y absorbida en 2017 por la empresa “Obras de
Madrid”, también de titularidad pública. Larraz está imputado en la causa por cobrar supuestamente comisiones ilegales a cambio de contratos públicos. Granados también acusó a Aguirre de modificar el PRISMA (Programa de Inversión Regional) destinado a la realización de obras y actuaciones concretas en municipios, para que fuera la propia Comunidad de Madrid la que las realizara, y no los ayuntamientos, tal y como estaba establecido inicialmente. El motivo, según el ex consejero, era que la presidenta quería
“vengarse” de aquellos consistorios gobernados por el PSOE que no la invitaban a las inauguraciones.

Granados se personó en sede judicial para declarar voluntariamente y volverá a hacerlo el próximo martes 20 de febrero. El ex consejero y ex secretario general del PP de Madrid pasó casi 3 años en prisión provisional tras su detención en octubre de 2014 y fue puesto en libertd bajo fianza el pasado mes de junio.

Pablo Torres Yébenes – @PabloToYeb

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