Gran polémica por el cierre de aulas en centros concertados

Al grito de “en Aragón, libertad de Educación”, más de 30.000 personas, según datos de la Delegación del Gobierno, salieron a la calle el pasado martes 4 de abril para pedir que no se recortaran los presupuestos de educación en los centros concertados y, de este modo, no se diera lugar la reducción de ningún aula de dichos colegios de toda la Comunidad.

Esta manifestación fue la respuesta que dieron familiares, profesorado y alumnado al pacto presupuestario entre PSOE y Podemos que recoge la medida del cierre de aulas en 13 centros educativos, 11 de ellos se encuentran en la capital. Desde el FSIE (Federación de Sindicatos Independiente de Enseñanza), las cinco organizaciones convocantes de la manifestación del 4 de abril, después de la reunión de la Comisión de conciertos de la provincia de Zaragoza del 5 de abril, comunicaron en una nota de prensa:

“Consideramos que esta propuesta atenta contra la educación concertada por suponer una reducción del 7,5% del alumnado de infantil (260 alumnos), en menoscabo del derecho de las familias a elegir centro, la amenaza severa a tres centros educativos, la afección de 20 trabajadores en el curso 17/18 y a más de 350 trabajadores en medio plazo”, a lo que añadieron: “Consideramos que esta resolución es contraria a Derecho según hemos argumentado repetidamente y tal y como hoy mismo ha dicho el Justicia de Aragón”.

Javier Lambán, presidente de Aragón afirmó que respeta la manifestación del martes y aprecia la actitud de los padres al preocuparse por la educación de sus hijos y está seguro que la alarma que les hizo salir a la calle se irá disipando cuando vean que sus hijos escolarizados en la concertada seguirán estudiando es su centro al año siguiente. En cuanto al profesorado, anunció que mantendrán su puesto de trabajo.

Heraldo de Aragón

La previsión de la DGA es la de no renovar una de las aulas de 1º de infantil el próximo curso en los centros. Las razones que ha dado el Gobierno de Aragón en una nota de prensa son el descenso demográfico y las necesidades de escolarización. El pasado miércoles por la mañana se celebró la reunión de Comisiones de conciertos de Zaragoza y el Servicio Provincial de Educación declaró que los centros afectados por esta medida son: Sagrado Corazón de Jesús, Cristo Rey, La Anunciata, Salvador (Jesuitas), Santa María del Pilar (Marianistas), Virgen de Guadalope, San Antonio de Padua, María Auxiliadora, Teresiano del Pilar, Santo Domingo de Silos y La Salle Montemolín en Zaragoza capital, al San Gabriel de Zuera y Nuestra Señora de la Esperanza y de Pina de Ebro. Algunos de los datos que han llevado al Gobierno de Aragón a tomar dichas decisiones son que los colegios de la lista de afectados ofertaban más matriculas que las necesarias por lo que no se llegaba al cupo de estudiantes.

La zona de escolarización del Sagrado Corazón de Jesús y Cristo Rey ofertó el curso pasado 1.008 plazas de 1º de infantil para menos de 700 alumnos. También los colegios concertados citados en la lista anterior tienen más vías de escolarización que los colegios públicos de su zona, por lo que con esta medida conseguirán que se equiparen los centros concertados con los centros públicos. Además, exigen que para el próximo curso ningún trabajador pierda su puesto de trabajo por lo que se debe desarrollar un plan de empleo e incluso, un plan de recolocación adecuado a las necesidades actuales.

A partir del miércoles pasado, los centros educativos disponen de 10 días para presentar alegaciones, las cuáles serán revisadas por la Consejera. Al menos cinco de los trece colegios ya han presentado recursos en contra de la ley educativa de la concertada y dos más están preparando sus alegaciones. El proceso de escolarización empieza el día 19 de este mes por lo que si al final la medida educativa de PSOE y Podemos se acepta estos centros tendrán que ofertar una aula de 1º de infantil menos, a no ser que los colegios decidan ofrecerlas en un régimen privado.

Todo este proceso ha provocado una crisis dentro del Gobierno entre PSOE y CHA. El CHA no apoya la decisión tomada entre PSOE y Podemos. Otros partidos que forman las Cortes han manifestado su desacuerdo como la portavoz de Ciudadanos Susana Gaspar, que considera que con la marcha del martes la población aragonesa demostró su contrariedad a la nueva ley educativa y pidió que el Gobierno rectifique. Javier Lambán ante las reprimendas de sus contrarios declaró: “Rechazo la acusación que se le ha hecho a mi Gobierno de que ha utilizado la educación como moneda de cambio en las negociaciones presupuestarias”.

Laura Juan Lahuerta

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