Fuerte varapalo al Salud aragonés

El Gobierno de España recurrirá ante el Tribunal Constitucional la convocatoria de 1.483 plazas fijas de personal sanitario

A finales del año pasado, el Gobierno de Aragón convocaba 1.483 plazas para el Servicio Aragonés de Salud. 1.483 plazas extraordinarias con las que el Departamento de Sanidad “cumplía con su compromiso” y daba “estabilidad” a la plantilla, según  su consejero, Sebastián Celaya. Una plantilla con un personal temporal de casi el 40 % por aquel entonces. Hasta poco más del 9% iba a caer esta cifra de temporalidad, de acuerdo con las cifras que manejaba el consejero. Todo eran buenas noticias para el Ejecutivo aragonés. Incluso evitaron una huelga que los sindicatos CEMSATSE (Convergencia Estatal de Médicos y Enfermería), CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) y CCOO habían convocado para el 23 de enero.

Pero se acabaron las buenas noticias. El Consejo de Ministros decidió el viernes 17 de marzo recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley del Salud aragonés, por la cual se convocaban estas plazas. Consecuencia inmediata: se suspende la norma y, por tanto, se cancela la convocatoria, tal y como obliga el artículo 161.2 de la Constitución española. Un fuerte revés para la Administración aragonesa.

El recurso

El Ejecutivo de Rajoy lo tiene claro. La Ley 12/2016, de 15 de diciembre, de Salud de Aragón, que permitía convocar estas 1.483 plazas es inconstitucional. Según el Gobierno de España, se trata de una “extralimitación competencial”. Estas nuevas plazas “no computan para el cálculo de la oferta de empleo público, de acuerdo con la tasa de reposición establecida por el Estado en los Presupuestos Generales”, aclara el Gobierno de Rajoy.

Esta ley autorizaba al Gobierno de Lambán a convocar ofertas de empleo público de forma excepcional y extraordinaria para lograr la “consolidación y estabilización del personal”, según recoge el propio texto legal.

Sin embargo, el pasado jueves 23, el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, anunciaba que, tras una reunión entre la secretaría de Estado de Función Pública y los sindicatos CC.OO, UGT y CSIF, el Gobierno se comprometía a convertir el 90% de las plazas de interinos en fijas, en los próximos tres años. Esto implicaría sacar plazas a concurso y que el nuevo personal que las ocupe se convierta en funcionariado fijo.  Este acuerdo entre el Ejecutivo central y los sindicatos podría modificar esta situación y que las plazas puedan, finalmente y con el tiempo, convocarse.

La no respuesta del Gobierno de Aragón

La Diputación General de Aragón (DGA) se quedará de brazos cruzados ante la decisión del Gobierno Central de recurrir la modificación de la Ley de Salud. No dudan en tachar el recurso de  “desafortunado”, pero no llevarán a cabo ninguna actuación.

El director general de Salud en Aragón, Javier Marión, defendió la legalidad de las plazas puesto que no son de nueva creación sino que ya están siendo ocupadas. Cambiaría quién las ocupa: hoy, son interinos quien cubren estos puestos. Con la convocatoria, serían funcionarios. De esta forma, no supondría ningún gasto nuevo para las arcas públicas.

Sin embargo, desde el Departamento de Sanidad han reconocido no tener “margen de negociación” para no acatar el recurso de inconstitucionalidad. Por tanto, solo se convocarán las oposiciones de la oferta ordinaria de empleo. La única alternativa viable que la DGA contempla es que la situación se desbloquee cuando el Ejecutivo central apruebe los Presupuestos Generales del Estado. Hasta entonces las 1.483 plazas extraordinarias quedan suspendidas.

Reacciones

Y no solo el Gobierno aragonés se ha pronunciado respecto a este asunto. La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Aragón considera el anuncio del Gobierno de “extrema gravedad”, ya que “pone en tela de juicio una ley aprobada por unanimidad de todos los diputados de las Cortes de Aragón”.

Por otro lado, el sindicato considera incompetente la actitud de la DGA frente al recurso interpuesto por el Gobierno central y califica de tibia su actuación.

Por su parte, CSIF defiende que al Gobierno no le importa tanto la disminución de las plantillas que han de atender las necesidades sanitarias de los aragoneses como cuadrar sus cuentas. También ha acusado al Ejecutivo de Lambán de “señalar a otros como culpables y lavarse de las manos”, por su no actuación ante el recurso.

El problema de los especialistas

De estas oposiciones recién canceladas iban a salir 266 médicos especialistas que mitigarían la falta de facultativos en los centros periféricos aragoneses.

La presidenta del Colegio de Médicos de Zaragoza, Concepción Ferrer, denunció en enero que 3.500 médicos recién formados habían salido de Aragón en los últimos cuatro años. Ferrer calificó la situación de “crítica” y “muy preocupante”.

Pese a las críticas de los profesionales, la situación no ha mejorado en exceso. El consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, aseguró que el concurso de traslados había cubierto el 90% de las 362 plazas ofrecidas. Sin embargo, la mayoría de estos puestos son en Zaragoza capital, por lo que los pueblos de Zaragoza, así como las provincias de Huesca y Teruel, siguen  teniendo problemas a la hora de cubrir las plazas.

Como solución, la DGA planteó la idea de ofrecer incentivos salariales a aquellos facultativos que se trasladaran fuera de la capital aragonesa. Sin embargo, esto no ha gustado a los sindicatos, que no consideran justos estos incentivos. Y es que piden que el sistema sea diferente: una de las medidas sugeridas consiste en dar facilidades en aquellos médicos que piden el traslado a núcleos alejados de Zaragoza capital.

Una de las situaciones más graves se da en la especialidad de anestesia, sobre todo por las renovaciones de plantilla que hay que cubrir: un 15% en los próximos cuatro años. A lo que hay que sumar el más del 30% que se ha jubilado.

La presidenta del Colegio de Médicos recordaba que es el paciente quien sufre las consecuencias de esta falta de personal sanitario. “No puede ser que la lista de espera esté por encima de los 3 o 4 meses para que te resuelvan una dolencia”, afirmaba.

Se espera que se revierta esta situación si el Ejecutivo de Rajoy cumple con su promesa con los sindicatos de convertir el 90% de las plazas que hoy ocupan interinos en plazas fijas.

Sergio Marín Lafuente

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