Esco y Becerril continúan en los tribunales por el caso Kartódromo

Todo comenzó con El caso Plaza, un caso de corrupción que se destapó en julio de 2013 donde los primeros incriminados fueron los ingenieros y ex delegados de Acciona Aragón, José María Jordán y Miguel Ángel Bretón. Fueron acusados por la presunta malversación de 50 millones de euros de dinero público en las obras de urbanización de la plataforma logística de Zaragoza (Plaza). Ambos, en el momento en el que salió a la luz toda la trama, se encontraban trabajando
en Brasil y Colombia.

La denuncia interpuesta por Fiscalía Anticorrupción fue motivada debido a que el gerente de aquel momento, Jesús Andreu, notificó de la existencia de obras certificadas y no acabadas. Además de una declaración realizada por un trabajador de Acciona, Chabier Mayayo, sobre lo que estaba ocurriendo. Más adelante también se vieron implicados el exgerente de plaza, Ricardo García Becerril, el director técnico de Plaza, Miguel Ángel Pérez y el director de obra de la empresa Intecsa-Inarsa, Nico Groeneveld, por delitos de malversación de caudales públicos, falsedad, cohecho, blanqueo y prevaricación.

Se desarrolló una investigación y registro de los contenedores y archivos de la UTE (Unión Temporal de Empresas), donde el fiscal pudo confirmar la denuncia de Fiscalía Anticorrupción por la presunta malversación. Tanto Jordán como Bretón fueron llamados a declarar a Zaragoza por el juez José Ignacio Martínez, en el Juzgado de Instrucción Número Uno de Zaragoza.

Pero los implicados en el caso Plaza siguieron creciendo hasta llegar a la cifra de más de  veinticinco sujetos, entre los cuales había empresarios, políticos y familiares de ambos. En esta lista se encontraron el dueño del Real Zaragoza y propietario de la empresa Codesport, Agapito Iglesias, cuya empresa era la beneficiaria de la construcción de  decenas de naves industriales, Carlos Esco, ex viceconsejero de Obras Públicas y exconsejero delegado de Plaza, y Ricardo García Becerril, exgerente de la plataforma logística.

Los cinco grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón (PP, IU, PSOE, CHA y PAR) en 2014 crearon una Comisión para llevar acabo la gestión de Plaza, cuyo coordinador fue Antonio Torres del PP. Poco a poco fueron apareciendo más pruebas que inculpaban a Agapito Iglesias. El Gobierno de Aragón aportó pruebas al juez del caso Plaza, que demostraron que el empresario falseó un informe para justificar el “soborno” de 58.000 euros, con los cuales pagó al exgerente de la plataforma logística, Ricardo García Becerril, a principios de 2006.

García Becerril y Carlos Esco fueron imputados por delitos de malversación y cohecho en el denominado caso Kartódromo. Aquí se les acusó del supuesto cobro de una comisión de 661.100 euros en la compra de unos terrenos de Plaza. El juez José Ignacio Martínez les llamó a los juzgados tras la denuncia de Fiscalía Anticorrupción de Zaragoza, ya que el precio de compra de esos suelos era bastante inferior al que pagó Plaza por ellos.

Por lo que ambos implicados perjudicaron a Plaza al comprar los terrenos por 6,3 millones de euros, casi el cuádruple más de su precio real. No se debe olvidar que también fueron acusados de repartirse 661.100 euros (en efectivo) en comisiones. Santiago Becerril, vendedor del kartódromo, confesó ante el juez que hizo tres pagos de 220.370 euros a cada uno como comisión por vender su terreno de una forma ventajosa.

HERALDO DE ARAGÓN

El perito judicial tasó los terrenos del kartódromo que compró la Plataforma Logística de Zaragoza y Plaza Imperial en 2,3 millones de euros. Esta semana se han retomado los juicios del caso Kartódromo, en los que Carlos Esco y Ricardo García Becerril han declarado ante un Jurado Popular para negar que se embolsaron más de medio millón de euros cuando tramitaron la compra del circuito de karts de la autovía de Madrid para construir los accesos al complejo logístico. Tanto Plaza, el Gobierno de Aragón y la Fiscalía piden para ambos penas de prisión de entre 10 y 11 años.

Sin embargo, en el juicio del lunes de esta semana la defensa de Esco y Becerril presentó un Excel en el que el presupuesto para los terrenos que compraron era equivalente al pago que llevaron a cabo por su compra. Además, la defensa apuntó que el documento de Jesús Andreu, prueba que dio comienzo al caso, estaba manipulado.

Por otro lado, se encuentra Santiago Becerril Pastor que, aunque se le atribuyen los mismos delitos que los otros dos acusados: cohecho y malversación, colaboró con la policía y confesó las prácticas ilegales cometidas por lo que se pide para él una pena de prisión inferior de entre un año y medio y siete. A pesar de todo, éste no es el único caso pendiente de Esco y Becerril ya que les espera otro por el caso Plaza en el que la Fiscalía les pide una pena de prisión entre 7 años y
medio y 23.

Laura Juan Lahuerta

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