El Tribunal Constitucional tumba el presupuesto del 1-O

Sede del TC en Madrid (Dani Duch). Fuente: La Vanguardia.

La sentencia, del magistrado Pedro González-Trevijano, ordena que el presidente Puigemont y el resto del Gobierno catalán sean notificados personamente sobre la decisión del constitucional para evitar repetir la situación del 9-N en 2015. El gobierno catalán respondió a la sentencia con su habitual discurso: “El Tribunal Constitucional no podrá anular la democracia”, ecribió Oriol Junqueras, vicepresidente catalán, en su perfil de Twitter.

Por otro lado, el Consejo de Garantías Estatutarias, avisó a los independentistas que el proceso que quieren iniciar vulnera el Estatuto, la Constitución, y limita los derechos y el debate de las minorías. Este organismo, compuesto por miembros del Gobierno autonómico y del Parlamento, señala que la Ley del Referénfumm no debería aporbarse en un solo debate. Así, el organo consultivo apela a la CUP y a Junts pel Sí para dar marcha atrás y no iniciar una modificación del reglamento del parlamento catalán que permititría parobar leyes como la del referéndum o la Ley de Transitoriedad Jurídica.

El gobierno catalán presenta la Ley de Referéndum

El Teatre Nacional de Catalunya (TNC) estaba preparado para Puigdemont y los suyos. Allí, en el escenario, el equipo de Gobierno acogió el martes el acto de presentación de la ley del rederéndum catalán para la independencia. Oriol Junqueras, Lluís Lach de Junts pel Sí y Marta Rovira de ERC fueron otras de las caras conocidas que también estuvieron presentes. Según indica la ley, en función de los resultados obtenidos, la comunidad catalana podría proclamar su independencia en menos de 48 horas.

En el acto, los ponentes dejaron claro el estatus de vinculante del referéndum. En caso de más votos positivos que negativos, en ese mimso 1 de octubre, se procederá a iniciar el proceso de desconexión. En caso de un mayor número de votos negativos, se procederá a convicar unas elecciones negativos. Con una única circunscrición, las mesas electorales tendrán la misma localización que en cualquier otra votación.

“No usaremos la fuerza, ni se nos pasa por la cabeza”, dijo Marta Rovira en su turno de ponencias. De igual modo, Rovira señaló que el referéndum está amparado por el derecho internacional y por el derecho a decidir, por lo que “no contradice el marco jurídico español”.

El gobierno catalán, en primer fila, en el acto de presentación de La Ley de Referéndum en el Teatre Nacional de Catalunya

Será una sindicatura electoral propia la encargada de validar la consulta; y tendrá su sede en cada una de las 4 demarcaciones de la circunscripción. Además, la jornada contará con obsevadores internacionales, personalidades politicas encargadas de vigilar el cumplimiento de las garantías democráticas el 1 de octubre. Puigdemont, en su ponencia, aseguró que respetaría los resultados, hablando de “voto decisivo”. Para el presidente, resignarse a un voto democrático tendría un elevado precio que pagarían las próximas generaciones. “No habrá ningún choque de trenes -expresó Puigdemont-. Uno quedará en vía muerta, que supone el actual estatus quo, y otro que seguirá su marcha. Incluso si gana el ‘no’ cambiarán las cosas”.

El PSOE no contempla aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña

Rajoy y Sánchez se reunieron esta semana en la Moncloa. No obstante, la aplicación el artículo 155 no tuvo lugar en la conversación, a pesar de que algunas viejas glorias socialistas lo habían defendido. Margarita Robles, la recién nombrada portavoz del PSOE en el parlamento, anunció el rechazo de su partido a la aplicación del artículo. De hecho, a día de hoy, el ejevutivo tampoco se plantea la aplicación del artículo 155. Es por ello que presidente del gobierno y secretario general no abordaron este tema, aunque sí analizaron posibles futuros pactos de Estado.

Según el artículo 155 de la constitución, si una Comunidad Autónoma no cumpliera con las obligaciones de la constitución u otras leyes, el Gobierno podría adoptar las medidas necesarias para obligar su cumplimiento forzoso (con la previa aprobación por mayoría absoluta del Senado, una mayoría que posee).

Miguel Nadal

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