El PP suma y sigue

MADRID 21 03 2017 POLITICA Sesion de Control al Gobierno en el Senado En la imagen el Presidente del Gobierno Mariano Rajoy Imagen DAVID CASTRO
Sesion de Control al Gobierno en el Senado En la imagen el Presidente del Gobierno Mariano Rajoy. Imagen DAVID CASTRO

Los diferentes grupos parlamentarios han decidido tomar partido e imponerse al PP para poner a Bárcenas a los ojos de un Congreso que se celebró la semana pasada acerca de las sucesivas supuestas financiaciones ilegales llevadas a cabo por miembros de la propia coalición.

El Partido Popular se ha rendido debido a su reciente fallo en el momento de poner punto y final al inicio de la comisión de investigación acerca de este asunto. PSOE, Podemos y Ciudadanos, partidarios de poner una radical solución a los escándalos, han pactado imponer dicha comisión, con la condición de que el primero en compadecer fuese Luis Bárcenas.

Inicialmente, el PSOE quería que fuera Mariano Rajoy el primer compareciente, pero ha aceptado cambiar el orden para poder pactar con los otros partidos. El PP considera que es una “cacería” y ha amenazado con recurrir a los tribunales para parar la comisión.

Según Maillo, número tres del PP, el partido está enteramente dispuesto a recurrir si fuese necesario al Tribunal Constitucional para llevar a cabo un conflicto de atribuciones.

Por el contrario, el PP afirma que la investigación debe presentar unos límites: temporales, territoriales y de fondo. Según explican, debe limitarse a analizar únicamente los acontecimientos acaecidos durante el 2015, que es el momento en el que se modificó el Código Penal, momento en el que se incluye la tramitación de un delito por financiación ilegal.

Añaden que el Partido Popular debe referirse solamente al nacional y no a la coalición en las diversas comunidades ya que en el Congreso no se lleva a cabo el análisis de los movimientos que se realizan a nivel autonómico. La tesis que sostienen los populares es que la comisión se tiene que encargar de investigar la financiación de todos los partidos, ya que, de otra manera podrían aprobar con sus votos directrices contrarias al PP.

Sin embargo, el Partido Popular ya había ratificado un acuerdo con Ciudadanos en el momento en el que Rajoy fue investido para elaborar una comisión sobre dicho asunto. Y no contemplaba más opciones. La principal traba con la que cuentan los populares en que en otras ocasiones, los debates o comisiones mantienen posiciones diferentes, mientras que en la actual hay un objetivo común que es el acuerdo sobre las comparecencias. Motivo por el que el acuerdo tripartito no presenta límite temporal.

El juez procesa al expresidente de Murcia por la Púnica

Pedro Antonio Sánchez asegura que solo se reunió una vez con los relativos de la trama y después de que estos lo solicitaran en múltiples ocasiones. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha abierto auto de procesamiento al expresidente de la comunidad autónoma por su posible implicación en la operación Púnica. El juez da por terminada la fase de investigación del caso y ha ordenado la continuación del proceso “por los trámites del procedimiento abreviado”.

El magistrado, Enrique Quiñonero, ha negado que contratara ningún trabajo con las empresas de la trama cuando era consejero de Educación. El auto considera que pueden ser “hechos punibles” los contactos de Sánchez con las empresas de la trama, las condiciones negociadas con ellos y el acuerdo de cargar el presupuesto a los fondos de la Consejería y que los trabajos no llegaron a materializarse ni a cobrarse porque la operación policial estalló antes, en octubre de 2014, cuando estaba previsto que comenzasen en noviembre de ese año.

El expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ha asegurado este martes que nunca solicitó reunirse con los representantes de empresas de la trama Púnica, sino que se encontró con ellos una sola vez, y no cuatro como apunta la investigación judicial, a instancia siempre de esas compañías. Según ha explicado a los medios de comunicación al salir del tribunal, donde ha permanecido unas dos horas, su defensa ha negado que se firmara contrato alguno con la trama, que llegó casi a “acosar” a su secretaria presentando sus propuestas, según ha dicho.

Según el tribunal, Sánchez pudo cometer actos ilícitos en 2014, cuando era consejero de Educación, al acordar con empresas de esa trama la contratación de trabajos para mejorar su reputación en internet. Según la exposición razonada del juez Eloy Velasco, el ex presidente concertó varias citas con representantes de las empresas de la trama y llegaron incluso a acordar el precio de los trabajos, que supuestamente se cargarían a los presupuestos de la Consejería, aunque el contrato no llegó a materializarse porque la trama estalló antes.

Sánchez estaba entonces a punto de entrar en la pugna por ser el candidato del PP a las elecciones autonómicas de mayo de 2015, y esos trabajos pretendían generar información positiva que contrarrestara las noticias sobre su posible implicación en el caso Auditorio, por el que también está imputado y le llevó a declarar ante el TSJ hace justo tres meses, el 6 de marzo. El pasado viernes 2 de junio, el fiscal del TSJ solicitó la apertura de juicio oral contra Sánchez y otra decena de personas por ese caso y el magistrado podrá tomar una decisión al respecto esta misma semana.

A principios de abril, Sánchez dimitió como presidente de Murcia, aunque sigue siendo el presidente del PP regional y mantiene su acta de diputado, por lo que está aforado y el TSJ es el único tribunal competente para investigarlo.

El instructor, a la vista de las actuaciones remitidas por la Audiencia Nacional, y una vez oída la declaración de Sánchez, que se ha prolongado por espacio de una hora aproximadamente, estima que se han practicado las diligencias “necesarias y suficientes para determinar la naturaleza y el grado de participación en los mismos de los investigados” y ordena la continuación del proceso por los trámites del procedimiento abreviado.

Una vez valorada de forma conjunta las transcripciones telefónicas, los datos de geolocalización de los terminales, el material intervenido y las manifestaciones de las distintas personas que han prestado declaración a lo largo de la instrucción, el auto sintetiza en tres párrafos como hechos punibles los siguientes: los contactos del que fuera consejero de Educación y un miembro de su gabinete con personas relacionadas con dos empresas para mejorar la imagen pública de Pedro Antonio Sánchez.

En concreto, argumenta que entre los meses de junio a octubre de 2014, Sánchez y un miembro de su gabinete, “actuando de común acuerdo y con el objetivo de mejorar la imagen pública de Sánchez de cara a su postulación como candidato a presidente en las próximas elecciones regionales de Murcia, en competencia con otros miembros de su partido, mantuvieron reuniones presenciales e intercambio de llamadas telefónicas y mensajes de correo electrónico y por servicios de mensajería telefónica con diversas personas relacionadas con las mercantiles EICO ON-LINE y Madiva Editorial y Publicidad S.L”.

De hecho, apunta que, en el curso de esos contactos y negociaciones previos al acuerdo, “éste último recibió de sus interlocutores un primer informe de percepción inicial”. Hechos en los que “aparecen presuntamente como responsables” los investigados y, que según recoge la fundamentación de la resolución, podrían ser constitutivos de delitos contra la Administración Pública.

En los fundamentos jurídicos, se recoge, igualmente, que “todos esos datos dan cuenta del proceso completo de concertación entre los investigados con el objetivo ya reseñado, permitiendo un seguimiento continuado desde sus momentos iniciales hasta la concreción de los términos y condiciones en que se habría finalmente consensuado la realización de los referidos trabajos reputacional”.

Tras esta resolución, una vez firme, el Ministerio Fiscal y las demás acusaciones personadas tendrán 10 días para formular escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa, “sin perjuicio de que excepcionalmente puedan solicitar la práctica de diligencias complementarias que consideren indispensables para formular acusación”, concluye la parte dispositiva del auto.

Velasco sigue al pie del cañón

El juez Eloy Velasco seguirá al frente de la instrucción de los casos Lezo y Púnica hasta que se incorpore el titular del Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón.

El Consejo General del Poder Judicial anunció el pasado jueves que Velasco siga temporalmente a cargo del juzgado del que se ha ocupado hasta hace unos días, cuando lo abandonó tras haber obtenido una plaza como magistrado de la nueva sala de apelaciones de la Audiencia Nacional.

Su futuro sucesor, García Castellón ha pedido volver, pero no se incorporará hasta los primeros días de julio, por lo que Velasco volverá a ese juzgado para hacerse cargo del mismo hasta entonces.

Velasco abandonó hace dos semanas el Juzgado de Instrucción 6 en un momento en el que debía de hacerse cargo de los asuntos urgentes del mismo la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. Pero la magistrada trasladó al juez decano, Santiago Pedraz, que no podía ocuparse de dos juzgados a la vez, por lo que la Audiencia planteó dos opciones: que fueran los jueces de instrucción de guardia los que llevasen los asuntos de ese juzgado; o que Velasco se quedara en comisión de servicios unas semanas más. Finalmente, la solución tomada por la comisión permanente fue esta última.

Sara González

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