El nacionalismo catalán acelera el proceso independentista rodeado de corrupción

El Govern Catalán defendió recientemente una reforma exprés del reglamento de la Cámara, con el fin de agilizar la ruptura entre Cataluña y España. Junts Pel Si (JxSí), integrado por ERC y CDC, anunció sus intenciones en pleno periplo judicial de éste último. El partido de Puigdemont está directamente afectado por los casos de corrupción del 3 per cent y el Caso Palau, así como por el juicio por la consulta ilegal del 9N.

Junts Pel Sí registró el pasado día 7 su propuesta en el Parlament, que incluye la posibilidad de tramitar una proposición de ley en un solo día, valiéndose del apoyo de un único grupo parlamentario y con una única lectura, con el fin de evita el veto de los tribunales. Con la ley vigente, para aprobar leyes en una lectura única, es necesaria la firma de todos los partidos. JxSí suma mayoría en la Mesa del Parlament, por lo que no han tenido problema en que la propuesta fuera admitida a trámite.

Sin embargo, el plan no tiene apoyos más allá de los partidos nacionalistas, incluso los letrados de la Cámara han emitido un “informe verbal negativo” sobre el proyecto de Junts Pel Si. Según el propio reglamento del Parlament, las propuestas de este tipo deben ejecutarse mediante una ponencia conjunta.

Las críticas de los partidos de la oposición no se han hecho esperar. El portavoz del Partido Popular en Cataluña ha avisado que “se activarían los mecanismos legales”, y la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, ha asegurado que “No irán a ningún sitio por mucho que corran”. Desde Ciudadanos, el portavoz adjunto Fernando del Páramo, ha indicado que la intención de JxSí es configurar “un reglamento a medida para hacer lo que les dé la gana, para poder hacer trampas”.

Los partidos de izquierdas en la oposición tampoco se han mostrado conformes con los planes de los nacionalistas. Desde Catalunya Si Que Es Pot, defensor del llamado “derecho a decidir”, han tachado el proyecto de “burla” a la ciudadanía. Por parte del PSC, Miquel Iceta critica que se intenten modificar leyes históricas “con nocturnidad o por la puerta de atrás”, y manifestó la voluntad de su partido de frustrar los planes de JxSi valiéndose de “todos los instrumentos de la legalidad”.

Un partido afligido por la corrupción

Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), principal integrante de Junts Pel Si, prosigue con sus intenciones independentistas mientras se encuentra envuelto en multitud de casos de corrupción. El partido lleva años en el foco de atención de la prensa y la justicia por sus presuntas actividades delictivas, especialmente desde que Jordi Pujol confesara en 2014 haber cometido evasión fiscal. Según informa el Consejo General del Poder Judicial, Cataluña es la comunidad con más corruptos procesados.

En los últimos días, el protagonismo ha recaído en el ex tesorero de CDC, Andreu Viloca y en el exconseller Garmà Gordó, por su implicación en la trama del 3 per cent. Tal tejido se basa en el presunto cobro ilegal de comisiones en los contratos de obras públicas, consiguiéndose así la financiación ilegal de Convergencia.

Otra trama delictiva que ha cobrado un importante protagonismo en los últimos días es el Caso Palau. El juicio por este caso ha comenzado este mismo mes de marzo, pasados ocho años desde que se destapó la trama. El principal delito investigado es el desfalco cometido por Félix Millet, presidente del patronato de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música, durante la primera década del siglo XXI.

Millet admitió los hechos la semana pasada y pidió disculpas. El señalado desvió fondos públicos del Palau para fines privados, desde viajes hasta reparaciones de electrodomésticos. En el caso también están implicados la ex mano derecha de Millet, Jordi Montull y la hija de este, Gema Montull. Jordi Montull tramita un acuerdo con la fiscalía para evitar que su hija ingrese en prisión.

El Caso Palau se relaciona directamente con la financiación irregular de Convergencia. Millet ha confesado este jueves en sede judicial que recibió mordidas del 2’5% de contratistas de obras públicas, así como el desvío a Convergencia de fondos públicos destinados al Palau: “Ferrovial hacía donaciones para que el dinero fuero a Convergència a cambio de obra pública que daba Convergència. No lo dije en mi confesión pero esta es la verdad”.

Juicio por el 9N

Altos dirigentes de CDC también se están viendo obligados a acudir a los juzgados en las últimas semanas por su implicación en la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014. El expresident Artur Mas declaró junto a las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a principios de febrero, mientras que el diputado Francesc Homs prestó declaración ante el Tribunal Supremo la semana pasada, por su condición de aforado.

Mas confesó que la iniciativa del 9N “había sido suya”, y aseguró que no tenían “ánimo de desobedecer a nadie”. Por su parte, Homs declaró ante el magistrado que asume “todos los hechos”, pero negó haber “cometido delito”. A diferencia de Mas, Homs si respondió a las preguntas de la fiscalía.

Pese a que Francesc Homs es licenciado en Derecho, el acusado aseguró que “No había forma humana de entender” la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el 9N. La fiscalía asegura que la resolución era “perfectamente clara” y pide penas de inhabilitación para Homs, condena que también podría recaer en el resto de acusados. Homs cerró su intervención en el tribunal asegurando que “este año” habrá referéndum.

Ignacio López Solans


 

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