El Gobierno toma el control de las cuentas de la Generalitat

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa de este 15 de septiembre en La Moncloa. Foto: EFE.

La Generalitat ya no podrá hacer un uso libre de su presupuesto. A partir de la semana que viene, todos los gastos públicos realizados por la comunidad catalana serán ejecutados por Hacienda. Así, bajo el control de Cristóbal Montoro, Ministro de Hacienda, se impedirá el desvío de fondos al referéndum ilegal del 1-O. Hacienda manejará ahora los cerca de 1.400 millones de euros que la comunidad destina a gastos públicos: sanidad, educación, protección civil, dependencia, ayudas familiares y las nóminas de los funcionarios. La duda, ¿Hasta cuándo este control?: “Durante el tiempo que dure esta situación”, señaló Montoro. Para la Generalita este control supone la aplicación del artículo 155 de la Constitución, pero “por la puerta de atrás”.

El proceso de independencia catalán se complica día a día. La justicia, el gobierno, y hasta el servicio postal han adoptado medidas para impedir el referéndum del 1-O. La Fiscalía catalana ordenó esta semana a las fuerzas de seguridad el requisamiento de las urnas. El tribunal Constitucional, por su parte, ha suspendido el decreto de convocatoria del referéndum que la propia Generalitat firmó. Sin embargo, los grupos independentistas se cierran ante los decretos de la justicia y el gobierno central: “Somos insumisos de todos los tribunales y gentes que solamente buscan preservar la indivisible unidad de su patria. Ese no es el fundamento de nuestro derecho”, manifestaba Jordi Sànchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana el día de la Diada.

El Gobierno central ha posicionado su estrategia en evitar la consulta para no tener que hacer uso de las fuerzas de seguridad cuando llegue el  1-O. Como ya anunció la semana pasada el Gobierno, apoyándose en decretos judiciales, la amenaza reside en la detención de los alcaldes y otros cargos públicos que cedan locales públicos para la colocación de urnas o la celebración de actos relacionados con el referéndum. “Si a alguien se le cita para acudir a una mesa electoral, que no vaya porque no puede haber referéndum y sería un acto absolutamente ilegal”, señaló el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, esta semana en los pasillos del Congreso.

Frente a la resistencia de los municipios catalanes, los alcaldes de las grandes ciudades han comunicado que acatarán la decisión de los tribunales. Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, ya anunció la semana pasada que, por cuestiones de responsabilidad a la ciudadanía, la capital no cedería locales ni personal público para el 1-O. No obstante, Colau expresó esta semana en la Diada que el ayuntamiento haría “todo lo posible para que aquellos que quieran puedan votar”. Por otro lado, el servicio postal Correos ha anunciado que no distribuirá correspondencia relacionada con el proceso independentista catalán.

Respecto a la permanencia de una Cataluña independiente en la Unión Europea, Juncker, jefe del brazo ejecutivo comunitario, habló esta semana sobre el margen de actuación comunitario: “La Comisión Prodi, la Comisión Barroso y la mía seguiríamos y respetaríamos las decisiones del Tribunal Constitucional español. Es evidente que si un sí a la independencia de Cataluña llegara algún día, respetaremos esa decisión, pero Cataluña no podría ser miembro de la UE al día siguiente. Sería sometido a un proceso de admisión”.

Miles de ciudadanos se manifestaron en Barcelona para celebrar la Diada

Pancarta del sí al referéndum (Albert Gea / Reuters)

Cerca de un millón de personas salieron a las calles de Barcelona para celebrar la Fiesta Nacional de Cataluña bajo un claro halo independentista. Los manifestantes formaron una marea amarilla vistiendo camisetas con el texto “Sí. Referéndum es democracia”.

Haciendo uso de las formas del plano hipodámico del ensanche de la ciudad, los manifestantes formaron una cruz donde en el centro se desplegaron grandes pancartas proclamando su derecho al referéndum.

Un carta para el Rey

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, han enviado una carta al rey Felipe VI y al presidente Rajoy pidiendo una salida a la cuestión catalana.

En ella plantean “un llamamiento al diálogo” para llegar a un acuerdo y para que los catalanes celebren el referéndum. “Un diálogo abierto y sin condiciones. Un diálogo político, desde la legitimidad que cada uno representa, para hacer posible lo que en democracia nunca es problema ni todavía menos un delito: escuchar la voz de la ciudadanía”, escriben. Puigdemont, Junqueras, Forcadell y Colau justifican ante el Rey el derecho a un referéndum pactado por “el apoyo incuestionable de la sociedad catalana” mostrado en “las movilizaciones masivas y lso resultados electorales”.

Las cosas se complican cada vez más cuando faltan a apenas dos semanas para el referéndum del 1 de octubre tan ansiado por los independentistas.

Miguel Nadal

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