El Gobierno bloquea la financiación de la Generalitat para el 1-O

El portavoz del Goiberno, Méndez de Vigo, ante la prensa tras el Consejo de Ministros.

El Gobierno central ha puesto en marcha su maquinaria contra el referéndum unilateral del 1-O tras meses de inmovilismo repitiendo el mismo discurso. La ejecutiva de Rajoy se encargará de controlar los gastos de la Generalitat para evitar el desvío de gastos al referéndum. Serán los responsables económicos de los diferentes departamentos de la Generalitat los encargados de certificar semanalmente ante el Ministerio de Hacienda que no se ha realizado ningún tipo de inversión. En caso de que se descubriera lo contrario, el Gobierno bloqueará las transferencias a la comunidad.

Tras el Consejo de Ministros, el portavoz Méndez de Vigo defendió la actuación del Gobierno, justificando que “el dinero de los españoles no pagará un referéndum ilegal”. Estas palabras despertaron la furia en Puigdemont, que respondió al portavoz en Twitter: “El dinero público de los catalanes que ha servido para sufragar la guerra sucia y ha pagado informes falsos, ¿nos los puede volver, ministro?”

Las crisis se contagian

Si la semana pasada Puigdemont cambiaba su ejecutiva, dándose por hecho una crisis de posiciones dentro de la Generalitat, esta semana le ha tocado a los Mossos d’Esquadra. Albert Batlle, director de los Mossos, dimitió este lunes. El ya exdirector siempre se caracterizó por su neutralidad en la cuestión independentista. De hecho, durante la jornada del 9-N de 2014, pidió a todo el cuerpo un ejercicio políticamente neutral de sus funciones. Con la llegada del nuevo conseller de Interior Joaquin Form, que encabeza la postura del ir hasta el final con el referéndum del 1-O, Battle ha dejado el cargo.
La neutralidad de Battle cae en saco roto tras la llegada del sustituto de Battle: Pere Soler i Campins, integrante del segundo gobierno de Artur Mas. Allá por octubre de 2016, cuando el PSOE anunció en Twitter su abstención en la investidura de Rajoy, el ahora director de los Mossos respondía a los socialistas: “Espero que nos marchemos ya porque me dais pena todos los españoles”. En 2015, en repuesta a las cuentas de la Unión Europea, Pere Soler tuiteaba “¿Seguro que no nos querréis? Nos suplicaréis que nos quedemos, porque si no, ¿quién os pagará la deuda española? Venga hombre, ¿lo pilláis?”.

La dimisión del director de los Mossos no ha sido el único daño colateral que el 1-O ha ocasionado esta semana. De nuevo, en la Generalitat, la secretaria de Enseñanza, María Jesús Mier, presentó su dimisión ante la nueva consejera de educación. Clara Ponsatí ya ha encontrado a su sustituto: Lluís Baulenas, antiguo director general de Centros Públicos. La purga del Govern no terminan aquí. La Generalitat y todos sus satélites seguirán presenciando cambios, ya que, según la hoja de ruta marcada por Puigdemont, solo los comprometidos con el proceso independentista y con sus consecuencias permanecerán a su lado.

El revés del letrado mayor

Antoni Bayona, letrado mayor del Parlament de Catalunya, ha puesto en duda la legitimidad del referéndum del 1-O y las bases jurídicas sobre las que se asienta. Este hecho supone otro varapalo más para Puigdemont y su proyecto independentista. Aunque a favor del derecho a decidir, Bayona escribe en un artículo en Revista catalana de dret públic que “ni la Generalitat ni el Estado pueden convocar un referéndum o una consulta popular que pueda afectar al orden constitucional”.

Respecto a la crítica de los independentistas al Gobierno español de “antidemocracia”, el letrado considera que constituye un grave error de aplicación política y jurídica el suponer que ciertos déficits del Estado español son formas arbitrarias de poder.

Por otra parte, Bayona difiere en la interpretación que Puigdemont concedió a los resultados de las últimas elecciones catalanas (27-S), pues los independistas obtuvieron mayoría en escaños con la unión de Junts per Sí y la CUP, no en votos: “Si desde el punto de vista político las elecciones debían constituir un plebiscito para comprobar la existencia de una mayoría social a favor de la independencia de Catalunya, este objetivo político no se logró, y no parece correcto desnaturalizarlo con el criterio de los escaños obtenidos”.

La Guardia Civil entra en el Parlament

La Guardia Civil se personó en el Parlament, al Palau de la Generalitat y en la Conselleria de Justicia para requerir documentación sobre la investigación del diputado no adscrito de la cámara y exconseller de Justicia de Artus Mas, Germá gordo, en relación con el caso del 3%, por el que declarará el lunes como investigado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

En un primer momento, Jordi Turull, conseller de Presidencia, ofreció a los agentes a permanecer en la sala de espera, dónde les entregarían los papeles. Turull decía querer evitar así “escenificaciones mediáticas”. Finalmente, la Guardia Civil insistió en la necesidad de obtener la información en soporte digital, por lo que un agente accedió y verificó la documentación aportada.

Gordó está siendo investigado por las presuntas comisiones que su partido, CDC, cobró a empresarios a cambio de donaciones públicas. La búsqueda de documentación se realizó en el departamento de informática, no siendo necesario el registro de su despacho.

Miguel Nadal

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *