El estado de Derecho no puede ceder ante la histeria

Manifestación en apoyo a la víctima de Pamplona | EFE/NACHO GALLEGO
Manifestación en apoyo a la víctima de Pamplona | EFE/NACHO GALLEGO

Es posible que este artículo provoque una caída de seguidores en mi twitter; incluso que algunos de mis amigos me dejen de hablar, y que otros empiecen a mirarme con sospecha, pero creo que cada uno dentro de nuestra parcela pública tenemos la obligación de decir con libertad lo que pensamos y, sobre todo, pensar libremente lo que luego queremos decir. El problema empieza cuando cada vez pensamos menos con libertad y, en consecuencia, no nos atrevemos a decir otra cosa que no responda a la moda populista o emocional que en todo momento impongan las masas, unas masas que en pleno siglo XXI y habiendo sido en su inmensa mayoría alfabetizadas ya no se pueden achacar sus carencias y sus comportamientos irracionales a que no saben ni leer ni escribir, al menos en teoría.

Sin necesidad de hacer de esto un pliego preventivo de descargo a mi favor, sí me gustaría puntualizar dos aspectos. En primer lugar, todo lo que representa la “manada” y se ha ido conociendo de ellos, tanto a nivel colectivo como individual, me produce un rechazo absoluto. Podría decirse que estos 5 tipos encarnan los peores vicios que podría enumerar dentro de la gente joven, por lo que mi sentimiento hacia ellos es de absoluta aversión. Y, por otra parte, tengo claro que la situación vivida por su víctima en aquel portal acorralada es algo que nadie querría ni para sí mismo ni para ningún ser querido. Con esto creo que dejo clara mi opinión sobre los culpables y sobre la víctima.

Lo que quiero tratar en mi artículo es sobre la reacción absolutamente histérica, populista, intolerable, desproporcionada y liberticida, de muchos colectivos, partidos políticos, periodistas y demagogos de la farándula, ante la Sentencia provisional sobre el caso de la Manada, y que supone una embestida contra los pilares básicos de nuestro estado de Derecho, contra el más elemental respeto a los procedimientos y, en definitiva, contra esa sagrada “libertad de expresión” que cada vez es más restringida precisamente por aquellos que más la invocan cuando escuchan opiniones distintas a las que ellos dictan como únicas y aceptables, teniendo su raíz en una especie de lobby feminista radical que se ha ido aceptando como legítimo y habilitante por todos los actores sociales y políticos hasta el punto de que estamos encaminándonos a un clima inquisitorial que ni favorece los derechos inalienables de las mujeres ni la lógica convivencia entre ellas y los hombres. Un feminismo radical, obsesivo y totalitario que ha llegado a conseguir carta de naturaleza racional en periodistas y políticas brillantes y exitosas que han preferido prescindir de cualquier elemento crítico y se han prestado voluntarias a una inmersión autodestructiva de feminismo radical.

Es cierto que muchos gurús de las redes han explicado que el Poder Judicial y su actuación está sujeta a la crítica de la sociedad, y desde luego esto nadie lo niega. Es el famoso “respeto a las sentencias” que siempre utilizan los políticos aunque esconda una hipocresía manifiesta. Pero eso era hasta hace unos días, porque a partir de la Manada hasta los políticos han entrado en una competición para ver quién hacía más méritos feministas y criticaba con más dureza la Sentencia. Empezando por el actual Ministro de Justicia- una catástrofe sin paliativos- hasta llegar a un PSOE encabezado por un líder ayuno de categoría intelectual alguna que pide a los jueces que escuchen a la calle cuando tengan que decidir en sus procesos judiciales. De Podemos es mejor ni hablar porque sus soflamas y sus ataques a la justicia está a la altura de los peores representantes del amarillismo y de los carroñeros de la farándula.

Creo que de un partido que ha gobernado más de dos décadas nuestro país no se puede aceptar que aparezca su número dos a pedir “que se reforme la Constitución” para evitar sentencias como esta de la Manada. No sé por qué pero todos estos mediocres semianalfabetos que viven del presupuesto público siempre acaban recetando una reforma constitucional ante cualquier problema complejo o de moda.
Al menos el presidente del CGPJ ha decidido ejercer su cargo y denunciar los ataques intolerables que están recibiendo los jueces como colectivo, defendiendo el funcionamiento de nuestros tribunales y recordando los recursos habilitados que existen cuando alguien siente que la justicia, en primera instancia, no ha juzgado como debía. El clima histérico en el que vive este país de manera permanente acabará teniendo consecuencias graves que pagaremos todos tarde o temprano, porque el primer pilar de un sistema democrático es el funcionamiento efectivo de su estado de Derecho, de su principio de legalidad y su tutela judicial efectiva. Hay políticos, periodistas y referentes al por mayor dispuestos a pisotear las más elementales garantías ciudadanas con tal de obtener 5 minutos de fama en una tertulia o miles de retuits. La gravedad de este comportamiento, insisto, solo lo entenderemos dentro de algunos años si no se le pone remedio a esta locura global.
Nuestra Constitución nos dice que la Justicia “emana del pueblo”, pero esto no quiere decir que el pueblo pueda autoproclamarse juez ni fuente alguna de derecho. Los jueces y los legisladores tienen la obligación de actualizar las leyes según vayan evolucionando sus fundamentos y la naturaleza social, pero esto tampoco significa que la ley tenga que someterse a los apetitos más voraces de la venganza popular. Sea como sea, me temo que el círculo vicioso y autodestrutivo iniciado con el infame 15-M ha llegado a su fin, cerrándose con este último ataque a lo único que quedaba sin dañar premeditadamente: el funcionamiento de la Justicia. Sigamos apretando dicho lazo del malestar que nos falta poco para quedarnos sin el aire necesario con el que vivir en un estado social y democrático de derecho, tal y como indica nuestra Constitución.

Marcial Vázquez, politólogo 

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