El encaje entre Cataluña y el resto de España

AP Photo Emilio Morenatti

Según la tercera Ley de Newton, a toda acción se opone una reacción igual y de sentido contrario, como lo demuestra la acción de declarar unilateralmente la República catalana y la reacción de aplicar el Artículo 155. De momento, la situación permanece en reposo tras las elecciones del 21 de diciembre. Como por otra parte, la primera Ley de Newton dice que un cuerpo permanecerá en reposo –o a velocidad uniforme– a menos que otras fuerzas actúen sobre él, para salir del estado de inercia en que está la cuestión catalana será necesario aplicar otras fuerzas para que se mueva, no se puede caer en un ciclo recurrente de nuevas DUI y nuevos 155 cada tres o cuatro años.

El problema catalán no se resuelve con la independencia pues es un conflicto entre catalanes y no con las demás autonomías. La sociedad catalana seguirá dividida y desde la independencia no será posible seguir culpando de los errores propios al “Gobierno de España”. Por otro lado, que un número importante de votos de Pedralbes hayan ido a la CUP indica que una buena parte de la burguesía independentista busca atajos, convencidos de ser ellos quienes seguirán controlando todo el poder en la eventual República catalana, y en tal caso sin interferencias de otros poderes externos.

Parece que Puigdemont ha declarado que caben otras vías para garantizar el encaje de Cataluña con el resto de España. Digamos parece, pues no sabemos si tal anuncio apunta hacia un retorno de la derecha catalana a posiciones nacionalistas –de las que no debía haberse movido– tras su fallida incursión por la independencia, o si por contra, se trata de una estrategia del abogado defensor.
Esa nueva vía habrá de pasar por una reforma del Título VIII de la Constitución que, abriendo nuevos escenarios para la organización territorial, dé estabilidad a las relaciones de Cataluña y País Vasco con el resto de las Comunidades Autónomas, y preserve la unidad indisoluble de España tal como proclama el artículo segundo.

La tensión centralismo – regionalismo – nacionalismo – federalismo está en las raíces de la construcción de España como nación desde los Austrias. No es por tanto una cuestión menor: El consenso constitucional del 78 logró resolverlo, pero como estamos comprobando hoy, solo de forma provisional. No debemos olvidar que en el referéndum, hubo abstención mayoritaria en el País Vasco, y que fue mucho menor en Cataluña gracias al apoyo de los nacionalistas, hoy alineados con la independencia.
El PSOE no ha tenido fortuna al explicar el concepto de nación de naciones, que a más de ser un problema semántico, se trata de una cuestión de sentimientos que no de razones. Aunque parezca poco relevante, debería permitir la mejora del diálogo con quienes se consideran “diferentes” en algunas Comunidades Autónomas, los cuales si vieran reconocida esa sensibilidad, ciertamente no apoyarían iniciativas separatistas.

El sentimiento nacional invoca razones de cultura, de lengua, de tradiciones, de paisajes, de maneras diferentes de interpretar la historia, identidades que contribuyen a dar coherencia a las sociedades, fortaleciéndolas para realizar proyectos comunes. Ahora bien, ese sentimiento identitario, ese sentirse diferente, nunca podrá justificar creerse mejor, ni pensar que, por ello, se tienen más derechos, más privilegios, tal y como resulta fácil de observar estos días en el trasfondo del discurso independentista.
Resulta penosa nuestra falta de capacidad para asumir identidades tales como “Estados Unidos de América” o “Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda”.

La reforma de la Constitución exige del compromiso y la participación de la mayoría de la Cámara: Podemos no puede quedarse fuera, tampoco los nacionalistas no separatistas. Al discurso negacionista de Podemos sobre el consenso en la Transición, se añaden sus contradicciones internas, propias de lo heterogéneo de la formación, que genera discursos diferentes según hable desde Barcelona o desde Madrid. A partir de ahora,Podemos deberá superar esos problemas internos y sumarse lealmente a la reforma de la Constitución. Del PNV, que no se juega nada en la reforma, pues disfruta de más autonomía y una financiación especial, debemos esperar que actúe, cuando menos, con neutralidad. La extinta CiU tendrá que salir antes del embrollo en que se encuentra. De Esquerra, cualquier cosa, de momento.
Por su parte, Ciudadanos mantiene un discurso radical en Cataluña, no en vano nació allí como reacción al avance del independentismo. Sin embargo, en Madrid se posiciona dentro del liberalismo y estará dispuesto a participar con lealtad en el debate para actualizar la Constitución.

Mucho más preocupante es lo que pueda hacer el PP, pues nunca se había mostrado tan poco fiable. Tras el apoyo del PSOE a la aplicación del 155, condicionado a aceptar abrir el debate a la reforma Constitucional, Aznar, en otra de sus deplorables declaraciones, ha anunciado: No demos a Cataluña a plazos lo que piden al contado, confundiendo otra vez los fundamentos del debate. El ala integrista española del PP se ha apresurado a proclamar que ya es hora de recuperar competencias que no se deberían haber transferido nunca, como la educación, alegando que en Cataluña se habría utilizado para adoctrinar a los jóvenes. Tras el discurso subyace un deseo irrefrenable de liquidar el Estado de las Autonomías. Alguien del PP debería decirle al Sr. Aznar que se guarde las impertinencias y no siga rompiendo España.

Si la idea de Nación debemos entenderla como algo que pertenece al universo de los sentimientos, la distribución de la riqueza es una cuestión terrenal, puramente material y conviene no mezclarlas ni confundirlas. La solidaridad interterritorial, expresada a través de la transferencia de recursos de las Comunidades más ricas hacia las menos desarrolladas, es un principio irrenunciable, no ya para la socialdemocracia, sino para toda política de progreso. La reforma constitucional debe solucionar la financiación de las Autonomías de forma clara, y garantizar la solidaridad.

Y la izquierda debe tratar de blindar en la Constitución las políticas sociales, para que la educación, la sanidad o el sistema de pensiones sigan siendo públicos, poniendo freno al afán privatizador de la derecha que, hasta ahora, no ha hecho sino encarecer las prestaciones y deteriorar la calidad de los servicios.

Santiago Marraco, Presidente del Gobierno de Aragón entre 1983 y 1987

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