El embalse de Biscarrués, un proyecto muy discutido

CHA exige responsabilidades al Gobierno central tras la anulación del proyecto por la Audiencia Nacional

“Pantano de Biscarrués sí”, “Pantano de Biscarrués no”. El debate parecía llegar a su fin con el rechazo de la Audiencia Nacional al planteamiento del embalse de Biscarrués, en el río Gállego (Huesca). Pero esta sentencia no ha zanjado la polémica. El vicesecretario general de Relaciones Institucionales y Política de CHA, Gregorio Briz, ha exigido al Gobierno de Mariano Rajoy que abandone el proyecto y asuma responsabilidades políticas por el “varapalo”. que ha supuesto la sentencia que lo anula.

No todo el mundo ve la construcción del embalse de Biscarrués con buenos ojos y prueba de ello es la ardua controversia que ha habido al respecto. La presa de Biscarrués, un muro de 53 metros proyectado 800 metros aguas arriba de este pueblo de 195 habitantes de la comarca de la Hoya de Huesca, forma parte de un sistema de regulación de los ríos Gállego y Cinca concebido en 1915. El objetivo de la obra es aumentar las hectáreas de regadío en las comarcas de Sobrarbe, Somontano y Los Monegros. Calificada de “interés general” desde 1992, también busca regular las posibles avenidas provocadas por las lluvias y el deshielo pirenaico que alimentan el caudal del Gállego y construir una pequeña central hidroeléctrica aprovechando un salto de agua. El presupuesto de la infraestructura ronda los 124 millones de euros.

El sábado 10 de junio, en una reunión en Ayerbe de la Comisión de Coordinación de CHA Altoaragón, la secretaria general de CHA, Carmen Martínez, abogó por parar la construcción del embalse de Biscarrués porque suponía “destruir la economía sostenible de la zona y dejarla sin alternativa”. “Nuestro rechazo al pantano de Biscarrués es una cuestión de respeto al uso de dinero público, de dignidad con el Reino de los Mallos, de coherencia con el apoyo a un modelo de desarrollo de economía sostenible que se ha instalado en la zona, generando empleo y fijando población, pivotando sobre el turismo de aventura”, señaló la líder de CHA. Además, destacó que en esa zona “se están aprovechando las posibilidades, de modo respetuoso con el entorno, del río Gállego” mientras que con el pantano “todo este ejemplo de modelo sensato de desarrollo quedará ahogado”.

Ante el anuncio del Gobierno de España por el que se sometía a información pública el proyecto de presa de Biscarrués en el río Gállego, CHA presentó iniciativas políticas tanto en el Parlamento Europeo, a través de Primavera Europea, como una pregunta en el Senado, a través de Compromis. La propuesta de esta última, remitida el 7 de junio por Martínez Tomey a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión, entró como: “Política de hechos consumados en el proyecto de Biscarrués”. “Este pantano supondría la destrucción de la economía de la zona, de los puestos de trabajo creados sobre el turismo de aventura y todo con dinero público. Un auténtico sinsentido”, subrayó Tomey.

Chunta Aragonesista pidió al Gobierno central “máxima transparencia” tras recibir la respuesta por parte del ejecutivo a la pregunta efectuada en el Senado a través Compromis. La formación aragonesista informó en una nota de prensa de que en mayo de 2015 la Comisión Europea notificó a España una carta de emplazamiento por incumplimiento de las obligaciones en varios artículos de la Directiva Marco de aguas en relación con la declaración de impacto ambiental del proyecto de pantano de Biscarrués.

Pantano de Biscarrués no

Las protestas y actos contra este proyecto han sido múltiples y diversas. Los ciudadanos y agentes que se niegan a su construcción aseguran que la realización de esta obra tendría un gran perjuicio económico, turístico y medioambiental para la zona de La Gallinera. Los Ayuntamientos afectados y los colectivos ecologistas se han movilizado contra un proyecto que entienden cercena las posibilidades de atajar la fuerte despoblación que padece la comarca. El uso turístico y recreativo del río Gállego que en los últimos años ha conseguido con grandes esfuerzos retener a la población en el territorio, se vería afectado, según ellos, por el embalse.

El sábado 15 de junio vecinos de los pueblos del río Gállego reivindicaban en Huesca la pujanza de la zona. La manifestación congregó a cientos de personas que, con camisetas azules, reivindicaron un río Gállego “vivo” y un futuro para las familias que viven del cauce. Por otra parte, centenares de personas, junto a organizaciones sociales, políticas y medioambientales participaron el domingo 25 de junio en una manifestación en la capital aragonesa para mostrar de igual manera su rechazo al embalse de Biscarrués. La portavoz de la Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos, Lola Giménez, aseguró que el río Gállego genera 200 trabajos directos y 500 indirectos que se perderían si sale adelante el proyecto. “Con respeto y con trabajo hemos conseguido poner en pie la zona, basándonos en el desarrollo y turismo sostenibles, vamos a más y no tiene sentido querer inundar ahora este territorio”. Asimismo, remarcó que hay “otras alternativas” más “baratas y sostenibles” para que los regantes no dependan de este embalse. Como ejemplo nombró el bombeo del caudal muerto de la presa de El Grado (Huesca).

Dos reivindicativos descensos por el río Ebro constituyeron una forma simbólica de mostrar su rechazo a la obra. El lunes 10 de julio, la Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos, una ONG dedicada a la protección del río Gállego que lucha contra la construcción del pantano, organizó un primer descenso por el tramo Carcavilla a la Playa de Murillo de Gállego donde este río tiene un caudal natural. Ese mismo miércoles, un segundo descenso por el río Ebro celebraba la sentencia de la Audiencia Nacional que anulaba el anteproyecto de construcción del embalse. Los participantes recorrieron el tramo que va de la Expo al puente de Piedra donde entregaron al alcalde, Pedro Santisteve, sus alegaciones contra el embalse. Entre los participantes estaban el propio alcalde, el líder de IU Aragón, Álvaro Sanz; la diputada de Podemos Amparo Bella y Bizén Fuster (CHA), entre otros.

Sentencia

Las cinco principales organizaciones ambientalistas –Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF– llevaron este proyecto a los tribunales solicitando la nulidad del proyecto porque, según alegaron, la obra inundaría los términos municipales de los tres ayuntamientos y anegaría el río, convirtiéndolo en un embalse. En la misma línea, las localidades afectadas y las asociaciones advirtieron también de que la construcción de esta presa afectaría a espacios naturales protegidos, pertenecientes a la Red Natura 2000, así como a especies protegidas y del patrimonio cultural de la zona.

La Audiencia Nacional anuló el pasado 7 de julio el anteproyecto para construir la presa y la declaración de impacto ambiental vinculado a ella. Los vecinos de Biscarrués, Murillo de Gállego y Santa Eulalia de Gállego y los grupos ecologistas obtuvieron una importante victoria legal en su lucha contra la construcción del embalse en el río Gállego. Según la Audiencia Nacional, la obra, aparte de afectar “significativamente a la ecología del río”, vulnera una directiva comunitaria de 2000 –Directiva Marco del Agua- y la declaración de impacto ambiental realizada “no contiene todos los estudios y evaluaciones necesarios”. En dos sentencias del pasado 7 de julio, el tribunal que preside el magistrado Eduardo Menéndez Rexach estima dos recursos presentados contra la construcción de este embalse por los ayuntamientos de Biscarrués (Huesca), Murillo de Gállego (Zaragoza) y Santa Eulalia de Gállego (Zaragoza) y por cinco asociaciones ecologistas.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo consideró que en las resoluciones de la Confederación Hidrográfica del Ebro –dependiente del Ministerio de Medio Ambiente– que dieron luz verde al embalse no se evaluó debidamente las consecuencias ecológicas de esta infraestructura sobre las aguas del río Gállego como le exigía la directiva europea del Agua, del año 2000. El tribunal consideró que tampoco consta la existencia de un informe de viabilidad económica, técnica, social y ambiental, así como un estudio de la recuperación de costes. En este sentido, la Audiencia Nacional advirtió de que lo correcto hubiera sido hacer “un estudio concreto del interés público”, así como “un análisis científico y detallado del proyecto”. El Tribunal manifestó que se vulneró también la Ley de Aguas, que exige haber realizado un informe de viabilidad económica, técnica, social y ambiental, así como un estudio específico de la recuperación de costes.

El presidente de CHA, José Luis Soro, consideró que es “una decisión justa, sensible con el territorio, con la economía sostenible de la zona y con las políticas europeas de medio ambiente”, añadiendo que es “una buena noticia también para las propias arcas públicas, que así evitaran el despilfarro que supondría este proyecto”. “El proyecto de Biscarrués es historia”, sentenció Soro. Desde UAGA (Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón), su responsable en Aragón José Manuel Penella se mostró contundente: “Biscarrués está más muerto que vivo, llevamos años con este embalse y cada vez crece más la contestación”. Penella opinó que “las cosas han cambiado, pero en el fondo no ha habido voluntad real de hacer este pantano”.

Exigencias

Los afectados por este proyecto quieren ir más allá y consideran que la anulación del anteproyecto y la declaración de impacto ambiental por parte de la Audiencia Nacional es una oportunidad para dar el paso al ámbito político y que se deje de insistir en esta regulación del río Gállego, enterrando definitivamente este proyecto. La portavoz de la Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos, Lola Giménez, se mostró satisfecha: “Estamos muy contentos, ha sido una lucha muy larga en la que la gente ha invertido muchas horas, esfuerzos e ilusiones y ver que por fin en uno de los frentes, como es el judicial, se hace justicia y se declara la ilegalidad de este proyecto, para nosotros supone oportunidad para dar el paso en los siguientes ámbitos, es decir, para que desde el mundo político se aproveche esta sentencia para dejar de insistir en esta regulación y en esta zona”. Así, la Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos van a solicitar al Ministerio de Medio Ambiente y a Riegos del Alto Aragón que no recurran esta sentencia.
Según Gregorio Briz, vicesecretario general de Relaciones Institucionales y Política de CHA, el Gobierno “debe buscar una alternativa”. “Queremos que el Ejecutivo de Rajoy asuma la inviabilidad económica y ecológica de este proyecto y se ponga a buscar diferentes opciones que sean una alternativa que esté bajo los principios de la nueva cultura del agua”, insistió Briz, para quien “es posible hacerlo si hay voluntad política”.

Pantano de Biscarrués si

En oposición a ellos, el sindicato agrario Asaja cree que la anulación del anteproyecto de Biscarrués y la declaración de impacto ambiental frena el desarrollo de la zona de Los Monegros. José Fernando Luna, el presidente provincial de Asaja, ha pedido responsabilidades políticas y se ha mostrado convencido de que existen intereses de otras comunidades vecinas en contra de regular las aguas del Gállego. “Hay mucha demagogia, muchos intereses ocultos y hay grupos que los están utilizando”, manifestó. Luna sostiene que respeta las pancartas de ‘Biscarrués, no’, ya que comprende la defensa del territorio, pero no apoya las proclamas de ‘Pantanos, no’ ya que sin los embalses no habrá futuro para el territorio.

El Gobierno, por su parte, considera que Biscarrués es “irrenunciable” y garantiza su continuidad. Asume tras la sentencia que es “un proyecto complejo” y lo ve “indisociable” a Almudévar. Asegura que está en disposición de cumplir con los requisitos de viabilidad que plantea la UE. Asimismo, los regantes tampoco renuncian a Biscarrués. El presidente de la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón, César Trillo, aseguró el viernes 14 de julio que su organización considera “irrenunciable” la construcción del embalse de Biscarrués y ha anunciado la interposición de un recurso en el Tribunal Supremo contra la reciente sentencia de la Audiencia Nacional que anula el proyecto. Trillo descartó la posibilidad de optar por el estudio de nuevas alternativas al embalse, así como de abrir nuevas vías de negociación: “No es tiempo de buscar alternativas, porque eso, al final, es no hacer nada”.

Sofia Villa Bernad

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