El caso “Auditorio” implica la posible dimisión del presidente de Murcia

El presidente del Gobierno de Murcia, Pedro Antonio Sánchez ha sido imputado por su posible implicación en el caso Auditorio, trama que se traduce en un acto de corrupción urbanística que tuvo lugar durante la construcción del auditorio de Puerto Lumbreras cuando era alcalde de la localidad, entre 2006 y 2011. “Solo dimitiré si hay imputación formal”, sentenció Sánchez el pasado lunes ante el juez y sostiene que todo ha surgido por “un error administrativo”.

En una previa rueda de prensa que tuvo lugar en un hotel cercano al Tribunal Superior de Justicia de Murcia, el presidente afirmó cumplir siempre con su palabra y reiteró la idea de su dimisión si se daba la condición de imputación formal. Ya en varias ocasiones, Sánchez ha calificado dicha acusación como encausamiento, algo que se da únicamente una vez finalizada la instrucción de la causa, como dicta la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de finales de 2015.

Han sido varias las declaraciones que Sánchez emitió durante el juicio. “Hoy tiene la última palabra la justicia, como debe ser”, aseguró Sánchez durante la auditoría. Durante cuatro largas horas, el imputado respondió con firmeza a las preguntas de dos fiscales, el magistrado Julián Pérez-Templado y de su letrado, Francisco Martínez Escribano. “Demasiadas denuncias”, replicó el presidente, sin duda por la atribución de la denuncia que lo acusó de estafador al PSOE.

“No dirigí la parte técnica de la obra, sino que fui el impulsor político”, convaleció el acusado. Según fuentes próximas al caso, el presidente insistió en la anterior afirmación a través de sus respuestas a cuestiones planteadas por el Ministerio Público. El presidente anticipó la aportación de “informes que dejarán claro que el dinero de las subvenciones está en la obra” por parte de su abogado. “Si se quedó corta fue porque llegó la crisis”, concluyó sarcásticamente Sánchez. El imputado está convencido de que se está investigando por un error en el expediente administrativo de justificación de la subvención.

“La oposición no está interesada en conocer la verdad”, aseguró Sánchez. El principal motivo de esta declaración es la existencia en la Asamblea Regional de Murcia de una comisión de investigación sobre el caso, al mando de la izquierda de Podemos, en la que ha solicitado intervenir varias veces y no se le ha permitido.

Sobre la posible irregularidad por no convocar un concurso de ideas antes de adjudicar la obra, ha vuelto a remitirse a una sentencia previa contencioso-administrativa que avala que “se hizo bien”. “La justicia tiene ahora que hablar; y nosotros, a trabajar”, zanjó.

Los murcianos han manifestado su profundo descontento respecto al destape mediante la realización de movilizaciones. “El Auditorio” ha sido la gota que colma el vaso de los ciudadanos, hartos de los múltiples casos de corrupción que invaden el país en los últimos años. Se sientes engañados y utilizados por un alcalde en el que confiaron años atrás.

Pactos entre partidos

Como consecuencia del supuesto escándalo de prevaricación por parte del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, Ciudadanos declaró el pasado 2 de marzo la oficial ruptura de cualquier intento de pacto con el Partido Popular. Sánchez insistió con seguridad que el PP “va a seguir cumpliendo el acuerdo”, ya que es lo que responde a sus ideales. Por ello, reclama a C´s que interprete el pacto tal y como se está haciendo en el resto de regiones andaluzas, en las que la clave es la celebración de un juicio oral. “No interpretar así el pacto con Ciudadanos obedece a una estrategia política”, declaró Sánchez durante la audiencia.

El pacto del ahora ya exalcalde murciano con C´s le obligaba a dimitir, ya que implica la desvinculación inmediata de cualquier imputado. Sin embargo, momentos previos a la celebración del juicio, la pregunta que se plantea Ciudadanos es si, en el caso de que Sánchez fuese absuelto, ¿Seguiría o no afirmando su dimisión? “La cosa cambia”, aseguró Villegas, el secretario general de Ciudadanos. “Sánchez ya no estaría en una situación que le impide contractualmente, moralmente y legalmente ser cargo público”, ratificó.

El partido de Rivera apuesta porque la formación de Rajoy se mantenga en la presidencia de Murcia cambiando de representante. “Creíamos que el partido que ganó las elecciones, el PP, era el que debía gobernar en Murcia, y por eso llegamos a un acuerdo, pero en el momento en el que apareció la corrupción se han olvidado de los acuerdos”, aseguró Fernando de Páramo, secretario de Comunicación de Ciudadanos. Al tiempo, Ciudadanos se reunirá esta semana con el PSOE, primer partido de la oposición en Murcia, para explorar la posibilidad de una moción de censura que observa como el último recurso, porque la participación de Podemos sería imprescindible.

El despiece de “El Auditorio”

El 16 junio 2006, Pedro Antonio Sánchez, entonces alcalde de Puerto Lumbreras, se refirió al proyecto de construcción de un teatro-auditorio. Unos meses después, la Consejería de Cultura notificó la concesión de una subvención de seis millones de euros para construir el auditorio. Sin embargo, se planteó la posible recurrencia de Sánchez a empresas de Púnica para atenuar el ‘caso Auditorio’

La Junta de Gobierno de Puerto Lumbreras aprobó el proyecto básico del auditorio, redactado por Lejárra, quien afirmó que no hubo un concurso de ideas previo, ni proceso de licitación, ni expediente de contratación. Ya en diciembre de 2007, el presidente convocó un concurso de ideas y ofreció un plazo de 15 días para presentar las propuestas, lo que la jueza entendió como una manera de encubrir y justificar el proyecto.

En 2009 se repensó la obra con alguna que otra modificación porque se encontró una zona viable para proseguir con el proyecto. Según la jueza, esta modificación sirvió para justificar el desajuste de 1,8 millones de euros cobrados indebidamente por duplicado. En mayo de 2010, al tiempo que la constructora exigió la devolución del aval depositado, se paralizó temporalmente la obra y Sánchez aprobó la devolución de los avales de 2,2 millones. El fiscal superior de Murcia, Manuel López Bernal, recientemente destituido, creyó conveniente emprender la investigación de los hechos en febrero de 2015.

La jueza, Consuelo Andreo, asegura que han existido delitos de prevaricación, malversación, fraude y falsedad documental que colocaban a Sánchez como principal imputado. Finalmente, Andreo pidió al TSJ que asumiese la investigación, ya que es el órgano competente porque el presidente es aforado. El TSJ se declara competente para instruir el caso y nombra a Julián Pérez Templado magistrado instructor. Por ahora, solo han emitido respuesta las presidentas del fiscal de su defensa y ha descargado en los técnicos la responsabilidad en la tramitación del proyecto.

Sara González Murillo

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