El 010: Un enfrentamiento entre ZEC y CEOE

La juez mantiene la suspensión cautelar de la municipalización del 010

El gobierno municipal de Zaragoza en Común aprobó el pasado mes de febrero rescatar el servicio de atención telefónica 010 del Ayuntamiento de Zaragoza, lo que significa que el Consistorio se subrogará a las 14 trabajadoras, actualmente empleadas por la empresa concesionaria (Pyrenalia). La juez del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Zaragoza dictó el pasado 24 de febrero un auto de medidas cautelares en el que se suspendía su municipalización, decisión que a día de hoy se encuentra aplazada.

La decisión de municipalizar el servicio fue anunciada por el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, y el concejal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, después de una reunión extraordinaria del gobierno municipal. Santisteve justifica la iniciativa “según criterios de ahorro y mejora” y defiende que “no quieren ser cómplices de la precariedad laboral en la que se encuentran las trabajadoras”. Estas se subrogarán “en las mismas condiciones” al principio pero después tendrán que jugarse el puesto en una oposición.

Un informe desfavorable del interventor

El Interventor municipal del Ayuntamiento de Zaragoza informó desfavorablemente la municipalización del servicio. Hecho que se conoció durante la presentación del presupuesto de Servicios Públicos y Personal el pasado mes de enero, y que provocó acusaciones a Alberto Cubero, responsable del Área, y al edil de ZEC por ocultar el informe que estaba firmado desde el 23 de diciembre.

Alberto Cubero argumentó su decisión de no facilitar el documento al resto de partidos en el momento de su elaboración porque todavía estaba siendo analizado y se habían solicitado informes aclaratorios. A pesar de todo, sostuvo que el rescate se iba a llevar a cabo porque, a su juicio, los reparos de Intervención son “salvables”.

Reacciones

El Comité Ejecutivo de CEOE Zaragoza (Confederación Española de Organizaciones Empresariales ) ha acordado presentar en los juzgados un recurso contencioso administrativo contra la decisión del gobierno de rescatar el 010. Valora la medida de “equivocada, que obedece a criterios ideológicos y no de eficiencia y sostenibilidad, además de no contar con los informes legales ni con la mayoría del pleno necesarios para tomar una decisión de estas”.

El alcalde de Zaragoza, ha calificado de “sorprendente” el recurso judicial de la CEOE. “Nos parece atrevido”, ha reconocido. Según el regidor, la Confederación de Empresarios de Aragón “ni siquiera conoce los informes”, y desconoce en qué se fundamentará para judicializar el proceso. Aunque los empresarios sostienen que el “rescate” del servicio plantea importantes “dudas jurídicas, laborales y económicas”.

Suspensión de la municipalización

La magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Zaragoza, Concepción Gimeno, ha decidido mantener la medida cautelar, adoptada el pasado día 24 de febrero, de suspensión de la municipalización del 010.

El pasado día 28 de febrero, la juez aplazó la decisión sobre la suspensión de la municipalización del 010 a la espera de que el número 5 se pronunciara sobre este mismo caso después de que Delegación del Gobierno de Aragón se sumara al proceso. Por ahora, el servicio se continuará gestionando por la empresa Pyrenalia a pesar de que el decreto municipal contemplaba que pasaría al Ayuntamiento a partir del 1 de marzo.

Ante esta suspensión, el grupo del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza ha solicitado una convocatoria extraordinaria de la Junta de Portavoces para pedir información sobre el “plan B” del gobierno. El portavoz municipal del PP, Jorge Azcón, cree necesarias unas “explicaciones urgentes” sobre el futuro del servicio.

El edil ha acusado a ZEC de generar un problema más para la ciudad que “antes no existía”, y ha responsabilizado al alcalde de la situación de “incertidumbre e inseguridad” laboral en la que se encuentran las trabajadoras del 010 por un interés “meramente personal y partidista”. También ha animado al alcalde de Zaragoza a “recapacitar” y a hacer un “ejercicio de humildad”, para que asuma el “grave error” que ha cometido” y “pedir perdón por el desprecio demostrado por el pleno, por el interventor y por sus informes de legalidad”.

El concejal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, ha manifestado una vez más que no modificará su posición en favor de la municipalización a pesar de esta situación: “Seguiremos defendiendo el rescate del 010 en el pleno, en la calle y en los tribunales”. Incluso llegó a hablar de “guerra sucia” entre los empresarios.

Incertidumbre

José Manuel Aspas, representante de 13 de las 14 trabajadoras, ha reclamado recobrar la eficacia de la municipalización porque no se cumple ningún requisito para su suspensión cautelar.

También ha indicado que el 010 no es un servicio público como tal y que desde 2015 no existe ningún contrato con la empresa Pyrenalia, sino que esta continúa prestando el servicio a través de órdenes ejecutivas del Consistorio. Además, ha señalado que el interés de ambas partes es que la compañía se desvincule de la gestión del 010.

Un administrador de Pyrenalia ha comentado que la situación le está causando “mucho daño” a la empresa y quiere que se solucione la situación. Ha explicado que ya en septiembre de 2016 manifestaron al Ayuntamiento la decisión de no prestar más el servicio a partir de 2017, justificando que se encuentran en una situación “complicada”. El Gobierno municipal les pidió flexibilidad por si el proceso se demoraba durante los primeros meses de 2017 y estos aceptaron. Sin embargo, reiteran que van a seguir prestando el servicio y pagando a las trabajadoras, las cuales, ha asegurado, en este momento están al día, aunque sí que ha reconocido que varios meses han ido con retraso.

El alcalde de Zaragoza, ha defendido de nuevo la legalidad de la municipalización del servicio en su participación en la fiesta de la Cincomarzada celebrada en la capital aragonesa el pasado domingo. No obstante, ha puntualizado que la última palabra la tienen los tribunales, porque son los que tienen que resolver cuestiones de este tipo en las que hay “discrepancias jurídicas”. “A ellos nos sometemos sin interferencia alguna”, ha comunicado.

Noelia Muñoz Marco

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