EDITORIAL: Restablecer la legalidad

DAN KITWOOD/GETTY

El Consejo de Ministros se ha reunido de forma extraordinaria este sábado con la finalidad de concretar las medidas de activación del artículo 155 de la Constitución. La negativa de Carles Puigdemont a rechazar la declaración unilateral de independencia mediante el requerimiento exigido desde el Gobierno, obliga a que el Senado haga posible con celeridad la intervención de algunas áreas que son competencia de la Generalitat.

Sin embargo, siendo una buena noticia la reacción del Gobierno, ésta llega excesivamente tarde. Tal vez se deba a la parsimonia de Mariano Rajoy, al miedo a dar pasos en falso o miedo también a provocar un estallido social. Sea por lo que fuere, la dejación de funciones de Madrid ha sido una realidad durante mucho tiempo.

El 1-O se actuó de manera inadecuada. En las últimas semanas observamos una falta enorme de coordinación, de reacción, de organización y de firmeza. Hoy ha sido la primera vez que hemos observado una respuesta a la altura de los acontecimientos, una vez la fuga de entidades financieras y empresas se ha hecho efectiva y cuando existe una superlativa fractura social. Los ciudadanos catalanes merecían un Gobierno central que les salvase a tiempo del abismo.

Rajoy y su equipo han cometido una enorme irresponsabilidad no protegiendo mucho antes a Cataluña de los delirios secesionistas provenientes de un grupo anti sistema y de la burguesía. No caben titubeos frente a quienes pretenden dinamitar la unidad de la nación, saltándose el estado de derecho, poniendo en riesgo el bienestar económico y la paz social. Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos hacen lo correcto al estar cohesionados y ofrecer una respuesta común.

La preocupación de Bruselas da cuenta de cuanto está en juego. La inestabilidad en España podría derivar en un efecto contagio en el resto de países de la Unión Europea y resquebrajarla. El auge del nacionalismo acabaría con el crecimiento económico, rompería el marco de convivencia que proporciona los mejores años de la historia y caeríamos en la más absoluta irrelevancia. Cataluña ya se enfrenta a dicha realidad.

Tras lo acordado hoy por el Gobierno, la ley se aplicará y los dirigentes que la han incumplido pagarán sus fechorías. Primero con el cargo, como así ha estipulado el presidente, que tomará en los próximos días si no hay cambios el control de la comunidad, y quien sabe si finalmente declarando también ante la justicia. Ahora bien, la política tiene sobre la mesa el reto de restablecer la convivencia quebrantada por el separatismo y devolver la conexión entre catalanes y el resto de españoles.

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