EDITORIAL: Justicia agil e independiente

Exmiembros del gobierno catalán ante la Audiencia Nacional

La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha dictado prisión incondicional contra todos los miembros del Govern destituido la pasada semana tras declarar la independencia de Cataluña. La justicia les acusa de los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. El pasado jueves por la noche ya entraron en la cárcel el exvicepresidente, Oriol Junqueras, y siete de los exconsejeros de la Generalitat.

La Fiscalía solicita a la magistrada que emita una orden de detención europea contra el expresidente, Carles Puigdemont, y cuatro de sus consejeros que desde el pasado lunes permanecen en Bruselas en un intento de eludir las citaciones judiciales. Solo el que fuera titular de Empresa, Santi Vila, lograba el viernes salir de la cárcel depositando una fianza de 50.000 euros.

La prisión preventiva contra el resto de dirigentes se sustenta en el riesgo de fuga, dado que parte de los querellados han viajado a otros países, además del alto nivel adquisitivo que les permitiría abandonar sin excesivas dificultades el territorio. Habría que sumar además la capacidad de proceder a la destrucción de pruebas. El Tribunal Supremo ha ordenado libertad bajo vigilancia policial contra los miembros de la Mesa del Parlament hasta el próximo 9 de noviembre. Así pues, queda demostrado el ágil funcionamiento de las instituciones judiciales frente a quienes han vilipendiado de forma sistemática las resoluciones del Tribunal Constitucional contra la hoja de ruta independentista.

Negociaciones políticas a parte, la justicia debe seguir su curso y reaccionar sin dejarse llevar por presiones de ningún tipo, ni políticas, ni sociales. El estado de derecho dio una lección el pasado 27 de septiembre activando la aplicación del artículo 155 de la Constitución, gracias a los poderes ejecutivo y legislativo, y la vuelve a dar ahora el poder judicial trabajando de manera independiente. Solo los sectores provenientes del populismo osan ponerlo en tela de juicio. Sembrar la duda genera un peligroso caldo de cultivo que ahonda en el descrédito, no menor, del sistema establecido.

Los enemigos de la democracia, disfrazados de adalides de la «nueva política», hacen estragos al observar como la ciudadanía les desenmascara día a día al tomar una posición ambigua en relación al desafío separatista e incluso criminalizar a las fuerzas constitucionalistas por alinearse con el cumplimiento de la ley. Decir, como intenta hacer Podemos, que los exconsejeros del Gobierno de Cataluña son presos políticos y permanecen encarcelados por sus ideas, es rotundamente falso. En tanto en cuanto, ellos han gobernado durante buena parte de la historia reciente con total normalidad. Sin embargo, el Estado no puede estar de brazos cruzados ante las actitudes despotas de una serie de representantes que utilizan la confianza depositada por millones de personas a través de las urnas para saltarse las normas de convivencia que la ciudadanía se dio ratificando la Constitución de 1978.

Craso error se comete desde determinados sectores de la izquierda y formaciones de gobierno como el PSC, que aun habiendo demostrado que están en favor de cumplir la ley y de la unidad de España, adoptan una postura equidistante al tildar de desproporcionada la encarcelación del Govern que decidió secuestrar a Cataluña en su obsesión por lograr el sueño secesionista.

Al albur de las últimas decisiones jurídicas, todo apunta a que estamos más cerca hoy que ayer de una coalición entre las fuerzas separatistas, CDC, ERC, la CUP y Podemos, ellos tendrían la llave en todo caso de un nuevo ejecutivo, según las encuestas publicadas.

Si eso ocurre, a pesar de que sería una equivocación plantear las elecciones de diciembre en clave plebiscitaria, no cabría otra opción que la unión de todas las fuerzas unionistas y constitucionalistas, permitiendo que gobierne la lista más votada. Lo contrario supondría caer en una grave irresponsabilidad. Cataluña precisa de un gobierno que avance, que no siembre el odio y la intolerancia y que se centre de una vez por todas en velar por los intereses de la mayoría, teniendo las políticas económicas y sociales como objetivo primordial.

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