Defender la legalidad es de izquierdas

EFE

No me gusta en exceso emplear la palabra “pedagogía” en política porque me evoca necesariamente un cierto deje de paternalismo, por el cual, quienes participamos de la política tratamos a los ciudadanos como niños a los que educar. Prefiero hablar de explicar, de argumentar y de convencer.

El problema actual de Cataluña requiere a corto plazo firmeza en la determinación de restaurar la legalidad quebrada por el Parlament y el Govern y, a medio plazo, sin duda, capacidad de diálogo y negociación por ambas partes. Pero, trufando ambas etapas, es preciso hacer un esfuerzo denodado por explicar, argumentar y convencer, en Cataluña y en el resto de España sobre las posiciones que se defienden.

Digo esto porque me resultan ciertamente preocupantes algunas tendencias argumentales que imperan en el bloque soberanista y no menos preocupantes las que diariamente se lanzan desde el conglomerado Podemos. En particular, la idea de que la defensa de la legalidad sería una especie de obstinación por parte de quienes creemos que no es posible construir ningún futuro quebrantando las leyes. Leyes que pueden cambiarse pero que jamás deberían ignorarse.

Un profesor mío de derecho constitucional nos dijo un día que la Constitución Española tiene 169 y todos ellos, como un pilar maestro, se sostienen en un solo artículo: el 9.1. Se trata de un artículo muy cortito, apenas 17 palabras, que dice así: “Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”. Esas 17 palabras son las que hacen el resto de los 168 artículos, con sus derechos fundamentales, con el derecho a la autonomía, tengan sentido y puedan ser respetados.

Cuando defendemos la legalidad, lejos de estar manteniendo una posición reaccionaria o inmovilista, estamos defendiendo la única protección de los ciudadanos ante el poder. Cada uno de nosotros, como individuos somos extraordinariamente vulnerables al poder del Estado y sólo el sometimiento de éste a la ley nos brinda, en palabras atribuidas a Churchill, la tranquilidad de saber que si alguien llama a las 6 de la mañana a tu casa, es lechero.

No estoy descubriendo nada nuevo y sin embargo, escuchando a diario las soflamas de los líderes independentistas o asistiendo a los funambulismos (cada día más escorados, dicho sea) de Pablo Iglesias o Ada Colau, parece oportuno recordar estas cosas.

Y es que, cuando digo que no estoy descubriendo nada nuevo, es así, textual. En realidad, hace más de 350 años, Thomas Hobbes, vino a explicarlo de forma magistral. El Estado, para Hobbes era un monstruo poderosísimo (Leviatán) cuya única forma de ser domado era a través del Contrato Social, es decir, de las leyes surgidas de la democracia. De esa primera aproximación se derivó la Ilustración, las revoluciones americana y francesa, los movimientos liberales del XIX y, al cabo, las democracias occidentales que conocemos.

Tanto en los tiempos de Hobbes como en los actuales, el Estado, entendido en sentido amplio, es decir, los poderes públicos, tienen un poder enorme. Un poder que se concreta en cosas tan íntimas como acceder a nuestras cuentas corrientes, quedarse con nuestro dinero por la fuerza (embargarnos), retirarnos nuestras propiedades o incluso, retirarnos a nuestros hijos y la patria potestad sobre ellos. Por no hablar del monopolio de la violencia legítima. El Estado cuenta con fuerzas de seguridad y armadas que suman miles y miles de hombres y mujeres armados hasta los dientes que pueden disparar a una sola orden.

Si todo ese poder no sólo no nos genera problemas sino que puede ser el motor de una sociedad libre y más justa, es sencillamente porque existen leyes que determinan cómo, en qué circunstancias y con qué límites el estado tiene la posibilidad de desplegar sus poderes. Y el sometimiento del estado a esas leyes (artículo 9.1 de la Constitución) es, por tanto, la mayor protección que podemos tener los ciudadanos frente al verdadero síntoma del totalitarismo: la arbitrariedad.

Por todo ello, me parece preocupante que se asienten en determinados sectores de la sociedad ideas como las que estos días circulan y que vienen a plantear que el derecho a decidir o a votar en un eventual referéndum de autodeterminación no pueden ser limitados por las leyes y que si estas no lo permiten, es legítimo saltárselas. Se trata de un funesto error, puesto que no es votar lo que diferencia una democracia libre de una dictadura, sino el sometimiento de todos a la ley que nos damos a través de procedimientos democráticos. Es un argumento manido que las dictaduras son aficionadas a los plebiscitos, pero es así.

Por todo esto, me parece fundamental poner en valor la ley y el respeto a ésta como base fundamental de la convivencia. Incluso para ser cambiada, la ley es el último refugio del ciudadano, de ti y de mí, frente a quienes tienen el poder. Y pocas cosas hay más progresistas que esta idea.

Horacio Royo

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