Choque de trenes entre la Generalitat y el Gobierno central

El Parlament aprueba la Ley de Referéndum tras abandonar el pleno la oposición. Foto: REUTERS/Albert Gea

Broncas, paradas contínuas y alusiones al reglamento caracterizaron la difícil jornada parlamentaria catalana de este miércoles. Junts pel Sí y la CUP tenían trazado un plan para esa jornada y estiraron la cuerda todo lo que fue posible y más para aprobar la Ley del Referéndum. La teoría parecía fácil, pero la práctica complicó todo.

Nada más comenzar la sesión, a las nuevo de la mañana, la mesa del Parlament aceptó la petición de los independentistas de modificar el orden del día y proceder a la tramitación de la ley que legitimaba el referéndum del 1-O. Allí empezó todo el conflicto y las broncas entre grupos fue constante. Mientras los parlamentarios discutían y recurrían al reglamento del Parlament, la Fiscalía Superior de Cataluña publicó una querella contra la mesa. Pero el golpe más duro para los independentistas estaba por llegar. El Consejo de Garantías Estatutarias dio la razón a PSC y C’s, advirtiendo lo que suponía desobedecer al Tribunal Constitucional.

Previo a la aprobación de la Ley, todos los grupos no independentistas comparecieron ante el resto de diputados: “antidemocrático”, “atropello”, “error”, resonaba en los discursos. Al comienzo de las votaciones buena parte de los diputados no independentistas abandonaron la cámara y, a las nueve y media de la noche, y con un hemiciclo medio vacío, la Ley se aprobó con los 72 votos de los independentistas y las 11 abstenciones de Catalunya Sí Que Es Pot.

En Madrid, el Gobierno central estaba pendiente de la aprobación de la Ley para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional y la respuesta no se hizo de rogar. El Pleno del TC suspendió cautelarmente la Ley. Por otro lado, también aceptó la sugerencia de la Abogacía del Estado de la suspensión de los alcaldes de Cataluña y su deber de, bajo responsabilidades penales en el caso contrario, “iniciar, tramitar, informar o dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, acuerdo o actuación alguna que permita la preparación y/o la celebración del referéndum”.

Respecto a la querella de la Ficalía contra el Govern, el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, informó de las responsabilidades de continuar con el proceso secesionista: desde inhabilitaciones hasta penas de cárcel para los responsables políticos. Por otra parte, el procedimiento de actuación de las fuerzas de seguridad ya ha sido marcado: “La Fiscalía General, con pleno acuerdo del fiscal superior de Cataluña y de los fiscales jefes de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona, ha impartido instrucciones para que las Fiscalías catalanas, con el auxilio de la Policía Judicial investiguen cualesquiera actuaciones dirigidas a la organización del referéndum ilegal, al ser indiciariamente constitutivas de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos”. Según las expresas declaraciones de Maza, Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d’Esquadra forman parte de este procedimiento que impedirá cualquier acto de preparación del 1-O.

Las responsabilidades dirigidas a los ayuntamientos catalanes chocan con sus aparentes intenciones. Son 534 los ayuntamientos que han confirmado colaborar en el 1-O cediendo espacios públicos que sirvan de colegios electorales. 408 consistorios todavía no han respondido a Puigdemont. La alcaldesa de Barcelona, Ada Coulau, ha reiterado que la capital de la comunidad catalana no cederá espacios municipales para la colocación de urnas si la ley que lo contempla permanece ilegal.

Aprobada la Ley de Transitoriedad

Horas después de que el Tribunal Constitucional suspendiera la Ley del Referéndum, el Parlament aprobó la “Ley fundacional de la República y Transitoriedad” que regiría el marco legal de una Cataluña independiente.  La Ley ha sido aprobada con los 71 votos a favor de Junts pel Sí, la Cup y Germà Gordó (no adscrito), frente a los 10 votos en contra de Catalunya Sí Que Es Pot. C’s, PSC y PP, al igual que con la Ley del Referéndum, abandonaron la cámara y rechazaron participar en la votación.

La Ley de Transitoriedad establece un periodo de vigencia de un año, hasta la creación y aprobación de una constitución catalana. La norma fija una “república de derecho democrática y social” como forma de gobierno donde el catalán, el castellano y el occitano seríann lenguas oficiales; y una amnistía para los imputados y condenados en el proceso de independencia. Quien posea la nacionalidad española y esté empadronado en Cataluña recibiría la nacionalidad catalana, así como los nacidos en Cataluña o los hijos de catalanes, aunque no residieran en el territorio. Finalmente, la renuncia de la nacionalidad española o de cualquier otra no sería necesaria para ser catalán.

El Gobierno central anunció el viernes que recurrirá la ley aprobada en el Parlament: “Nos sorprende que no recoja el derecho a decidir, objeto de la campaña de los secesionistas durante todo esto tiempo. Parece que el derecho a decidir debe ser recogido a nivel estatal, pero en esta ley no hay ni una palabra sobre el mismo”, señaló el portavoz del Gobierno, Íñigo Mendez de Vigo.

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