Aragón dice sí a la ley de la Memoria Democrática

El presidente de la Diputación General de Aragón, Javier Lambán Fuente: Olmo Calvo

Javier Lambán, líder del Partido Socialista y presidente del Gobierno de Aragón aprobó el pasado martes, 18 de julio el proyecto de la Ley de Memoria Democrática. Tuvo lugar en una fecha un tanto memorable y dicho documento está basado en tres pilares fundamentales: verdad, justicia y reparación. Ya que uno de los principales propósitos según palabras del presidente es “abrir nuevos caminos de debate”.
Por su parte, Vicente Guillén, consejero de la Presidencia y portavoz añadió que tal proyecto añade como signo más “valiente” la puesta en marcha de trabajos que llevan a solicitar al Gobierno nacional la derogación de la Ley de Amnistía de 1977 en casos concretos de impunidad. Así como una mejor coordinación de la desaparición forzosa, tal como la estipulación de organismos de Derecho Internacional o la calificación de delito de los actos que atenten contra la dignidad de las víctimas.

Debido a que dichas víctimas reclaman justicia, el Gobierno solicitará que se anulen los juicios franquistas para la total reforma de los juzgados para lograr unas sentencias transmitidas por unos órganos ilegítimos.

Del mismo modo, se procederá a la ampliación del periodo que abarca dicha ley. En el caso de Aragón entre 1931 y 1978 mientras que la estatal se atribuye al periodo 1939-1978, y la consideración de víctima, teniendo en cuenta el género en todas las actuaciones vinculadas a la gestión de la memoria y el reconocimiento a los fallecidos en los campos de concentración en Europa.

Medidas de otro ámbito son la creación de bancos de ADN para la identificación de fallecidos o de niños robados, el reconocimiento de las víctimas, un protocolo de exhumaciones, la retirada obligatoria de símbolos y títulos franquistas así como un régimen de sanciones

Sin embargo, los ayuntamientos que no retiren los símbolos franquistas no tendrán derecho a recibir ayuda económica estatal.

Las figuras de lugares y de rutas de memoria democrática serán catalogados como Bien de Interés Cultural para asegurar su protección. Se realizará un censo de símbolos franquistas estipulando la obligación de retirar de los espacios públicos las placas, escudos o insignias alusivas a la Guerra Civil o el Franquismo. Para que los más jóvenes no olviden esta historia, el Departamento de Educación del Ejecutivo aragonés ya ha puesto en marcha este año una iniciativa para incluir contenidos sobre la Memoria Histórica, todo lo ocurrido desde la Segunda República hasta la Transición incluida la Guerra Civil, en los currículos de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato.

La ley establece el 3 de marzo como el Día de la Memoria Democrática de Aragón “como un símbolo del sufrimiento de la población civil”, día de 1938 en el que se produjo un bombardeo por la aviación italiana sobre la localidad turolense de Alcañiz. Pudo ser un segundo Guernica, pero el hecho fue silenciado por ambos bandos.

Ofensas que resultan caras

Se prevé que el Proyecto de ley de Memoria Democrática, que se implantará en la Comunidad Aragonesa en los próximos meses tendrá sanciones muy graves que irán destinadas a todos aquellos órganos que no retiren cualquier muestra de la era franquista o relativo a este, hasta 150.000 euros. Se trata de un proyecto que va más allá que la Ley de Memoria Histórica y responde a la “necesidad de desplegar acciones ante la asfixia económica a la que el Gobierno de Rajoy tiene sometida a esta norma”
La verdadera novedad con respecto a la ley tiene que ver directamente con el hecho de las represalias y sanciones. No es algo desconocido, pues ya se sabía que se interpondrían penas de cárcel para quienes ofendieran la dignidad de las víctimas de la Guerra Civil o la dictadura, así como a las administraciones que no retiraran la simbología franquista. Con el proyecto de ley aprobado se ha conocido la cuantía: en ambos casos, serán consideradas graves y, por tanto, conllevarán una multa de entre 2.001 y 10.000 euros. Aunque las sanciones más altas se establece un peldaño superior –el de las muy graves– que va de 10.001 a 150.000 euros.

Algunas de las actuaciones que serán elevadas a ese grado son: el traslado de restos humanos correspondientes a enterramientos clandestinos o fosas sin la autorización pertinente; realizar excavaciones con el ánimo de exhumar sin permiso; remover el terreno o construir sobre el mismo, sin autorización, donde haya certeza de la existencia de restos de víctimas; destruir fosas, y destruir o alterar bienes integrados en la Ruta de Memoria Democrática de Aragón que hayan sido declarados bien de interés cultural.

Además, las entidades locales que no eliminen la simbología franquista de sus edificios o espacios públicos perderán el derecho “a obtener subvenciones, bonificaciones o ayudas públicas durante dos, tres o cinco años, en caso de infracciones leves, graves o muy graves, respectivamente”.
Más allá de la memoria histórica

Hay que destacar que el reciente proyecto abarca algunos puntos que no se contemplan en la Ley de Memoria Histórica previa “por la asfixia económica a la que el Gobierno de Rajoy somete a esta norma estatal”, como apuntó Guillén.

Se desvincula por otro lado de la ley nacional, en que los bebés robados y los familiares directos de las víctimas también serán considerados víctimas del franquismo. Difiere, de igual modo, en lo referido al periodo: esta normativa abarca desde la proclamación de la Segunda República (14 de abril de 1931) hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

Derogación de la ley de Amnistía de 1977

Todo apunta a que el Gobierno de Aragón, a través de su Parlamento, solicitará a las Cortes generales “la derogación total o parcial de la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, con el propósito de amparar a la impunidad de los crímenes cometidos durante el periodo definido en esta Ley como Memoria Democrática de Aragón”.

Se solicitará también al Ejecutivo estatal que tipifique como delito cualquier manifestación que atente contra la dignidad de las víctimas y que se ratifique la “Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad”.

Sara González

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