A propósito del Dia de Aragón

Dia de Aragón
Dia de Aragón

Treinta y cinco años de Autonomía, los transcurridos desde el primer Gobierno electo de 1982 que me correspondió presidir, ofrecen ya perspectiva suficiente para analizar las virtudes y defectos achacables a la autonomía aragonesa.

La primera pregunta que nos debemos hacer es, si los treinta y cinco años de autonomía han servido para mejorar la vida de los aragoneses. Nadie duda del salto de gigante que España ha dado desde la recuperación de las libertades y la Democracia. España hoy, a pesar de los coletazos de la crísis del 2008, está a años luz de como era al final del franquísmo, pero resulta difícil discernir si el protagonísmo de tal avance se debe al Estado de las Autonomías o hubiera sido igual en un modelo de Estado centralista. Dado el reparto de competencias entre la Administracion del Estado y las Autonomias, el éxito de ese desarrollo debe repartirse equitativamente entre ambas.

El centralismo, férreamente ejercido durante el franquísmo, dejó patente su ineficacia a lo largo de los años de autarquía, aunque algo mejorara tras los “planes de estabilización” de los 60. Incluso después, las inversiones a realizar en cada territorio se decidían en las Delegaciones provinciales de cada Ministerio, con criterios puramente tecnocráticos, la mayoría de las veces con total ignorancia de los intereses locales. Desde luego a quienes, como funcionarios, estuvimos al servicios del Estado centralísta durante el franquismo, jamás nos convencerán de sus virtudes.

Se acusa al Estado de las Autonomías de generar costes excesivos, tanto por el personal de los aparatos de los Gobiernos, como por los Parlamentos, pero proporcionalmente al Pib y la población, se trata de cantidades irrelevantes. Bien es cierto que debería hacerse un mayor esfuerzo en la simplificación de los procedimientos administrativos y en la reducción de la burocracia, posible gracias a la mayor proximidad al ciudadano, tanto para ahorrar costes como, ante todo, para facilitar la vida del administrado.

No se debe olvidar que las competencias asumidas por las CC.AA, especialmente Sanidad y Educación, son desde el punto de vista del gasto público, mayotitariamente costes de personal, por lo que en realidad, a las Autonomías les queda poco márgen para la inversión real y aún menos márgen para influir en las políticas de desarrollo económico. Al ser las CC.AA las responsables de satisfacer las demandas más inmediatas de los ciudadanos, están sujetas a las críticas directas por la pérdida de calidad de las prestaciones sociales. Son las servidumbres de la proximidad al ciudadano, aunque la pérdida de calidad sea achacable a una financiacion escasa para ejecutarlas, cada vez más insuficiente, resultado de una mala organización de la financiación de las CC.AA.

Queda muy lejos del ámbito de influencia de las Autonomías aquello que más afecta a la economía de cada ciudadano: pensiones, salarios, renta per cápita, distribucion de la riqueza, etc.
En todo caso, Aragón está en el grupo de cabeza de las CC.AA. en renta disponible, crecimiento económico, Pib, empleo, menor endeudamiento, etc. En resumen, seguimos entre las autonomías más desarrolladas, lo cual no está nada mal, y si bien es cierto que sufrimos de los mismos males que en otras partes: desigualdad salarial, empleo precario, escasas perspectivas de desarrollo personal …, todo ello nos afecta en bastante menor medida que en otros lugares.

La sociedad española está cada vez más crispada porque el coste de la crísis y los beneficios de la salida no se han repartido con equidad. Durante la crísis aumentó el número de millonarios y una vez pasada ésta, la riqueza que se está creando no se refleja en políticas sociales tales como mejora de la sanidad, la educación o las pensiones, sino que se encamina a seguir bajando los impuestos a los que más ganan.
Y es que las políticas económicas que determinan el mejor reparto de la riqueza de la Nación, no dependen de la organización territorial Estado – CC,AA, sino de la ideología de quien gobierna. El mensaje neoliberal, reiterado por la derecha estos días para forzar la aprobación de los Presupuestos, centrado en bajar impuestos, privatizar más, mayor reforma laboral, etc, se traduce en el deterioro del Estado del bienestar y en la merma de los derechos de los asalariados.

No debe extrañar que en tal caldo de cultivo, a las tensiones provocadas por los indepenedentistas en Cataluña poniendo en cuestión la validez de la Constitución, se añada una opìnión creciente, especialmente impulsada por la derecha más reaccionaria, que reclama la devolución al Estado de competencias transferidas. Esta opinión, aunque de manera indirecta, también cuestiona la validez de la Constitución.

España es un país muy diverso, con tensiones internas históricas no resueltas, niveles de desarrollo dispares y sociedades con identidades diferentes, poco adecuado para someterlo a un único centro de decisión. Cuando incluso Francia, protagonista histórico del centralismo, emprendió con el General De Gaulle el camino de la descentralización, resultan fuera de lugar las llamadas a la devolución al Estado de competencias ya cedidas a las Autonomías.

Evidentemente, no estamos en un mundo perfecto. Pasados estos años, también sabemos que la Constitución dejó bastantes cosas por aclarar o resolver. Quizá la más importante de ellas, una financiación de las CC.AA. que garantice la prestación de los servicios en condiciones de igualdad. También se debe regular las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas y de éstas entre ellas, otorgando otro papel al Senado.

Habrá que actualizar la Constitución para cerrar esas grietas del sistema, perfeccionando el Estado de las Autonomías y aprovechar para dar cabida a las demandas nacionalistas integrando a todos en un mismo proyecto de futuro compartido. Todo ello sin perder de vista que habremos de seguir empeñados en culminar la unión política de Europa.

Santiago Marraco, presidente del Gobierno de Aragón entre 1983 y 1987.

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